La cara oculta de un sistema responsable de los cortes de luz

Argentina, verano del 2023. Varios días de calor sofocante y de nuevo los cortes masivos de luz en las tapas de los diarios. La electricidad es un servicio que llega a una masa de alrededor de 13 millones de usuarios finales en el país a través de distribuidoras de jurisdicción provincial, salvo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde prestan servicios Edenor y Edesur, que todavía son reguladas por el Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE).

El 10 de febrero pasado 180.000 usuarios del área de servicios de Edesur (entre 700 y 800.000 personas) se vieron privados del servicio eléctrico en la hora de máxima demanda (15.30 horas).

La empresa Edesur atribuyó el corte a una instrucción del operador del despacho: Cammesa. Al día siguiente un comunicado del ENRE le devolvió la responsabilidad a la empresa, destacando que el “sistema operó con reservas óptimas”.

Un especialista, relevando información pública, aclaró que en ese día récord de demanda de potencia (28.207 MW en todo el país), el parque térmico disponía de sólo 187 MW de reservas, casi nada. A su vez Cammesa informó que 8.825 MW de potencia se encontraban indisponibles por falta de combustibles (que debería proveer Cammesa en el esquema actual), y 6.600 por problemas técnicos.

Más de un 30% del parque total de generación estaba fuera de servicio, y el sistema operó casi sin reservas, importando de Brasil 2.047 MW. ¿Culpable Edesur o culpable Cammesa? Cammesa es la compañía que regula la operación del mercado mayorista y el despacho (compra los electrones a los distintos generadores y los vende a las distintas distribuidoras).

En su operación, esta sociedad anónima que, de hecho, controla el Estado nacional, aunque sólo es dueño del 20% de su capital accionario, acumula déficit millonarios en dólares (en el 2022 de unos 10.500 millones de dólares según estimaciones de Carta Energética de Montamat & Asociados) porque es forzada a comprar la electricidad a un precio que remunera el costo medio total de producirla, y a venderla a un precio subsidiado más bajo, sobre todo a ciertos consumos como los residenciales.

El mal negocio empeora, porque la mayoría de las distribuidoras a los que les vende los electrones a un precio estacional que incluye el transporte, para llegar con electricidad a los consumidores finales (entre ellos los hogares) deben cobrar un “peaje” por la infraestructura que requieren para mantener un servicio con ciertos estándares de calidad (mínimo número de cortes por usuario y decreciente duración de las interrupciones- esta última duró un promedio de 6 horas).

Además, debe ampliar el servicio a nuevos usuarios. Si la tarifa que reciben por ese servicio se congela en contextos inflacionarios, y sus costos se incrementan al compás de la inflación, se recortan inversiones y se rompe la cadena de pagos.

No pueden dejar a los usuarios sin servicio, pero aumentan los cortes y su duración. Registros oficiales dan cuenta que en el 2003 los cortes promedio por usuario por año en el área de distribución de Edesur eran de 6 horas.

Al comenzar la discrecionalidad regulatoria y el festival de subsidios, en 2014 llegan a las 44 horas, en el 2019/2020, luego de una recuperación de la institucionalidad sectorial bajaron a 14 horas. No nos asombre que de nuevo la calidad del servicio se esté deteriorando (más cantidad de cortes de más duración).

La actual administración llevó los subsidios eléctricos del 20% de la tarifa en el 2019 a casi el 80% el año pasado. Aún con los ajustes de la segmentación tarifaria (ajustes nominales) los subsidios en promedio van a seguir siendo este año de alrededor de un 50%.

El sistema es nefasto: altera la asignación de los recursos, frena las inversiones para mantener la calidad del servicio, y ahuyenta a operadores experimentados, hartos de la discrecionalidad regulatoria y de precios y tarifas políticas que no recuperan costos económicos. Peor, más subsidios, más inflación.

Conclusión: la culpa de los cortes la tiene la reincidencia en una política energética fallida.

* Daniel Gustavo Montamat, Exsecretario de Energía y Expresidente de YPF