El negocio que los políticos miran entusiasmados con la suba del dólar

Todos miran hoy a Javier Milei y a sus explosivas declaraciones del jueves de la semana pasada ante unos 70 empresarios en Mar del Plata y a sus expresiones escatológicas sobre el peso en un estudio de radio de la Ciudad de Buenos Aires. El candidato de La Libertad Avanza (LLA) dijo en aquel encuentro que cada paso que da el dólar hacia el cielo favorece la dolarización, con lo que no habría que hacer nada para sostenerlo ya que cada peso devaluado es un escalón más en la batalla dolarizadora.

En radio Mitre recomendó no renovar plazos fijos en moneda doméstica y llamar a una aceleración rápida y a cualquier precio de los depósitos en pesos. Ninguna de las dos declaraciones fue la causa da la corrida cambiaria y del timbrazo del precio a unos 1000 pesos. Sin embargo, obviamente, algo ayudaron.

Lo mismo que sucedió días anteriores con la inestabilidad a la que Mauricio Macri sometió a la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) a un inexplicable bulling al hablar en la universidad de Harvard de la necesidad de apoyar futuras leyes de Milei en su, según su visión, casi seguro próximo gobierno.

Menos ayudó el oficialismo con el caso Insaurralde sobre la mesa, una inflación de tres dígitos y una vicepresidenta y referente máxima de un espacio porfiando en que la emisión indiscriminada de pesos para cubrir un déficit fiscal primario imposible de financiar voluntariamente en el mercado local o el internacional, no produce inflación, sino todo lo contrario. 

Crisis cambiaria

El panorama es algo dantesco, y lleva otra vez al país al dilema lamentablemente clásico de experimentar una solución a una crisis política, económica, financiera y cambiaria, a través de un colapso terminal que demuela instituciones y permita cambios radicales que, de otra manera, ameritarían acuerdos políticos que la clase dirigente esta imposibilitada (voluntaria o involuntariamente) de protagonizar. 

Sin embargo, hay una consecuencia de la corrida cambiaria que se vive hoy en el país que beneficia a los tres candidatos. Pero que ninguno mencionará en público. Y mucho menos ponderará. Una crisis cambiaria que derive en una actualización del tipo de cambio (algo que parece mediáticamente inevitable), cruzada de una mejora en los ingresos de divisas (lo que ocurriría en los primeros cuatro meses del 2024), generará una licuación del nivel de gasto público en pesos; que le permitirá evitar al próximo gobierno gran parte del ajuste necesario para equilibrar las cuentas públicas.

Una devaluación del peso reduciría el nivel de erogaciones para mantener las jubilaciones, las transferencias a las provincias, tarifas de servicios públicos y los salarios de los empleados públicos de todos los niveles de todo el país, precisamente los cuatro capítulos que mayor nivel de ingresos fiscales demandan.

El juego del Fondo

Y que obligarían a cualquier presidente o presidenta que asuma el 10 de diciembre a avanzar, si en serio quisiera buscar un equilibrio fiscal ya en 2024, algo que para los analistas (de los más primarios a los más sofisticados) consideran imprescindible. 

No hay números exactos, pero una actualización de la brecha cambiaria (hoy ya en 200%, un porcentaje inviable para la economía de cualquier país), a un nivel de 50% (algo más razonable), implicaría un ajuste fiscal de aproximadamente 2 puntos del PBI, lo que implicaría exactamente el mismo nivel que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) de superávit fiscal para este año. La proyección para 2024, con un ajustado este ejercicio, indica el mismo nivel de ahorro vía contracción del gasto por efectos de una devaluación.

Si además se tiene en cuenta que seguramente el 2024 será un año más holgado en cuanto a los ingresos por exportaciones (tal como indicó este medio, se habla de ingresos por más de 10.000 millones de dólares vía exportaciones sojeras en comparación al muy mal 2023 por efectos de la sequía), los políticos en campaña podrían soñar con un próximo ejercicio de superávit fiscal. Y sin avanzar en cierres de organismos o empresas públicas, despidos de empleados del Estado o cualquier otro ajuste siempre impopular. Lo ejecute  quién lo ejecute, aunque lo haya propuesto en campaña.

En síntesis, un redondo negocio político. En definitiva, nada que la clase política argentina no conozca, ni haya dejado de aprovechar. Es el mismo esquema cambiario que Argentina vivió en el primer semestre del 2002, cuando luego de la convertibilidad se licuó el nivel de gasto público y gracias a la suba de los precios internacionales de la soja, se logró estabilizar el nivel de ingresos fiscales primeros, y lograr un abultado superávit después.

De hecho, de 2002 a 2006 fueron los últimos años de mayor nivel de ingresos contra gastos que vivió el país, a partir de aquel esquema devaluatorio cruzado con un incremento en los ingresos de divisas. En aquellos años el ajuste lo ejecutó el nunca ponderado por la clase política, Jorge Remes Lenicov. Se dice que algún candidato con grandes posibilidades de vencer en las elecciones del 22 (o eventualmente en segunda vuelta), está buscando su Remes.