FMI: últimas y frenéticas horas de negociación para el nuevo acuerdo

- ¿De uno a diez, que tan cerca está Argentina de cerrar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)? 

- Siete, pero para cerrarlo no podemos estar en 9. Hay que llegar a 10. 

- ¿Y cuándo podemos saber si se está por acordar? 

- Cuando se anuncie que Sergio Massa viaja a Washington. 

Una alta fuente del Ministerio de Economía explicaba de esta manera a MDZ la situación en las discusiones, duras y a veces fuertes, entre los tres negociadores enviados por el Palacio de Hacienda y los responsables del caso argentino dentro del organismo financiero internacional.

Los cruces comenzaron el viernes por la mañana, duraron todo el sábado y domingo y continuarán hoy durante toda la jornada. Las diferencias, obviamente, se concentran en el tamaño del ajuste fiscal y cambiario que el FMI le exige al país para reprogramar pagos y adelantar giros de dólares pactados para todo el 2023. 

El viceministro Gabriel Rubinstein, el jefe de asesores de Hacienda, Leonardo Madcur, y el encargado de la relación con los organismos internacionales, Marco Lavagna, son los negociadores argentinos reunidos en asamblea permanente con el responsable burocrático del caso argentino Luis Cubeddu y la número dos del FMI Gita Gopinath para la difícil misión de darle una nueva oportunidad al país, sobre la base de los efectos que la sequía tuvo sobre la economía criolla.

La subdirectora gerente del FMI cerró una buena relación con Sergio Massa en los últimos encuentros que ambos protagonizaron, y lograron certificar la confianza mutua en varias conversaciones vía wathsapp.

Ahora, ya ingresado el tratamiento del acuerdo en su etapa final, se espera que Gopinath saque a relucir su espíritu negociador y acelere el cierre de las discusiones. Sobre la mesa están  todos los papers cerrados y por cerrar, que las partes estuvieron discutiendo desde hace dos semanas, y que corresponden al cierre de variables que deberían estar en cierto equilibrio antes de julio para que el país continúa on track con el FMI.

 Ajustes varios incluidos. Y así lograr que unos U$S 10.300 millones puedan llegar en julio sin que haya luego que pagar los vencimientos trimestrales pactados hasta fin de año. Ese dinero, en teoría, iría directamente a fortalecer las reservas del Banco Central, pero con muchas restricciones de uso concreto, salvo financiar importaciones para mantener la actividad económica.

Se supone sin embargo que el mostrar este dinero ante los mercados, debería servir para llevar tranquilidad a los operadores locales. Al menos los bancos privados ya le transmitieron al Gobierno que así será. Y que, en todo caso, no serán ellos los que alteren la estabilidad. 

Ejes del nuevo acuerdo 

¿Por qué ya no está en funciones el acuerdo? Porque oficialmente el Ministerio de Economía le comunicó al organismo que utilizaría títulos en dólares, emitidos en la reestructuración del canje de deuda de agosto del 2020 por Martín Guzmán para contener el tipo de cambio en los mercados del dólar MEP y el CCL, operación que comenzó a ejecutarse el miércoles pasado, llevando el tipo de cambio en el primer mercado a 447 pesos contra los 495 del cierre del blue el martes 25 de abril.

Este movimiento de bonos hacia el mercado cambiario colocando bonos para contener un precio de la divisa, está estrictamente prohibido en el acuerdo con el FMI, con lo que la información de la gente de Massa hacia Washington a minutos del cierre de la jornada financiera del martes implicó la suspensión unilateral de los compromisos mutuos.

No fue un rompimiento total, porque el compromiso de Buenos Aires era enviar a Washington a Rubinstein, Madcur y Lavagna para cerrar las negociaciones que hasta el martes se venían manteniendo vía zoom entre la sede del organismo y el Palacio de Hacienda; y que están por llegar a una propuesta concreta. Es parte de lo que se negocia en estas horas. 

¿Cuál sería ese acuerdo que reemplazaría, o reestructuraría el acuerdo de Facilidades Extendidas vigente? Pese a la complejidad de la situación, los puntos serían simples de explicar. 

1) No habría nueva deuda, sino una aceleración de los giros comprometidos hasta fin de año por parte del FMI. El organismo debía girar unos U$S 4.500 por trimestre hasta fin de año, lo que implica unos U$S 13.500 millones totales. Ese dinero, según el acuerdo vigente, debe usarse para pagar al propio FMI en los vencimientos trimestrales del acuerdo Stand By, lo que implica pagos por unos U$S 3.500 millones.

En síntesis, esos US$ 13.500 millones tienen que derivarse a las liquidaciones trimestrales de julio, setiembre y diciembre por un total de U$S 10.500 millones. El resto del dinero, unos U$S 3.000 millones corresponden a otros gastos generales que el país tiene con el FMI.

Lo que el organismo propone es que los tres pagos comprometidos por el crédito Stand By firmado en el gobierno de Mauricio Macri se corran a un nuevo cronograma que comenzaría en marzo del 2023, pero con la aceleración de la totalidad de los desembolsos a julio. O antes. Así el Gobierno recibiría unos US$ 10.500 millones, los que, al no tener que ser girados al FMI, quedarían para reforzar las reservas del Banco Central.

