La política versus la economía
La pregunta sobre el grado de independencia de la economía respecto de la política admite distintas respuestas, que dependen de la fase del ciclo económico, del tipo de interferencias políticas y de si la perspectiva que se adopta es de corto, mediano o largo plazo. En lo que hace al ciclo, cuando está en marcha una fuerte reactivación económica ella sólo se interrumpirá si los conflictos políticos son muy graves. En cambio, si la economía está en las puertas de una recesión, o ya ha caído en ella, lo más probable es que aun conflictos políticos menores afiancen la caída.
La situación de la Argentina de hoy se ubica en principio en el primer caso ya que, al compás de un crecimiento de los países emergentes casi perfectamente sincronizado, nuestra economía se está recuperando con fuerza. Valga mencionar de paso, sin embargo, que si se profundiza la desaceleración de los países desarrollados los emergentes también sufrirán y la Argentina no saldrá indemne.
Las interferencias de la política pueden ser variadas. Las más típicas se dan al compás del ciclo electoral -o análogas pujas por el poder en regímenes no democráticos- que frecuentemente llevan a decisiones de política económica que transfieren sus costos a períodos de gobierno posteriores. Es el conocido “ciclo económico de raíz política”, y también está ocurriendo en la Argentina de hoy. La campaña electoral ha empezado con más de un año de anticipación y es cada día más claro que el gobierno ha adoptado una estrategia de políticas fiscales y monetarias expansivas, tanto para beneficiar directamente a algunos sectores sociales como para incentivar el consumo.
El gasto público está creciendo por encima del 30% anual y el BCRA ha decidido convalidar (como mínimo) la alta inflación actual al cambiar el programa monetario de tal modo que sus agregados de referencia podrán crecer hasta cerca de un 30% anual, lo que hará que las tasas de interés reales sean cada vez más negativas.
Hay también un segundo componente de la campaña electoral y es un estilo de confrontación cada vez más marcada entre el gobierno, algunos sindicatos con anuencia oficial y una parte significativa del sector empresarial. Así se ha puesto de manifiesto en torno a casos como los de Papel Prensa, Fibertel y otras empresas vinculadas al Grupo Clarín o a sus directivos y el bloqueo sindical a plantas industriales importantes, en los que el gobierno se ha mostrado muy propenso a vulnerar derechos y garantías básicos como la libertad de prensa o el de trabajar y ejercer toda industria lícita.
También se ha conocido el proyecto de un diputado oficialista para establecer la participación del personal en las ganancias de las empresas de mayor tamaño. Se sabe que ello figura como derecho en el artículo 14 bis de la Constitución, y que funciona bien en países tan diversos como Alemania o México.
Pero en un marco electoral cada vez más virulento como lo es el de la Argentina de hoy y sin un debate ponderado que contemple, por ejemplo, qué se hace en caso de pérdidas empresarias o con el muy probable resultado de un aumento de la desigualdad entre los trabajadores beneficiarios y los que no lo serán, se corre el riesgo de costos mayores que los beneficios.
El plazo para estimar el impacto de la política en la economía también es crucial. Políticas fiscales y monetarias conjuntamente expansivas como las de la Argentina de hoy, son reactivantes a corto plazo y lo propio ocurre con la inflación. Pero a mediano o largo plazo tales efectos son siempre negativos vía la inequidad del impuesto inflacionario, que afecta sobre todo a los más pobres; por la desmonetización de la economía, que reduce el crédito disponible; y por las distorsiones de precios relativos, como se observa hoy con la energía y el tipo de cambio. Por ello no es casual que la enorme mayoría de los países del mundo –salvo la Argentina, Venezuela y unos pocos más- se empeñe en lograr bajas tasas de inflación. Campañas electorales prolongadas también pueden tener efectos negativos por la incertidumbre que generan, más aun si ellas adquieren rasgos de fuerte confrontación política y social, incluyendo ataques a libertades básicas.
