Los trabajadores de las low cost, amenazados

Como varias grandes empresas y organismos públicos en el país Aerolíneas Argentinas es una caja política, para un Gobierno que sabe que tiene complicada su continuidad en la Casa Rosada y con un déficit de más de US$ 700 millones anuales. 

La aerolínea de bandera, sostenida por los impuestos de la ciudadanía, sirve para sostener a una casta privilegiada, incluyendo funcionarios, militantes rentados y gremialistas codiciosos. Lejos de cumplir el papel federalista de unir el vasto territorio nacional, como suelen invocar sus defensores, lo cierto es que Aerolíneas vuela a destinos como Miami y Madrid, donde los pilotos pernoctan hasta dos semanas en hoteles cinco estrellas entre el vuelo de ida y el de regreso, todo solventado con fondos públicos. 

Sirva el ejemplo para ilustrar el concepto de “casta”. Para mantener semejantes privilegios a expensas de un descomunal déficit anual, los dirigentes de Aerolíneas, con sus gremialistas a la cabeza, buscan destruir toda competencia y alzarse con una suerte de monopolio de la industria aerocomercial.

En ese plan monopólico, el Gobierno persigue reducir el margen de acción de las aerolíneas denominadas “low cost”. Estas aerolíneas realizan vuelos mayormente de cabotaje, cumpliendo un verdadero rol federal, y a precios accesibles, lo que las ha vuelto tan populares.

Cientos de miles de argentinos han viajado por primera vez en avión gracias a una aerolínea low cost. Ellas representan más de 2000 puestos de trabajo directos, decenas de miles indirectos, y gracias a los servicios de interconexión que brindan fomentan el desarrollo de las economías regionales.

Siendo el octavo país del mundo en superficie terrestre, Argentina cuenta con un potencial de desarrollo impresionante en materia aerocomercial. Su ubicación en el globo, superficie, población, atractivos turísticos, economías regionales, etcétera permiten que Argentina cuente con grandes oportunidades de desarrollo aeronáutico, donde numerosas aerolíneas internacionales y de cabotaje puedan prestar servicios en un mismo ecosistema empresario.

Sin embargo, el Gobierno nacional se empeña en sostener un monopolio, a costa de la reducción deliberada de las condiciones de competencia. Para ello, ha recurrido a una serie de medidas que pueden calificarse de arbitrarias y perversas. Una de ellas fue el cierre del Aeropuerto Internacional El Palomar.

Bajo la excusa de no necesitarlo, el ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos), una caja de La Cámpora, dispuso su cierre. Sin embargo, era el aeropuerto con mayor tráfico luego de Ezeiza y Aeroparque, con mayor cantidad de vuelos y pasajeros que cualquier otra aeroestación del interior del país.

Esta medida implicó la desobediencia de un fallo judicial, constituyendo un delito federal, cuya denuncia el juez Marcelo Martínez De Giorgi desestimó con inusitada celeridad, sin investigación alguna. Como corolario, miles de vecinos de Morón se vieron perjudicados: cerraron comercios alrededor del aeropuerto, agencias de remises, restaurantes, y además del aumento del desempleo, creció la inseguridad por el retiro de alumbrado y vigilancia. El intendente, alineado con el Gobierno nacional, ni se inmutó.

El cierre de El Palomar constituyó un duro golpe para los trabajadores de las low cost, quienes se sintieron desalojados de su propia casa. Sin embargo, ese golpe sirvió para abrirles los ojos, estrechar filas en torno a su propio gremio y pujar por el sostenimiento de sus fuentes de empleo.

Mientras tanto, los gremios vinculados a Aerolíneas Argentinas, con Pablo Biró a la cabeza, con total impunidad calumniaron a sus “compañeros” de las low-cost y jugaron con el miedo del público, asegurando que el sistema de administración eficiente (de allí la denominación de “low cost”) redundaría en “precarización laboral”, accidentes catastróficos y muertes que lamentar, dicho que la realidad desmiente categóricamente.

Lo cierto es que todas las aerolíneas del mundo –incluyendo, desde luego, a las low cost en Argentina- cumplen con estándares en materia de seguridad, los cuales son de aplicación obligatoria y universal.

En rigor de verdad, lo que Biró y compañía no toleran es que las low cost sean rentables, generando empleo genuino y sin requerir de subsidios estatales.

La administración eficiente o “low cost” demostró ser tan productiva, que además de cumplir con los más altos estándares de calidad, seguridad, y puntualidad, ha incrementado significativamente el número de pasajeros transportados, la cantidad de aviones en operaciones y las condiciones laborales de los trabajadores, permitiendo el pago de bonos anuales entre otros beneficios.

