Gobierno preocupado: tampoco avanza en 2023 el revalúo inmobiliario

El Gobierno nacional ya tiene el dato. Y, por cierto, negativo. Al menos cuatro provincias claves e indispensables para que la medida pueda ser tomada como seria y factible, no aplicarán el revalúo inmobiliario prometido para 2023 al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires no tienen en sus planes aumentar sustancialmente la carga tributaria a los bienes inmuebles; intención a la que se sumarían Entre Ríos, Jujuy, Corrientes y otras reparticiones.

Y si esta posición -obviamente, hecha de manera intencionada- se mantiene, el revalúo quedará directamente archivado para este año; con lo que una de las exigencias técnicas que el organismo financiero que maneja Kristalina Georgieva reclamó para aprobar en marzo del año pasado el acuerdo de Facilidades Extendidas, no será aplicable.

Así, al menos uno de los objetivos pactados por el exministro de Economía, Martín Guzmán, cuando estaba al frente del Palacio de Hacienda y negoció el acuerdo vigente, no será realizado por segundo año consecutivo; ya que había sido comprometido para ser ejecutado desde septiembre del 2022. Algo que, obviamente, no ocurrió. 

Carrera de obstáculos

Desde el Ministerio de Economía se había tomado como una noticia aliviadora que en la última revisión de noviembre del año pasado, previa al aval de los números y porcentajes del último trimestre del año, se incluyó un perdón para la exigencia del revalúo para el ejercicio del año pasado. Pero nada se habló de 2023, con lo que el compromiso permanecía firme.

El año pasado el Gobierno pudo mostrar un objetivo algo menor, pero real y mensurable. El Palacio de Hacienda logró recaudar unos $ 65.000 millones fruto de la aplicación del incremento de los valores de base de la mayoría de las viviendas de todo el país, para los contribuyentes alcanzados por Bienes Personales; medida, obviamente, impulsada por el Gobierno nacional.

Para 2023 el incremento en los ingresos se duplicaría y alcanzaría los $130.000 millones. Será por el efecto que la medida tendría en ese tributo, afectado también por el incremento que impactaría en el mínimo no imponible y el alza de los activos sobre los que cae el impuesto. Pero, además, el alza en el tributo que se paga en las provincias y municipios también debería aportar este año un porcentaje de los ingresos, de manera directa o indirecta, a través de la firma de un pacto fiscal.

Según el Ejecutivo, el mecanismo de revalúo fiscal no puede relacionarse con un aumento de impuestos, sino con cambios en la manera de determinar el objeto tributable. El Gobierno mantendría, así, su máxima sobre que el acuerdo con el organismo financiero multilateral no incluye ningún alza de impuestos vigentes, o la creación de nuevos; sino que se trata de una corrección sobre el activo donde se calcula el pago. Sutil diferencia, pero, afirman en el Ejecutivo, legalmente salvable.

Lo que está escrito

El acuerdo con el organismo financiero internacional firmado el 25 de marzo pasado, incluye el siguiente párrafo en el capítulo en el que figuran las promesas de mayor recaudación, fruto de la política tributaria: “En estrecha coordinación con gobiernos provinciales, a fines de septiembre culminaremos el proceso de actualización de revalúos inmobiliarios a nivel federal (referencia estructural) a fin de que comiencen a regir a partir del ejercicio fiscal 2022. Los rendimientos netos de coparticipación de esta iniciativa podrían alcanzar el 0,1% del PBI para el año fiscal 2022 y un 0,2% adicional del PBI durante los próximos años”.

La intención final es que se llegue a un aporte total de entre 0,3 y 0,4% del PBI de reducción del déficit por esta vía, lo que implicaría un monto aproximado de $150.000 millones. Si se le sumara al revalúo lo que se obtendría por la reducción de los subsidios a la energía proyectados en un 0,6% del PBI; en total el Palacio de Hacienda llegaría a un ahorro total superior a los $600.000 millones de déficit; o, medido de otra manera, un 0,8/ 0,9% de desequilibrio final para el 2022 y el 2023.

Para los técnicos del FMI, este avance es fundamental para creerle al Ejecutivo que se cumplirá la meta de déficit fiscal de 1,9% en 2023. El Fondo quiere un aval de los gobernadores, quienes en general ya se comprometieron al incremento de la presión inmobiliaria al haber cerrado el Pacto Fiscal de fines del 2021.

Sin embargo, son pocos los que a esta altura avanzaron seriamente en la aplicación del revalúo; y por lo que se sabe en el oficialismo, muchos no lo tienen siquiera en carpeta. Mucho menos compromiso hay en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, el propio Horacio Rodríguez Larreta se mostró públicamente en contra del aumento de la presión de Bienes Personales en los inmuebles porteños. Por lo que se sabe, desde el FMI consideran al revalúo como incompleto si CABA no se suma al compromiso; algo que no hizo en 2022 y ni siquiera está en agenda para el 2023.