España se ceba con la destrucción de empleos públicos

La destrucción de empleo en España ha llegado a la Administración. Y la pauta que sigue es la misma que mantuvo el sector privado al comienzo de la crisis. Los primeros en caer están siendo los empleados temporales. Desde que Ayuntamientos, ministerios, comunidades autónomas y empresas públicas han comenzado sus ajustes de plantilla, tres de cada cuatro puestos de trabajo eliminados (228.900 en total) estaban ocupados por trabajadores eventuales. La consecuencia inmediata es que la temporalidad ha caído drásticamente en este sector. Si hace un año rozaba el 25%, en el tercer trimestre de 2012 se ha hundido hasta el 20,6%, según la última encuesta de población activa, el porcentaje más bajo desde 2001.

El uso —y, en muchas ocasiones, el abuso— de la contratación temporal ha dejado de ser coto exclusivo del sector privado desde hace bastante tiempo. Las tasas de temporalidad en las Administraciones superaron el 20% en el año 2000. Incluso siguieron creciendo en los primeros años de la crisis, cuando las empresas destruían empleo y las Administraciones públicas lo creaban. Tanto es así que entre julio y septiembre de 2009, se produjo un hito en el mercado laboral español: la temporalidad en el sector público (26,2%) superó la del privado (25,9%). Nunca había ocurrido y nunca ha vuelto a ocurrir.

Desde hace un año, el hundimiento del mercado laboral ha entrado en una nueva fase. La Administración ha comenzado a triturar empleo y se ha sumado al sector privado, hasta entonces el gran pagano de la crisis. La cadencia seguida es la misma en los dos ámbitos. La destrucción arranca por los trabajadores temporales. Hay sectores como el de la sanidad pública en el que hay empleados que encadenan más de una docena de contratos al año.

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