Comienza nueva etapa del juicio por YPF: negociar con acreedores con fracaso anunciado
El fallo por la estatización de YPF pasó a una nueva etapa. La jueza Loretta Preska, que ya falló en contra del país pero liberando a la petrolera de toda responsabilidad, abrió una etapa de negociación entre las partes implicadas, la que seguramente no traerá los resultados esperados por la magistrada del segundo Distrito Sur de Nueva York.
Preska llamó a los abogados del país y de los fondos buitre Burford Capital y Eton Park a que se sienten a negociar un acuerdo de pago por parte de la Argentina, una decisión que al menos el gobierno de Alberto Fernández nunca tomará.
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En consecuencia, en unas semanas, el país y los acreedores que ya tienen fallo a favor le presentarán a la jueza el fracaso de las discusiones sobre un utópico plan de pagos, con lo que Preska se verá luego obligada a aplicar una nueva etapa de su sentencia.
Esto es, determinar el monto a pagar por parte de Argentina, la manera en que debería liquidar el fallo en contra, abonando el monto que decida la jueza en una cuenta de los dos fondos litigantes. Algo que, obviamente, no ocurrirá, y que derivará en una apelación de los abogados que defienden al Gobierno nacional, abriendo así una nueva etapa de juicio ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York; donde tampoco los antecedentes son positivos para el país.
El fallo de Preska a favor de Burford y Eton nace a partir de determinar que Argentina es culpable de haber ignorado a los accionistas de YPF, que deberían haber recibido el mismo trato que la española Repsol, al momento de renacionalizar la petrolera en 2012.
Burford y Eton
Según la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, el Congreso Nacional al aprobar la ley correspondiente a la acción de toma de control de YPF y el Poder Ejecutivo, que no tuvo en cuenta en ningún momento los derechos de los accionistas minoritarios, fueron quienes le otorgaron argumentos a los demandantes Burford Capital y Eton Park para que éstos puedan reclamar ante los tribunales de Manhattan, al considerarse vulnerados sus derechos resguardados por los organismos reguladores de Wall Street.
Para Preska, siguiendo jurisprudencia histórica de los tribunales norteamericanos, las leyes locales son de inferior calidad en el otorgamiento de derechos que las regulaciones legales de la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, al considerar que es una elección particular de las empresas privadas (en este caso YPF) cotizar en la bolsa neoyorquina.
Y que, al hacerlo, se aceptan las reglas locales. Y ninguna legislación particular de cada Estado independiente y soberano tiene mayor alcance que las normas del lugar, dado que la decisión de cotizar en Wall Street es un hecho voluntario.
En consecuencia, para el fallo de YPF, la ley de renacionalización del 2012 no vulnera el derecho anterior de los demandantes de haber recibido una oferta similar a la de recompra de Repsol. Y quienes avanzaron sobre estos derechos fueron el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía y principal operador del avance sobre las acciones de Repsol (51%), y el Congreso que aprobó una ley que vulneraba derechos anteriores.
Libera de cualquier responsabilidad legal o financiera, tanto a la petrolera como a los anteriores tenedores de las acciones que fueron adquiridas por los demandantes y pertenecientes al Grupo Petersen a través de Petersen Energía y Petersen Investment.
El costo
El único responsable fue el Estado Argentino, y en consecuencia será el que deba hacerse cargo de las responsabilidades del fallo.
Originalmente Preska no determinó el monto a pagar, sino que llamó a las partes a lograr un acuerdo directo y negociado entre Argentina y los dos fondos acreedores, algo que comenzó ayer.
Lo que sucederá es que, llegado un plazo determinado, la jueza determinará que no hubo acuerdo entre las partes, dejará en firme el fallo contrario al país, probablemente determine un monto a pagar (que no será menor a los U$S 8.000 millones) y, finalmente, Argentina apelará. Se abrirá luego un proceso de no menos de cuatro años, que seguramente terminará en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Para llegar a estas conclusiones, Preska se tomó su tiempo. Y demostró que no es una improvisada y que se trata de una persona profesional y seria. Concretamente, 11 años demandó en sacar sus conclusiones.
Pero con una característica que la propia jueza menciona en su fallo: decidió tomar un curso de aproximadamente un año para entender la legislación local, consultando con el mayor sigilo del caso a constitucionalistas argentinos y especialistas latinoamericanos en derecho constitucional comparado, para saber la manera en que legalmente se había avanzado en la nacionalización de YPF, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso.
Preska dejó en claro en su fallo que no consideró cuestiones políticas, económicas ni estructurales del país y su gobierno de entonces, ni mucho menos especificaciones ideológicas. Y que sólo se concentró en las normas legales que regulaban la operación.
La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park e incluyen una potencial indemnización a los demandantes por entre 7.000 y 19.000 millones de dólares, a partir del reclamo de los fondos Burford y Eton, que reclaman por el inicio de proceso comenzado el 16 de abril de 2012, cuando culminaba el reingreso del Estado en YPF, terminando con la gestión de Repsol en la petrolera.
Unos años después, y cuando ya el gobierno kirchnerista había cerrado la negociación para que los españoles expulsados no hicieran juicio y cobraran al contado su salida por unos U$S6.500 millones, el fondo Burford, especializado en litigios complejos, se enteró que en unos tribunales madrileños se encontraba una causa por quebrantos de uno de los socios privados de la petrolera.