El duro golpe bajo que empeora la calidad de vida y aumenta la pobreza
La inflación del mes en Mendoza fue del 6,6%; idéntica a la de marzo, más alta que la nacional y sin señales de frenar. Es allí donde se acaban los discursos. De hecho en la retrospectiva anual queda claro que los sectores más pobres fueron los más golpeados: la suba de los alimentos fue mayor al índice general. Al ahondar en otros detalles también hay datos que marcan la pérdida de la calidad de vida: la indumentaria subió en un año más del 80%.
Los datos difundidos por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza, que mide la inflación de manera independiente al INDEC, vuelven a marcar por qué la preocupación número uno de la población es la suba de precios. La inflación acumulada del año es del 23,8%. Pero en alimentos es del 26,5%. Ese dato impacta directamente en las familias de menos recursos económicos, que destinan más proporción de sus ingresos a la compra de productos básicos. En un año la inflación "de los pobres" fue del 61,5%. El incremento anualizado general (60,1%) Es el más alto de las últimas décadas.
La tendencia complica la vida cotidiana y también a nivel político, pues la proyección que se hace supera ampliamente, por ejemplo, el aumento de sueldos otorgado a los trabajadores estatales. Eso generará presión por parte de los gremios para adelantar la rediscusión por las paritarias, prevista originalmente para septiembre. El Estado tiene una ventaja: parte de su recaudación (el IVA que es coparticipable e Ingresos Brutos) está indexada por la inflación. Pero los problemas económicos pueden hacer que la actividad se frene aún más.
Esa realidad también condiciona otras decisiones que debe tomar el Gobierno, como el traslado de los costos de algunos servicios a las tarifas. Es lo que ocurre con la electricidad, que está en pleno proceso de discusión nacional y también local.
Platita
El Gobierno de Mendoza difundió hace dos días que la pobreza en toda la zona urbana de Mendoza era del 44,1%, apenas un punto por debajo del momento más duro de la pandemia. A ello se suma que más del 45% de la población económicamente activa tiene problemas de empleo: o está desempleado, o demanda otro trabajo que le permita llegar a fin de mes.
El contexto social es complejo y desde el Estado nacional se agitan más grietas. Es lo que ocurre con la asignación extra de 18 mil pesos que Alberto Fernández anunció y que tiene como modo de aplicación un modelo arcaico y clientelar: miles de personas haciendo cola para poder inscribirse en una asignación que apenas cubre parte de lo perdido por la inflación. La mayoría de quienes estuvieron en esas filas tienen trabajo, pero no les alcanza. Desde el Gobierno les dicen "beneficiarios", suponiendo que ellos, la ANSES, son los benefactores.
En las provincias ven con preocupación que cada vez hay más demanda de ayuda social, a pesar de que hay indicadores de recuperación económica. Es parte de la nueva realidad: ni con un trabajo alcanza.