Nación destina 1.500 millones para paliar la falta de gas
El Gobierno decidió desviar $1.500 millones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial hacia la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica y a la estatal Enarsa. Con esto busca incrementar la importación de gas y evitar los faltantes por la ola de frío.
El Gobierno recurre a diferentes medidas para intentar frenar posibles cortes de gas en los hogares. Así, primero restringió el suministro a las empresas y ahora decidió desviar los 1.500 millones de pesos que conforman el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial hacia la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y a la estatal Enarsa.
Con esta medida piblicada ayer en el Boletín Oficial, la administración de Cristina Fernández de Kirchner busca que se siga profundizando la situación de escasez del fluido, a pesar de que sostienen que no existe crisis energética.
La reasignación de partidas se efectuará a través de los superpoderes, que habilitan al jefede Gabinete, Aníbal Fernández, a redistribuir los fondos. "Resulta necesario incrementar el presupuesto vigente de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Planificación Federal para asegurar el suministro de energía eléctrica", afirma la resolución en sus fundamentos. Cammesa recibirá 1000 millones y Enarsa, 500 millones de pesos.
Según publica el diario La Nación, este dinero no será suficiente para revertir la situación y especialistas estiman que el Gobierno hoy debe destinar más de 10.000 millones de pesos por año para paliar el déficit del sistema eléctrico nacional.
En el pasado, el Gobierno debió gastar millones para importar energía sobrante de Brasil y Uruguay. Pero lo que hoy genera más dudas es si estos países podrán darle una mano al Gobierno, ya que también sufren la ola de frío. Por ejemplo, el mayor socio del bloque regional debió pedir ayer a Bolivia que inyectara más gas que el que habitualmente provee.
El Gobierno se niega a admitir la crisis energética, un concepto prohibido en ámbitos públicos para los kirchneristas, a pesar de que el sistema no logra aguantar los picos de consumo en un año de recuperación tras la recesión económica que caracterizó a 2009. No obstante, los expertos coinciden en que la situación es mejor que en 2007.
Desde hace ya más de una semana, cuando el frío llegó desde el Sur, el Gobierno comenzó a cortar el suministro de las grandes industrias, sobre todo, aquellas con contratos interrumpibles. Sin embargo, y a pesar de la negación oficial y de las distribuidoras, las estaciones de GNC (sobre todo en el interior) y los usuarios residenciales ya sufren las restricciones.
Además, en los últimos días, algunas empresas recibieron la "sugerencia" de otorgar licencia al personal, adelantar paradas de mantenimiento o adoptar otro tipo de medidas de reducción de la producción con el objetivo de no sobrecargar la demanda eléctrica.
Por otro lado, la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Estabilidad de Precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP), a través de su secretario ejecutivo e interventor en el Enargas, Antonio Pronsato, desmintió ayer que en la reunión en la Secretaría de Comercio se hubiesen evaluado modificaciones en el precio de venta al público de las garrafas.
Desde varios sectores se denunció que escasean desde hace días las garrafas a precios subsidiados por el Gobierno, lo que afecta a la franja social de bajos recursos, que son los que mayoritariamente utilizan el GLP.
Fuente: La Nación
El Gobierno se niega a admitir la crisis energética, un concepto prohibido en ámbitos públicos para los kirchneristas, a pesar de que el sistema no logra aguantar los picos de consumo en un año de recuperación tras la recesión económica que caracterizó a 2009. No obstante, los expertos coinciden en que la situación es mejor que en 2007.
Desde hace ya más de una semana, cuando el frío llegó desde el Sur, el Gobierno comenzó a cortar el suministro de las grandes industrias, sobre todo, aquellas con contratos interrumpibles. Sin embargo, y a pesar de la negación oficial y de las distribuidoras, las estaciones de GNC (sobre todo en el interior) y los usuarios residenciales ya sufren las restricciones.
Además, en los últimos días, algunas empresas recibieron la "sugerencia" de otorgar licencia al personal, adelantar paradas de mantenimiento o adoptar otro tipo de medidas de reducción de la producción con el objetivo de no sobrecargar la demanda eléctrica.
Por otro lado, la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Estabilidad de Precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP), a través de su secretario ejecutivo e interventor en el Enargas, Antonio Pronsato, desmintió ayer que en la reunión en la Secretaría de Comercio se hubiesen evaluado modificaciones en el precio de venta al público de las garrafas.
Desde varios sectores se denunció que escasean desde hace días las garrafas a precios subsidiados por el Gobierno, lo que afecta a la franja social de bajos recursos, que son los que mayoritariamente utilizan el GLP.
Fuente: La Nación