Revalúo: FMI perdonó a Argentina, pero está obligada para avanzar en 2023

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cierra hoy su trabajo 2022, con la última reunión del board. El máximo nivel del organismo aprobará (y desaprobará) sus decisiones finales, y liberará luego Kristalina Georgieva a todos los empleados del plantel técnico para que dispongan de sus tiempos para las Fiestas.

Como se trata de un organismo internacional, donde trabaja gente de todo el mundo, estos comenzarán esta misma tarde a abandonar Washington y a redirigirse a sus países de origen en todo el globo. Pasarán las Fiestas, se tomarán algunos días de vacaciones y volverán recién bien entrado el 2023.

Se supone que los contactos entre ellos y con los países fiscalizados volverán a concretarse en la segunda quincena de enero. Será en ese momento en que sonarán los teléfonos directos en Buenos Aires, y los controles se retomarán en vías a coordinar las negociaciones para cerrar el 2022.

Sin embargo, ya hay una buena noticia que sobrevuela el Ministerio de Economía. Los técnicos del FMI ya le comunicaron a los funcionarios locales, que uno de los capítulos más polémicos de medidas que debía tomar el gobierno argentino para avanzar en el acuerdo durante el año, no será requerido y pasará a revisión para el año próximo.

Se trata del revalúo inmobiliario, una promesa que había sido asumida por Martín Guzmán en las negociaciones que cerraron en marzo pasado, sobre la que el país no pudo avanzar; y que el FMI ya no requerirá para que se aplique en 2022 ni aplicará sanciones porque no se pudo ejecutar.

La reacción local

Por lo que se sabe en Buenos Aires, los funcionarios locales ratificaron que el gobierno de Alberto Fernández avanzará en el revalúo inmobiliario, uno de los compromisos más serios para aumentar los ingresos fiscales en el 2022 y el 2023; más allá de la reducción de subsidios a las tarifas de servicios públicos.

Lo que se cumpliría este año, es el intento del Palacio de Hacienda de recaudar unos $ 65.000 millones, fruto de la aplicación del incremento de los valores de base de la mayoría de las viviendas de todo el país, para los contribuyentes alcanzados por Bienes Personales. Luego, para 2023 el incremento en los ingresos se duplicaría y alcanzaría los $130.000 millones.

Será por el efecto que la medida tendría en ese tributo, afectado también por el incremento que impactaría en el mínimo no imponible y el alza de los activos sobre los que cae el impuesto. Pero, además, el alza en el tributo que se paga en las provincias y municipios también debería aportar un porcentaje de los ingresos, de manera directa o indirecta, a través de la firma de un pacto fiscal.

Según el Ejecutivo, el mecanismo de revalúo fiscal no puede relacionarse con un aumento de impuestos, sino con cambios en la manera de determinar el objeto tributable. El Gobierno mantendría, así, su máxima sobre que el acuerdo con el organismo que conduce Kristalina Georgieva no incluye ningún alza de impuestos vigentes, o la creación de nuevos; sino que se trata de una corrección sobre el activo donde se calcula el pago. Sutil diferencia, pero, afirman en el Ejecutivo, legalmente salvable.

Las metas fiscales

El acuerdo con el organismo financiero internacional firmado el 25 de marzo pasado, incluye el siguiente párrafo en el capítulo donde figuran las promesas de mayor recaudación fruto de la política tributaria: “En estrecha coordinación con gobiernos provinciales, a fines de septiembre culminaremos el proceso de actualización de revalúos inmobiliarios a nivel federal (referencia estructural) a fin de que comiencen a regir a partir del ejercicio fiscal 2022. Los rendimientos netos de coparticipación de esta iniciativa podrían alcanzar el 0,1% del PBI para el año fiscal 2022 y un 0,2% adicional del PBI durante los próximos años”.

La intención final es que se llegue a un aporte total de entre 0,3 y 0,4% del PBI de reducción del déficit por esta vía, lo que implicaría un monto aproximado de $150.000 millones. Si se le sumara al revalúo lo que se obtendría por la reducción de los subsidios a la energía proyectados en un 0,6% del PBI, en total el Palacio de Hacienda llegaría a un ahorro total superior a los $600.000 millones de déficit; o, medido de otra manera, un 0,8/ 0,9% de desequilibrio final para el 2022 y el 2023.

Para los técnicos del FMI, este avance es fundamental para creerle al Ejecutivo que se cumplirá la meta fiscal de un déficit de 2,5% este año y 1,9% en el 2023. El Fondo quiere un aval de los gobernadores, quienes en general ya se comprometieron al incremento de la presión inmobiliaria al haber cerrado el pacto fiscal de fines del 2021.

Sin embargo, son pocos los que a esta altura avanzaron seriamente en la aplicación del revalúo; y por lo que se sabe en el oficialismo, muchos no lo tienen siquiera en carpeta. Mucho menos compromiso hay en la Capital Federal. De hecho, el martes pasado, el propio Horacio Rodríguez Larreta se mostró públicamente en contra del aumento de la presión de Bienes Personales en los inmuebles porteños. Por lo que se sabe, desde el FMI consideran al revalúo como incompleto si CABA no se suma al compromiso.