Para desarrollar su profesión, además de la expulsión de El Palomar, los trabajadores de las low cost debieron superar varios escollos. Durante la crisis sanitaria mundial por Covid-19, las aerolíneas sufrieron el golpe económico más duro de su historia.

En ese escenario, los gremios de Aerolíneas, lejos de solidarizarse con sus colegas, se regodearon en el cierre de LAN-LATAM y el despido de más de 1.800 trabajadores. A pedido de esos gremios, el Gobierno nacional impidió la negociación de un convenio de crisis en el Ministerio de Trabajo y no dejó a la empresa otro recurso que el cierre y los despidos.

Por su parte, los gremios representativos de las low-cost, es decir, los conformados por los propios trabajadores de estas empresas, elegidos libre y democráticamente por sus mismos compañeros, resolvieron tomar el toro por las astas y negociar cara a cara con sus empleadores acuerdos de sostenimiento de los puestos de trabajo. Como resultado, ni un solo trabajador fue despedido en las low cost durante la pandemia ni por razones económicas.

Superada la pandemia, los gremios de las low cost fueron por más, y negociaron sus propios convenios colectivos de trabajo –los que permitieron alcanzar un equilibrio virtuoso entre productividad y beneficios laborales- y los presentaron al Ministerio de Trabajo para su homologación.

Ante ello, los sindicatos parasitarios, abusando de los privilegios que les da la ley por la sola razón de haberse constituido con anterioridad, impusieron sus convenios de trabajo particulares a toda la industria aeronáutica. Alineados con ellos, el Ministerio de Trabajo procedió a homologar esos convenios, desestimando los presentados por los gremios de las low cost, rechazándoles la personería gremial y rehusándose a reunirse con sus dirigentes para siquiera oírlos.

Para peor, el actuar del Gobierno conlleva una responsabilidad para el Estado argentino ante los organismos internacionales, por violación de acuerdos y tratados internacionales, como es el caso del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

Como corolario, se pretende imponer a las aerolíneas low cost un convenio de trabajo para una actividad diferente a la que realizan, pues no se contempla sus características típicas que las hacen low cost, y se obliga a los trabajadores a aportar parte de su salario a gremios que, lejos de representarlos, pretenden socavar su propia fuente de ingresos.

Para peor, se pretende imponer a cada empresa una pléyade de organizaciones gremiales, desde pilotos hasta maleteros, sin cuya expresa conformidad no podría despegar un solo avión.

Ante ello, la primera víctima en caer será el público transportado, que quedará rehén de estas prácticas y sus métodos de huelga salvaje. Mientras tanto, el Gobierno -a pedido de los gremios de Aerolíneas- atacó la fuente de ingresos de las low cost: sus clientes.

Lo hizo imponiendo un sistema de bandas tarifarias, con un precio mínimo y un techo. De ese modo, en lugar de competir libremente, las low cost quedan a merced de la arbitrariedad del Gobierno en complicidad con los sindicatos de Aerolíneas: podría poner un techo tan bajo que representara una pérdida, que la línea de bandera puede cubrir con mayores subsidios.

Además, la imposición de pisos mínimos atenta contra el bolsillo de los pasajeros, quienes se ven privados de acceder a pasajes aéreos en promoción.

En este escenario, se van cayendo las caretas y queda claro quién es quién: los gremios de Aerolíneas intentan avanzar sobre un sector que no representan, pero que lo saben pujante y productivo, mientras que por su parte no pueden justificar ante una sociedad pauperizada los escandalosos subsidios que reciben del Estado.

Para ello, cuenta como aliado al Gobierno nacional. Ahora bien, ¿por qué debería importar esto a quien no vive de la actividad aeronáutica o siquiera es pasajero frecuente?

Porque los privilegios de los sindicalistas de Aerolíneas los pagamos todos, sea por vía de impuestos o de inflación, al emitirse dinero sin respaldo para cubrir el déficit del monopolio estatal. Y porque destruyendo puestos de trabajo, cerrando empresas y aeropuertos, pulverizando salarios e imponiendo gravámenes, distorsionando los precios del transporte, se está atentando no sólo contra un sector de la sociedad, sino contra toda ella.

Se ataca el bien común y se violan los derechos constitucionales al trabajo, al ejercicio de toda industria lícita y la libertad gremial (arts. 14 y 14 bis CN). Por ello, es necesario que la sociedad sea advertida de los ataques a las low cost: su desaparición nos perjudica a todos. Es necesario acabar con las mafias, los aprietes y las arbitrariedades. Hoy van por las low cost, ¿por quiénes irán mañana?

* Miguel J. Haslop, abogado, apoderado del Sindicato de Trabajadores de Flybondi