2) Argentina debería comprometerse a cambio a ejecutar políticas de contracción fiscal de manera inmediata, incluyendo la eliminación de subsidios a las tarifas de servicios públicos, avanzar en el muy demorado revalúo inmobiliario, obra pública y otros frentes de gastos e ingresos. Se duda en el FMI de negociar la meta final de un déficit fiscal primario de 1,9% del PBI. 

3) Los US$ 10.500 millones no pueden utilizarse para ejecutar política cambiaria, para contener el valor actual de la divisa en los diferentes mercados, con lo que operaciones como la que comenzó a aplicar el Gobierno en el MEP y el CCL estarían prohibidas. Queda para la negociación si, además, se reclama una devaluación del peso o algún tipo de intervención directa en los mercados cambiarios con estas divisas.

4) El FMI reclama acuerdos políticos. Esto incluiría algún tipo de apoyo de la oposición, dado que parte de la negociación implica el corrimiento de vencimientos de este año al próximo; cuando, algo seguro, ya no estará Alberto Fernández en la Casa de Gobierno; sea cual sea el color político que venza en las elecciones de este año. 

Revalúo y otras menciones

Se discute también, entre otros capítulos, la demorada aplicación del revalúo inmobiliario, la única promesa firmada en el acuerdo de Facilidades Extendidas de marzo de 2022, que casi no tuvo avances concretos para mostrar ante el FMI. Hay un dato alternativo con que los viajeros intentarán aplacar los eventuales malhumores de la gente de Washington, en estos días por Buenos Aires.

Si bien el revalúo inmobiliario no pudo generalizarse por la negativa de las provincias, la Nación si avanzó y elevó los precios de las viviendas de todo el país incrementando los valores para la liquidación de Bienes Personales del ejercicio 2022; que comenzará a pagarse este año. Algo que obviamente generará un incremento de unos $150.000 millones en los ingresos previstos en este impuesto. 

Entre otras provincias y regiones Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, no tienen en sus planes aumentar sustancialmente la carga tributaria a los bienes inmuebles, intención a la que se sumarían Entre Ríos, Jujuy, Corrientes y otras reparticiones. La negativa se mantendría durante este ejercicio también, con lo que tampoco podría avanzar en 2023.

Desde el Ministerio de Economía se había tomado como una noticia aliviadora, que en la última revisión de noviembre del año pasado, previa al aval de los números y porcentajes del último trimestre del año, el Fondo incluyó un perdón para la exigencia del revalúo para el ejercicio del año pasado. Pero nada se habló del 2023, con lo que el compromiso permanecía firme. El año pasado el Gobierno pudo mostrar un objetivo algo menor, pero real y mensurable.

El Palacio de Hacienda logró recaudar unos $65.000 millones fruto de la aplicación del incremento de los valores de base de la mayoría de las viviendas de todo el país, para los contribuyentes alcanzados por Bienes Personales; medida, obviamente, impulsada por el Gobierno nacional.

Luego, para el 2023 el incremento en los ingresos se duplicaría y alcanzaría los $130.000 millones. Sería por el efecto que la medida tendría en ese tributo, afectado también por el incremento que impactaría en el mínimo no imponible y el alza de los activos sobre los que cae el impuesto.

Pero, además, el alza en el tributo que se paga en las provincias y municipios también debería aportar este año un porcentaje de los ingresos, de manera directa o indirecta, a través de la firma de un pacto fiscal.

Sin nuevos impuestos 

Según el Ejecutivo, el mecanismo de revalúo fiscal no puede relacionarse con un aumento de impuestos, sino con cambios en la manera de determinar el objeto tributable. El Gobierno mantendría, así, su máxima sobre que el acuerdo con el organismo que conduce Kristalina Georgieva no incluye ningún alza de impuestos vigentes, o la creación de nuevos, sino que se trata de una corrección sobre el activo donde se calcula el pago. Sutil diferencia, pero, afirman en el Ejecutivo, legalmente salvable.

El acuerdo con el organismo financiero internacional firmado el 25 de marzo del año pasado, incluye el siguiente párrafo en el capítulo en el que figuran las promesas de mayor recaudación, fruto de la política tributaria: “En estrecha coordinación con gobiernos provinciales, a fines de septiembre culminaremos el proceso de actualización de revalúos inmobiliarios a nivel federal (referencia estructural) a fin de que comiencen a regir a partir del ejercicio fiscal 2022. Los rendimientos netos de coparticipación de esta iniciativa podrían alcanzar el 0,1% del PBI para el año fiscal 2022 y un 0,2% adicional del PBI durante los próximos años”.

La intención final era que anualmente por esta vía se llegara a un aporte total de entre 0,3 y 0,4% del PBI de reducción del déficit por esta vía, lo que hubiera implicado unos $150.000 millones a valores del año pasado, y más de 200.000 para el 2023. Si se le sumara al revalúo lo que se obtendría por la reducción de los subsidios a la energía proyectados en un 0,6% del PBI; en total el Palacio de Hacienda llegaría a un ahorro total superior a los $600.000 millones de déficit; o, medido de otra manera, un 0,8/ 0,9% de desequilibrio final para el 2022 y el 2023.