Deuda en dólares: Luis Caputo ya prepara su "plazo fijo" para afrontar la dura prueba de enero

El ministro de Economía Luis Caputo intentará cerrar esta semana el 2025 con su apuesta más optimista del año. Conseguir financiamiento voluntario del mercado de capitales (en este caso local), para despejar las dudas que aún quedan sobre el cumplimiento de la Argentina del próximo gran vencimiento de deuda del 9 de enero próximo.

En esa fecha habrá que pagar unos U$S4.424 millones correspondientes a los bonos Globales y Bonares emitidos en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández. La intención del ministro de Economía será conseguir la mayor suma posible con la emisión de un nuevo Bono de la República Argentina (Bonar), con vencimiento en noviembre de 2027, que pagará intereses semestrales y una liquidación de capital al final de la vida útil del título.

Será una especie de plazo fijo a cuatro años con una tasa de interés del 6,5%. Al ser un Bonar tendrá legislación criolla, en lugar de los Globales que obedecen a legislaciones internacionales, en general Wall Street, o sea la Bolsa de Valores de Nueva York.

El peso de la deuda

El dato clave para tener en cuenta en la operación de hoy, es cuánto dinero consigue el ministro, y qué tan cerca o lejos está al final del día de los U$S 4.400 millones que deberán pagarse en enero. Además de por cuánto deberá recurrir a las reservas en el Banco Central el 9 del primer mes del 2026.

Una gran noticia sería si en la colocación del miércoles se llega a esa cifra; con lo que se despejaría el 100% de la duda por el primer vencimiento del año próximo.

Habría un problema si se consigue más dinero que el necesario para el 9, ya que algún polemista podría cuestionar la legalidad de la colocación, al superar el dinero necesario para el vencimiento. Y recurrir a la legalidad institucional que el Gobierno tiene prohibido emitir más deuda. En definitiva, una cosa es conseguir el dinero para rolear deuda, y otra aumentarla.

Pedido de waiver al FMI

Terminada la incógnita del 9 de enero, comenzará el tiempo para atender los otros dos problemas serios de Caputo y el Palacio de Hacienda. Como hará para mejorar la performance de las reservas y que el FMI acepte el waiver (perdón) por el incumplimiento de la meta.

El Ministerio de Economía deberá trabajar en el diseño de una estrategia que incluya un cambio radical en la política cambiaria del primer semestre de este año. Para el período de liquidación de soja de 2026 (entre marzo y julio), el Ministerio de Economía deberá mostrar una clara tendencia a la compra de dólares y al incremento de las reservas del Banco Central.

Esto es un sí o sí tripartito. Es una exigencia conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Tesoro de los Estados Unidos y los mercados financieros. Se lo dejaron en claro al Palacio de Hacienda, tanto el organismo que conduce Kristalina Georgieva, como el secretario del Tesoro Scott Bessent y los hombres y mujeres del JP Morgan que trabajaban en el préstamo de los 20.000 millones de dólares, mutado ahora en un REPO (Repurchase Agreement) por U$S5.000 millones para cumplir con el vencimiento de pago de deuda local del 9 de enero.

El juego de Trump y Bessent

Si igualmente se necesitara de todo o parte del dinero de Donald Trump (el swap) para el segundo cumplimiento, el del 9 de julio del 2026, habría dos opciones. O un simple swap de monedas (mecanismo de recambio de pesos por dólares sin registro en la cuenta de pasivos monetarios) o una recompra de bonos en poder del Estado nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Habrá luego que pensar en el pago de los U$S4.300 millones del 9 de julio, también correspondientes a los Bonares y Globales reestructurados en octubre del 2020. Y si para ese vencimiento habrá que pensar en un humilde mecanismo de REPO por unos U$S 5.000 millones.

Sin intervención del Tesoro y con garantías propias de las entidades financieras, con la activación del swap firmado con los Estados Unidos, o reactivando el programa de créditos con bancos norteamericanos que estaba organizando el JP Morgan y que quedó momentáneamente suspendido hasta después del pago de enero. Y hasta que se sepa que posición aplica Economía con la compra de reservas para reforzar los activos del Banco Central.

Dura negociación

Habrá que negociar durante el segundo semestre del año si se puede reactivar el apoyo por los U$S15.000 millones restantes, para garantizar los tres pagos que le quedaran al gobierno de Javier Milei, en el resto de su gestión hasta diciembre del 2027.

Y si este dinero proviene de la reactivación del préstamo de los bancos privados que operan en Wall Street o si se debe recurrir al mercado financiero internacional voluntario de colocación de deuda, para lo que Argentina deberá garantizar un riesgo país inferior a los 400 puntos básicos.

El problema de Bessent para ser el garante de la emisión de deuda financiera surgió a comienzos de noviembre. Y es estrictamente político. La deuda que se negociaba con los bancos privados, estaba diseñada, en principio, a una duración de 10 años. Esto quiere decir que vencía teóricamente en enero del 2036. Hasta ese tiempo debía coexistir el pasivo con la garantía del Tesoro de los Estados Unidos.

El problema técnico surgió cuando legalmente se debía implementar un esquema de garantías financieras que permanezca durante 20 semestres, augurando que el país cumpla con el pago del vencimiento. Y si, no lo hiciera, sería el Tesoro el que cubriría ese default local. Como se ve, ese tiempo excede la duración de la gestión de Javier Milei y su elenco de conducción económica, aún cuando eventualmente Milei sea reelegido para otros cuatro años en el 2027.

Esto sería, hasta diciembre del 2031. Cinco años antes del vencimiento de la vida útil del bono emitido por los bancos norteamericanos con la venia del Tesoro de EEUU. Para esa época, las eventualidades políticas de los dos países involucrados en la operación, son un lógico misterio. Aventurar si en Estados Unidos continuará un gobierno republicado que mantenga la garantía es, quizá, más fácil de anticipar; ya que se trata de una institucionalidad probada en el tiempo.

¿Amenaza de default?

El problema es en Buenos Aires, donde la posibilidad de un default, por el pésimo currículum financiero internacional criollo (tres desde 1983, la recuperación de la democracia), hacen que la alternativa de un incumplimiento esté permanentemente al acecho. Y que la necesidad eventual de la presencia del Tesoro deba estar siempre a tiro.

El tema es que si el país entrara en una crisis financiera (nunca hay que descartarla) y se necesitara recurrir a un rescate de esta deuda (que la pague el Tesoro), debería dar explicaciones Bessent y su gente. Quienes además deberían aplicar un esquema de poleas de seguros para cubrirse, tanto monetaria como legalmente de la posibilidad de una trapisonda financiera de no pago desde Buenos Aires.