Reforma judicial: "No hay consenso", afirma el Consejo Empresario Mendocino
En un comunicado, el Consejo Empresario de Mendoza (CEM) se pronunció sobre la reforma judicial que impulsa el gobierno nacional al señalar que requiere un consenso que "entendemos que hoy no existe". Y desde el punto de vista económico considera que los cambios que promueve el gobierno de Alberto Fernández "genera efectos adversos sobre el clima de negocios y la necesidad de que las empresas inviertan sus capitales para revertir la situación y poner en marcha la economía".
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A continuación, el comunicado completo:
El Consejo Empresario Mendocino (CEM) observa con preocupación el proyecto del gobierno nacional de impulsar una Reforma Judicial. En primer lugar, porque su impulso es interpretado en diversos ámbitos jurídicos, sociales y empresariales como orientado a responder a conveniencias políticas partidarias antes que a fortalecer la independencia de poderes. Y en segundo término, por considerar que el clima social está lejos de mostrar un consenso acerca de un tema esencial para el funcionamiento de la República.
La iniciativa se produce en momentos en que el país requiere de soluciones para una crisis económica que golpea fuertemente a miles de empresas argentinas y hasta pone en riesgo su supervivencia. Y además, genera efectos adversos sobre el clima de negocios y la necesidad de que las empresas inviertan sus capitales para revertir la situación y poner en marcha la economía.
La Argentina ciertamente necesita una reforma judicial integral que instaure sistemas de formación y selección de jueces que aseguren su idoneidad y honestidad; de fiscales activos, que investigen y defiendan las causas ante tribunales orales, con la infraestructura que se requiere; que se invierta en tecnología y sistemas necesarios para agilizar los trámites a fin de superar la lentitud de los procedimientos; y que restaure la confianza ciudadana en sus jueces.
Esta reforma integral debe ser fruto del diálogo con los distintos sectores políticos y sociales, de consultas con los especialistas y los diferentes actores intevinientes en los procesos penales, una eficiente y eficaz de asignación de los escasos recursos del Estado. Requiere de un consenso, que hoy no existe, y debería situarla más allá de la coyuntura.
La independencia de la Corte es necesaria para asegurar la igualdad ante la ley. El máximo tribunal de justicia es el que garantiza también la seguridad jurídica, certeza indispensable para quienes podrían invertir en el país.