En el balance final surge que si bien la política no sólo no tiene aún efectos negativos sobre la actividad económica corriente, sino que la está impulsando, sí los está teniendo y los tendrá sobre la cantidad y la calidad de la inversión y sobre la creación de empleos de calidad. Más aún, si se acentúa el actual enfoque del gobierno, aún el nivel de actividad económica resultará perjudicado vía una desaceleración de la inversión.
En este contexto, nuestras previsiones muy preliminares para el año 2011 indican un aumento del PIB de entre 4.5% y 5%, con incrementos del 3.5% del consumo privado, del 7% en el consumo público y de entre 7% y 8% en la inversión. La peor noticia vendrá una vez más de la inflación, que aumentará hasta un 27%.
Cuanto más se demore en corregir las distorsiones mencionadas mayores serán los riesgos de una interrupción traumática de la recuperación de la economía. Ello no ocurrirá en 2010 y muy probablemente tampoco en 2011. Pero sí se está colocando una carga cada vez más pesada sobre las espaldas no sólo del próximo gobierno, sino también del conjunto de la población argentina, sobre todo de los más pobres.
Fuente: Informe Económico Mensual del IAE.
También se ha conocido el proyecto de un diputado oficialista para establecer la participación del personal en las ganancias de las empresas de mayor tamaño. Se sabe que ello figura como derecho en el artículo 14 bis de la Constitución, y que funciona bien en países tan diversos como Alemania o México.
Pero en un marco electoral cada vez más virulento como lo es el de la Argentina de hoy y sin un debate ponderado que contemple, por ejemplo, qué se hace en caso de pérdidas empresarias o con el muy probable resultado de un aumento de la desigualdad entre los trabajadores beneficiarios y los que no lo serán, se corre el riesgo de costos mayores que los beneficios.
El plazo para estimar el impacto de la política en la economía también es crucial. Políticas fiscales y monetarias conjuntamente expansivas como las de la Argentina de hoy, son reactivantes a corto plazo y lo propio ocurre con la inflación. Pero a mediano o largo plazo tales efectos son siempre negativos vía la inequidad del impuesto inflacionario, que afecta sobre todo a los más pobres; por la desmonetización de la economía, que reduce el crédito disponible; y por las distorsiones de precios relativos, como se observa hoy con la energía y el tipo de cambio. Por ello no es casual que la enorme mayoría de los países del mundo –salvo la Argentina, Venezuela y unos pocos más- se empeñe en lograr bajas tasas de inflación. Campañas electorales prolongadas también pueden tener efectos negativos por la incertidumbre que generan, más aun si ellas adquieren rasgos de fuerte confrontación política y social, incluyendo ataques a libertades básicas.
En el balance final surge que si bien la política no sólo no tiene aún efectos negativos sobre la actividad económica corriente, sino que la está impulsando, sí los está teniendo y los tendrá sobre la cantidad y la calidad de la inversión y sobre la creación de empleos de calidad. Más aún, si se acentúa el actual enfoque del gobierno, aún el nivel de actividad económica resultará perjudicado vía una desaceleración de la inversión.
En este contexto, nuestras previsiones muy preliminares para el año 2011 indican un aumento del PIB de entre 4.5% y 5%, con incrementos del 3.5% del consumo privado, del 7% en el consumo público y de entre 7% y 8% en la inversión. La peor noticia vendrá una vez más de la inflación, que aumentará hasta un 27%.
Cuanto más se demore en corregir las distorsiones mencionadas mayores serán los riesgos de una interrupción traumática de la recuperación de la economía. Ello no ocurrirá en 2010 y muy probablemente tampoco en 2011. Pero sí se está colocando una carga cada vez más pesada sobre las espaldas no sólo del próximo gobierno, sino también del conjunto de la población argentina, sobre todo de los más pobres.
Fuente: Informe Económico Mensual del IAE.