Las alternativas que evalúa Enel mientras busca comprador para Edesur

La italiana Enel, que en el país es la accionista mayoritaria de Edesur, prefiere, por ahora, la discreción. Pero en el Gobierno ya saben cuál es su estrategia con la distribuidora eléctrica. La empresa transmitió la información sobre que su participación en Edesur está en venta; y que está dispuesta hasta a venderla a precio de remate. Y que el que desembarque se haga cargo de las deudas y las inversiones.

Por el lado del oficialismo, debería tenerse en cuenta este "esfuerzo" y dejar que el proceso transcurra con la mayor flexibilidad posible. Y sin avances legales injustificados.

En todo caso, que las embestidas oficiales se concentren en lo verbal y político, y no en lo económico. Mientras tanto, se seguirá buscando algún comprador; en lo posible, dentro de los empresarios locales. 

Sin embargo, si el Gobierno confirmara que avanzaría en juicios formales contra la operatoria o, incluso, en quitas unilaterales y sin negociaciones voluntarias en la concesión del servicio, el destino de la compañía y la Argentina será recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial (BM) y donde según la letra grande del contrato firmado para la explotación del servicio público en las áreas determinadas, se deben dirimir las disputas.

La decisión no será tomada por Enel hasta que se concreten las -por ahora- amenazas; más allá del juicio por malversación de fondos, fraude y abandono de personas con la que la Secretaría de Energía instruyó para sancionar a Edesur.

¿Quita de la concesión?

Este caso sería dirimido dentro de los tribunales nacionales, pero, obviamente, llevará tiempo de resolver. Mientras tanto, Enel podrá seguir atendiendo el servicio, hasta que voluntariamente lo resigne o encuentre un comprador.

Lo que podría determinar que se recurra a tribunal del BM es que de manera unilateral el gobierno argentino decida quitar la concesión, intervenir la empresa o expulsar, sin más, a Enel de la conducción de la compañía.

Según la visión de los abogados que ya asesoran a los italianos, los primeros en no cumplir con los contratos de las concesiones fueron las autoridades argentinas al no respetar las tarifas dolarizadas y no actualizar los precios de los valores del costo de los servicios. Si luego de esta política oficial (reflexionan los privados), hubo desinversión, fue consecuencia de las decisiones oficiales.

Perdedor serial

Si ocurriese una finalización unilateral del contrato, la empresa de capitales italianos tiene todo preparado para presentarse ante el CIADI. Allí se encontraría ante una realidad curiosa: Argentina es, luego de Venezuela, el segundo país del globo con más juicios en contra, con ya 45 causas presentadas, de las que 40 están ya cerradas con el récord del 100% de pérdidas; y otras 5 aún abiertas y a la espera de una resolución.

Las cinco causas aún abiertas son la de MetLife, presentada a partir de las nacionalizaciones de las AFJP durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; el caso Impregilo (hoy Webuild) por el fin de concesiones de privatizaciones durante el kirchnerismo y la previa nacionalización de las tarifas, luego de la salida de la convertibilidad; Casinos de Austria; Orazul International España en otra causa relacionada por la privatización eléctrica y la pesificación de las tarifas y la Nationale Nederland Holdinvest uno de los socios originales de la AFJP Orígenes, en un caso también vinculado con la desaparición del sistema privado de jubilaciones. 

En los listados del CIADI, Argentina se destaca por ser el país que más juicios en contra tiene distribuidos en el tiempo a través de casi dos décadas y media, ya que el resto de los integrantes del listado acumulan causas en un tiempo limitado. Por ejemplo, el gobierno bolivariano de Venezuela acumula en un 60% de las causas planteadas por empresas internacionales, la mayoría por los avances contra los privados durante los tiempos de Hugo Chávez.

Como curiosidad, a la Argentina le hizo juicio ante el CIADI la nortamericana Enron; una compañía que en su país (y gran parte del mundo) es acusada de fraude y debió enfrentar una quiebra fraudulenta (la más grande en la historia de los Estados Unidos), que incluyó la caída del gigante de la auditoría, Arthur Andersen y prisión efectiva para muchos de sus directores.

Sin embargo, en 2001 (el mismo año de su caída) se consideró perjudicada en la Argentina por la salida de la convertibilidad y le presentó un juicio en el tribunal del Banco Mundial por la explotación de Transportadora Gas del Sur (TGS), empresa que luego compró Pampa Energía.

Otro curioso fallo negativo fue el del fondo buitre Burford Capital, en la causa por la renacionalización de Aerolíneas Argentinas, por el cual obtuvo unos US$ 140 millones, en una causa que adquirió en US$ 13 millones al grupo español Marsans y que le reportó una ganancia del 980%. Por esta causa, los ex dueños de la aerolínea de bandera obtuvieron un ingreso casi inesperado de US$ 230 millones, ya que el fondo Burford solo había comprado una parte de la causa y los derechos de litigar ante el tribunal internacional.