Cómo impactará en Mendoza la reforma judicial lanzada por Alberto Fernández

El Congreso comenzará a analizar el proyecto de reforma judicial presentado por el presidente Alberto Fernández. Fuera de la pandemia, es el tema más relevante a nivel institucional porque supone un cambio radical en uno de los poderes del Estado. Aunque el foco está puesto en los juzgados con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, el impacto es nacional. En Mendoza, según el Proyecto, habrá cambios importantes por la creación de nuevos juzgados y la transferencia de competencias. Tanto, que los actuales jueces federales deberán "elegir" si se quedan donde están o postulan para cambiar de juzgado. 

En Mendoza se crearían al menos 3 juzgados nuevos. Dos en el Gran Mendoza y uno en San Rafael. Todos tendrían a cargo las causas penales y se harían cargo de ese tipo de causas, quitándole esa competencia al resto de los juzgados. Esa estructura responde a la estrategia base de la reforma, de especializar la justicia federal y poner el foco en lo penal. En todo el país se crearían 94 juzgados: una política de "shock" que empoderará al Consejo de la Magistratura, al Poder Ejecutivo y al Senado para armar un "nuevo Poder Judicial". Por el juego de mayorías, el oficialismo tendrá en sus manos el poder para "vestir" los nuevos juzgados.

Los juzgados en Mendoza son "multicompetencia" y ahora "perderían" los casos penales. Allí entran, por ejemplo, las causas por narcotráfico (que son la mayoría), contrabando, fraude a la Administración Pública con fondos nacionales y otros delitos federales. La competencia electoral quedaría en el Juzgado Federal 1.

Las vacantes

Los nuevos cargos deberían concursarse 10 días después de que la ley entre en vigencia. Pero el plazo no será menor a 9 meses. En Mendoza, además, hay dos juzgados federales por cubrir por lo que la situación se complica más. 

El artículo 55 del proyecto de ley es el que crea los 94 juzgados federales de Primera Instancia en lo Penal. Para el Gran Mendoza se destinan dos cargos: juzgados federales penales en primera instancia 5 y 6. Actualmente las causas penales recaen en los otros juzgados federales, que si se aprueba la ley deberán trasladar esa competencia a los nuevos. Lo mismo, se mudarían las secretarías. " A partir de la fecha de habilitación de los juzgados creados por el artículo 55 de esta ley, quedará adjudicada a estos la competencia en materia penal que ejercen los Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en las Provincias", dice el proyecto. 

Actualmente Mendoza tiene 3 juzgados federales que son multicompetencia y un cuarto que está creado, pero no activo. Los jueces a cargo son Walter Bento, en el Juzgado Número 1, Marcelo Garnica, en el número 3 y Juan Carlos Nacul está a cargo del Juzgado Federal 2, pero de manera provisoria: se hizo el concurso para cubrirlo, Mauricio Macri postuló a uno de los candidatos, pero el Senado no trató el pliego y no lo tratará. El nuevo Juzgado Federal 4 corrió la misma suerte y quien había sido postulada para ocupar el cargo no fue avalada por la nueva conducción política del Senado nacional. Además se crea un juzgado federal penal en San Rafael. 

Un artículo particular del proyecto es que le darán la opción de elegir a los jueces actuales entre quedarse en el cargo que están o "mudarse" a los nuevos juzgados federales penales. Esa opción deberán hacerla ante el Consejo de la Magistratura.

Además, se crearían dos cargos de "fiscal con competencia penal" para la justicia federal de Mendoza. Esos cargos son clave porque justamente Mendoza es uno de los distritos donde se prueba el sistema acusatorio, en el que los fiscales cumplen un rol protagónico en la investigación. 

Además de Buenos Aires, Mendoza será uno de los distritos con mayores cambios. No solo por los cargos nuevos, sino por la mora en cubrir vacantes previas. Todo el proceso anterior quedó trunco y por eso los postulantes, el Consejo de la Magistratura, el Presidente y el Senado nacional tendrán una fuerte influencia en lo que será el futuro judicial en la provincia. Por eso la tensión con la oposición: la clave está en cómo, quiénes y en qué momento se cubren esas vacantes. 

Entre los sectores políticos más poderosos de Mendoza hay tensión. Antes del cambio de gobierno, acusaban alguna influencia de Alfredo Cornejo y Ernesto Sanz en la ponderación de los candidatos que fueron propuestos por el Presidente para ocupar los cargos. Dos de esos nombramientos (el de Sebastián Soneira y Daniela Morcos) quedaron congelados tras el bloqueo de todos los pliegos en el Senado por parte del cristinismo. Ahora, con las relaciones de poder distintas, el eje cambia. La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti conduce el "rosqueo" desde la comisión de acuerdos. Y tendrá una llave fundamental para la construcción del nuevo poder judicial.