FMI: la suba de impuestos que puede hacer estallar el acuerdo con la oposición
El Fondo Monetario Internacional (FMI) insistirá en que Argentina aplique un impuestazo inmobiliario, basado en un incremento real en las valuaciones fiscales de las casas, departamentos, campos, oficinas y cualquier vivienda ocupada o no en todo el país. Si bien el organismo financiero no exigirá que se ejecute de manera inmediata, es la carta fiscal que se guarda Washington para presionar al gobierno de Alberto Fernández si el ministerio de Economía no consigue un dato clave que prometió. Esto es, que la economía crezca más del 4% este año; un porcentaje lo suficientemente alto como para garantizar una recaudación impositiva que le permita al país conseguir la meta fiscal de déficit de 2,5% este año, y 1,5% en 2023.
El organismo que maneja Kristalina Giorgieva no cree que Guzmán logre la promesa, bajo el argumento que al país le faltarán dólares para conseguir la suficiente cantidad de divisas que garantice la disponibilidad de dinero necesario para pagar insumos y proveedores internacionales; incluyendo la muy abultada cuenta de gas que habrá que abonar en un mundo con precios de la energía en alza. Tampoco consideran desde el FMI que el precio actual de la soja (por arriba de los U$S 600 la tonelada) se sostenga en el tiempo, como para garantizarle al país las divisas necesarias para garantizar el crecimiento. Por esto buscan los negociadores del Fondo, salvaguardas fiscales para cubrir eventuales desequilibrios en cuanto al crecimiento y la recaudación, y la necesidad de obtener fondos para lograr las metas fiscales. Ante esto se presiona por alternativas impositivas. Y, como se sabe, históricamente el FMI tiene en sus carpetas de los análisis de la Argentina, la falta de sincronización entre el valor fiscal de los inmuebles de todo el país y el precio real de las unidades.
En teoría, sería una idea que el gobierno podría avalar. Sin embargo el proyecto tiene un problema para avanzar, casi insoluble. Según los números del Fondo, habría diferencias de casi 50% promedio en la base institucional imponible y la realidad. Como mínimo. Y donde los ingresos fiscales podrían incrementarse de manera sostenible y clara. Y, de alguna manera, justificada. Sin embargo, desde Buenos Aires, se planteó un problema: sería imposible aplicar un incremento rápido en la presión impositiva; ya que el tributo inmobiliario es responsabilidad de gobernadores e intendentes, y no de la Nación. Saben desde la Casa Rosada, que las posibilidades políticas de presión desde el Gobierno nacional sobre los jefes regionales para incrementar presiones impositivas, es mínima. Por no decir nula. Podría haberse generado la curiosidad, si existiera eventual apoyo de las gobernaciones manejadas por el oficialismo nacional pero no de las opositoras; que las provincias cercanas a Alberto Fernández aumentarán el impuesto inmobiliario para que la Nación genere ingresos extras, pero no las de la vereda contraria. Por ejemplo, Buenos Aires, Santa Cruz, Santa Fé y Entre Ríos aumentarían el tributo, y Capital Federal, Mendoza y Córdoba. En síntesis. Impracticable.
Grandes fortunas
El otro proyecto alternativo para incrementar los ingresos si la promesa de crecimiento no se cumple, es aún más polémica. Hay quién desde Buenos Aires propone que el aporte a las grandes fortunas se transforme en una impuesto permanente; y que el Congreso lo transforme en algo legal. Se habla de ingresos de aproximadamente 0,5% del PBI constantes en el tiempo, y de una cobertura general más específica en su elaboración y ejecución. Para el FMI es una cuestión indistinta y que podría ayudar a convertir las cuentas y metas fiscales en más algo más creíble. Sin embargo, para el gobierno se transformaría en un problema político y legal. Salvo acuerdo con la oposición (¿el radicalismo?), el oficialismo no contaría en el Congreso con los votos necesarios para aprobar un incremento en la presión tributaria, con este impuesto o cualquier otro. Pero habría un cuestionamiento aún más serio y vinculado a la legalidad del proyecto. La base de la aceptación judicial del aporte a las grandes fortunas aplicado en 2021, es que se trata de una cuestión especial, única y en un momento determinado justificado por una circunstancia irrepetible: la Pandemia. Si se extendiera en el tiempo y se ejecutara de manera anual, pasaría a ser un impuesto y no un aporte. Y se cruzaría con un tributo que ya existe en el sistema argentino: Bienes Personales. Debería haber entonces una licuación de este último tributo en el primero, y una reforma general del sistema impositivo argentino; algo que requiere apoyos políticos importantes con la oposición.
Mientras tanto, el acuerdo con el FMI sigue dependiente de la credibilidad que los técnicos del organismo tengan ante las promesas de crecimiento de Martín Guzmán. Si no se cumplen en los primeros meses de vigencia del acuerdo, y ante el pedido de eventuales waivers, desde Washington se desempolvarían proyectos de mayor presión impositiva. Difícil.