Acuerdo FMI: provincias se niegan a aplicar el revalúo inmobiliario

Una de las promesas más profundas de ajuste fiscal vía aumento de ingresos comprometida ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), entró en crisis. Pero no sólo para su aplicación este mismo año, sino para 2023. El alza en la presión tributaria sobre los bienes inmobiliarios, una medida que debería haber comenzado a ejecutarse en este último trimestre del año, no está contemplada para ser aplicada durante el próximo ejercicio por varias de las provincias más importantes del país; incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Corrientes, Río Negro y Santa Fe; entre otras.

Si bien se trata de regiones que adhirieron a comienzos del año al Consenso Fiscal -salvo CABA-, en los presupuestos que todos los gobernadores enviaron a las legislaturas locales no figuran alzas importantes en las alícuotas del impuesto inmobiliario, más allá de las subas vinculadas a la inflación nacional. Es decir, lejos del incremento de la presión sustancial comprometida ante el FMI.

Esto figura explícitamente en el crédito de Facilidades Extendidas firmado con el organismo el pasado 25 de marzo, con la obligación de ejecutarlo desde septiembre de este año, algo que obviamente no ocurrió. Sin embargo, el actual equipo económico ratificó ante el organismo financiero que la intención era avanzar con el incremento en 2023.

Esta confirmación anticipa una nueva batalla política, impositiva y seguramente legal entre el Gobierno nacional y las provincias que no apliquen de manera voluntaria y autónoma el comprometido Consenso Fiscal cerrado a fines del año pasado, por el cual las gobernaciones de todo el país, salvo la Ciudad de Buenos Aires, se comprometieron ante la Nación a incrementar la valuación de los inmuebles de todas las ciudades argentinas; y a cambio el Ejecutivo habilitó la suba del impuesto a los Ingresos Brutos.

Pulseada con la Ciudad

En el marco del Consenso Fiscal firmado en diciembre 2021, 23 provincias cerraron el acuerdo y sólo el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, decidió negarse a la rúbrica; adelantando que lo que la Nación buscaba en realidad es mayor presión impositiva a través de los revalúos.

El mandatario porteño rehusó poner su firma al Pacto Fiscal, además, porque eso hubiera supuesto una implícita renuncia al reclamo que la Ciudad tramita ante la Corte Suprema de Justicia por los fondos de Coparticipación que le fueron quitados por el Gobierno de Alberto Fernández.

Más allá de eso, en aquel momento, tuvo razón el jefe de Gobierno porteño. El acuerdo de Facilidades Extendidas había insistido en la obligación de avanzar en el incremento de la presión sobre el cobro de los tributos a los inmuebles a las provincias. Sin embargo, ya varias aclararon que no ejecutarán la medida, y que, eventualmente, se analizará el tema recién en el momento en que se debatan los presupuestos para 2023.

Pero, además, teniendo en cuenta que se trata de un año electoral, tampoco hay mucha voluntad en varias provincias de analizar alzas similares al revalúo como los que la AFIP quiere ejecutar en CABA.

Presupuesto ad hoc

En este capítulo, el acuerdo firmado entre el Gobierno y el FMI no tiene grises. En el primer anexo del fallido proyecto de ley se menciona lo siguiente: "a tales efectos, en estrecha coordinación con los Gobiernos provinciales, concluiremos el proceso de actualización de los valores de las propiedades a nivel federal a más tardar a finales de septiembre (parámetro de referencia estructural), de forma que puedan empezar a entrar en vigor para el ejercicio fiscal 2022". 

El anexo, que se deriva del artículo 2, que finalmente fue quitado del tratamiento en el Congreso pero luego aprobado por decreto, agrega que "los rendimientos de esta iniciativa, descontada la Coparticipación, podrían ascender a 0,1% del PIB en el ejercicio fiscal 2022 y a un 0,2% del PIB adicional en los próximos años. Esperamos que este proceso pueda alcanzar 400.000 contribuyentes, o cerca de 597.000 propiedades urbanas sujetas al impuesto anual sobre los Bienes Personales".

El texto habla de dos conceptos tributarios claros. Menciona que el Gobierno se comprometió ante el Fondo a avanzar ya este año, antes de septiembre, en la aplicación de la actualización (obviamente a la suba) de los valores de las viviendas de todo el país (desapareció la limitación de 9 regiones); según lo pactado en diciembre del año pasado con la mayoría de los gobernadores.

Sólo la Ciudad de Buenos Aires afirmó públicamente que no aplicaría el revalúo y que no firmaría el acuerdo, lo que hasta hoy cumplió Horacio Rodríguez Larreta. El segundo concepto claro que se desprende del texto firmado con el FMI, es que parte del cumplimiento de las metas de este año, dependen de ejecutar la promesa de aplicar el incremento en los pagos de la valuación de las viviendas, a partir de un incremento en la recaudación en Bienes Personales.

Lo planificado por el Gobierno implicaría una suba en la recaudación del 0,1%, que treparía a los $65.000 millones, fruto de la aplicación desde este año del revalúo inmobiliario en todo el país. Para el 2023 el incremento en los ingresos se duplicaría y alcanzaría los $130.000 millones.

En ambos casos, fruto de los efectos que la medida tendría en el impuesto a los Bienes Personales y el incremento que impactaría en el mínimo no imponible del tributo y el alza de los activos sobre los que cae en tributo. Pero, además, el alza en el impuesto que se paga en las provincias y municipios también debería aportar un porcentaje de los ingresos, de manera directa o indirecta a través de la firma de un Pacto Fiscal.