Rutas nacionales: sí a las obras, no a la entrega de recursos mendocinos
Desde el Partido Verde presentamos un recurso administrativo contra el decreto mediante el cual el gobernador aprueba un convenio para ejecutar obras sobre rutas nacionales.
El Partido Verde ha presentado un recurso administrativo de revocatoria con medida cautelar contra el Decreto N.º 1165/2025, mediante el cual el gobernador de la provincia de Mendoza aprueba un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad. Este acuerdo compromete más de 200 millones de dólares del presupuesto provincial para ejecutar obras sobre rutas nacionales, sin ley, sin reembolso y sin mecanismos de control.
La presentación fue realizada por quien suscribe, en mi carácter de presidente del Partido Verde, junto al senador provincial Dugar Chappell y el diputado provincial Emanuel Fugazzotto. Esta acción institucional tiene por objeto resguardar la legalidad presupuestaria, la equidad federal y los derechos de los usuarios viales mendocinos.
La Nación debe asumir lo que le corresponde
Desde el Partido Verde sostenemos que el mantenimiento y ejecución de obras sobre rutas nacionales es una responsabilidad exclusiva del Estado Nacional. Para ello existe un impuesto específico —el Impuesto a los Combustibles, establecido por la Ley 23.966— que financia el Fondo Vial Federal. Los mendocinos ya aportamos a ese fondo cada vez que cargamos combustible.
Si el gobernador considera que existe una emergencia vial en el territorio provincial, su deber institucional es intimar al Estado Nacional a cumplir de inmediato con sus obligaciones legales. Y, en caso de negativa o inacción, podrá la provincia iniciar las obras, pero exigiendo por vía administrativa y judicial la restitución íntegra de cada peso invertido, tal como prevé el régimen federal argentino.
Lo que no puede aceptarse es firmar un convenio que —sin respaldo legal ni control parlamentario— impone a la provincia la obligación de ejecutar obras federales a su exclusiva cuenta y cargo, y además le prohíbe reclamar compensación alguna.
Peaje sin obra terminada y sin ley: una carga injustificable
El convenio también prevé la instalación de peajes sobre los tramos intervenidos, incluso antes de que las obras se realicen. No se establece un cronograma, ni existe una ley que habilite dicha concesión. Tampoco hay rutas colectoras como exige el principio de libre tránsito.
En este contexto, el usuario mendocino terminaría pagando tres veces por el mismo servicio: con los impuestos nacionales, con los recursos provinciales y luego con una tarifa vial. Sin haber sido consultado. Sin estudios técnicos. Y sin transparencia sobre el destino de esos fondos.
Nos preocupa, además, que se superpongan mecanismos de obra pública estatal con eventuales concesiones privadas, generando riesgos de discrecionalidad, sobreprecios y falta de control efectivo.
Una violación al orden constitucional y al interés público
El convenio aprobado por el gobernador de Mendoza infringe múltiples normas de jerarquía constitucional:
- El artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, que prohíbe la transferencia de funciones sin ley del Congreso y reasignación de recursos.
- El artículo 99 inciso 3 de la Constitución de Mendoza, que impide al Poder Ejecutivo comprometer fondos sin ley del presupuesto.
- El artículo 41 de la misma Carta Magna provincial, que exige ley especial para cualquier endeudamiento o afectación del erario.
- El artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza a los consumidores y usuarios condiciones justas, información clara y trato digno.
Tampoco se ha cumplido con las leyes ambientales y de ordenamiento territorial, ni se han presentado dictámenes del Tribunal de Cuentas, estudios técnicos de impacto ni licitaciones.
El Partido Verde actúa para evitar un daño irreparable
El recurso presentado solicita:
- La nulidad total del Decreto N.º 1165/2025 y del convenio anexo.
- La suspensión inmediata de sus efectos.
- Y el restablecimiento de una política vial provincial alineada con el régimen constitucional argentino, que respete el control legislativo, el federalismo fiscal, y los derechos de los usuarios.
Nuestro compromiso con rutas modernas, seguras y rápidas es absoluto. Pero no aceptamos que se realicen a costa de sacrificar los recursos provinciales, ni mediante esquemas de peaje sin sustento legal ni transparencia, y mucho menos en un contexto donde la obra pública estatal aparece vinculada a decisiones sin control parlamentario ni participación ciudadana.
Desde el Partido Verde seguiremos trabajando por un modelo de infraestructura pública con legalidad, previsibilidad y justicia. Porque la defensa del usuario vial también es una forma de defender la soberanía institucional de Mendoza.