Sergio Massa: entre "engordar" las reservas y un blanqueo nac & pop

Por ahora hay pocas líneas de la idea ya confirmadas. Pero la decisión, ya está tomada. El gobierno de Alberto Fernández, como todos los anteriores, tendrá su gran blanqueo de capitales.

El proyecto será presentado en sociedad antes que termine el 2022, pero será un proyecto de ley (es inevitable que así sea, ya que determina medidas impositivas), que el Congreso deberá aprobar al comienzo de 2023. Salvo que Alberto Fernández y Sergio Massa decidan que sea tratado de manera especial antes de fin de año, algo lejano hoy en las consideraciones políticas dle oficialismo.

Dicho de otra manera, no hay clima para negociar de manera rápida con el kirchnerismo un acuerdo general para que el proyecto avance. Aún con el aval político con que cuenta Sergio Massa. 

El blanqueo y el Fondo

El problema para esto es el contenido del proyecto de ley que debe tratarse en el Congreso. Para el Ejecutivo, debe concentrarse en un blanqueo de capitales clásico, que le permita al Banco Central comenzar a recibir dólares en la suficiente cantidad como para garantizarle a la entidad cierta tranquilidad dentro del primer semestre del año, mirando siempre la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de incrementos anuales en los disponibles en no menos de US$ 4.800 millones.

El Ministerio de Economía tiene en mente un blanqueo amplio, que incluya todos los capitales no declarados en cualquiera de sus formas (dinero en efectivo dentro y fuera de las fronteras nacionales, inmuebles, vehículos, bienes de capital y financieros, joyas, etc), relativamente barato (al menos para el que decida ingresar sus dólares dentro del sistema financiero argentino) y fundamentalmente ágil en el tiempo de declaración e ingreso.

Esto, además de no poner mayores restricciones para el uso de esos dólares blanqueados, dándole al nuevo contribuyente la posibilidad de utilizarlos para ahorro como para la inversión o compra de inmuebles, campos, vehículos, etc. En estos casos, incluso, el blanqueo tendría que tener más facilidades. 

El kirchnerismo tiene otra idea. Si bien toma una iniciativa de este tipo como algo casi inevitable (en definitiva, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner hubo dos avances en este sentido, con suerte diversa), desde el Senado se le imponen restricciones políticas claras; apuntando fundamentalmente a las comparaciones inevitables que caerán con el blanqueo anterior que se impulsó durante el gobierno de Mauricio Macri, que, hasta ahora, fue el más exitoso de la histórica con más de US$ 108.000 millones reconocidos.

Lo último que quiere la vicepresidenta es que un blanqueo del gobierno nacional, se compare con el proceso macrista, algo siempre espurio a los ojos kirchneristas y relacionado siempre con la fuga y los delitos financieros. Si habrá un blanqueo en la gestión actual, debe siempre tener que ver (aunque sea en la oralidad) con la "reivindicación nacional y popular" y la "justicia social redistributiva".

Blanqueo nac & pop

Lo que quiere decir el Senado con esta idea, es que un blanqueo del gobierno de Alberto Fernández y del ministro de Economía Sergio Massa, tienen que tomar como ejemplo y plataforma de despegue, la idea del senador Oscar Parrilli de crear un fondo especial de ingreso de capitales, para formar un fideicomiso para luego pagarle al FMI.

Según este proyecto, que tiene media sanción en la cámara alta, los argentinos y residentes que declaren capitales en el exterior deberán dejar en caja un 20% en dólares de ese dinero en el fideicomiso.

En el caso de que los evasores declarasen los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subiría del 20 al 35%, de acuerdo al texto de la iniciativa.

En todos los casos el dinero se iría a una cuenta intocable, destinada a pagarle al FMI, algo que según el cronograma del acuerdo de Facilidades Extendidas comenzaría a operar en 2026. Muy lejana a la idea de Sergio Massa de usar el dinero lo antes posible. 

Ese proyecto de Parrilli incluía, además, la figura del "colaborador", que será "cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos".

El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información proporcionada por el colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados.

Éste recibiría la recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado. Ni el kirchnerismo ni el oficialismo consideraron este proyecto como un blanqueo, pese a que implica la caída de las sanciones financieras, impositivas y penales.

Pero es un criterio que, si se mantiene el lema de la fuga y el pago al FMI como lema, podría modificarse. Llegado a este punto comienza el problema para el Ejecutivo. Si se aceptara lo que pide l kirchnerismo, y el blanqueo se relacionara políticamente con la "fuga" del macrismo, el imperdonable Stand By con el FMI y los delitos financieros vinculados con la oposición; el proyecto nunca tendría el apoyo de Juntos por el Cambio, imprescindible para que se convierta en realidad en Diputados.

Mucho menos crear lo fundamental que una idea de este tipo necesita para ser creíble: confianza entre los potenciales blanqueadores para que, una vez reconocido el dinero que está fuera del sistema, no se haya temores de persecuciones. O de alteraciones del pacto entre el estado y la persona que reconoce que en el pasado incumplió los deberes de mantener siempre el secreto fiscal.