AySAM: incrementos sin control y un nuevo aumento que afecta a los mendocinos

El Gobierno de Mendoza analiza la aprobación de un nuevo incremento del 33,3% en la tarifa del agua para empezar el año 2025. Este ajuste se suma a los aumentos desmesurados de los últimos años, que han llevado a que el servicio acumule un incremento superior al 440% solo en 2024. Mientras las tarifas se elevan, la calidad del servicio sigue empeorando llegando a tener barrios enteros sin agua por días y sin presión por semana, sin inversiones visibles que justifiquen los aumentos.

El gobernador no puede convalidar este ajuste, ya que las proyecciones económicas en las que se basa AySAM no reflejan la realidad. La inflación viene en descenso y el tipo de cambio se mantiene estable, lo que desmiente la necesidad de trasladar un incremento de esta magnitud a los usuarios. Justificar un aumento con datos incorrectos significa cargar sobre las espaldas de los mendocinos un costo injustificado, que solo beneficia a la administración de la empresa que ha mostrado y muestra la burocracia ineficiente y oscura.

Una gestión ineficiente con costos inflados

El acceso al agua es un derecho humano fundamental, pero en Mendoza, este derecho se ha convertido en un negocio administrado de manera opaca y sin control. AySAM, en lugar de garantizar un servicio eficiente y equitativo, ha convertido su estructura en una máquina de recaudación basada en aumentos tarifarios, sin rendición de cuentas sobre el destino de los fondos.

Las proyecciones de la empresa han sido infladas para justificar aumentos, cuando la inflación y el dólar no acompañan esas cifras. En 2024, AySAM trabajó con una inflación estimada del 122,9%, mientras que la real fue mucho menor. Para 2025, proyecta un dólar a $1.514,6, cuando los cálculos más recientes indican una estabilidad cambiaria con un valor cercano a los $1.200. Este desfase entre la realidad económica y las previsiones de la empresa pone en evidencia que el incremento del 33,3% es arbitrario y no responde a una necesidad estructural.

El problema del uso de los fondos

Cada usuario de AySAM paga un "Cargo para Inversiones" en su factura, un concepto que, en teoría, debería destinarse a mejorar la infraestructura hídrica. Sin embargo, el estado del servicio sigue siendo precario: la presión del agua es baja, los cortes son frecuentes y las pérdidas en la red continúan sin resolución.

En cambio, los informes financieros de la empresa muestran que buena parte de los ingresos se destinan a costos administrativos y operativos en lugar de infraestructura. Mientras tanto, el déficit de la empresa se mantiene, lo que significa que, a pesar de los aumentos, la administración sigue sin encontrar un equilibrio financiero.

Un sistema sin control ni auditoría independiente

Uno de los problemas centrales de AySAM es su falta de control externo. Aunque es una sociedad anónima, el Estado provincial es su único accionista y designa tanto a su presidente como a su directorio. Esto impide cualquier tipo de auditoría independiente y permite que la empresa opere sin una regulación efectiva. Además, el organismo encargado de fiscalizarla, el Departamento General de Irrigación, también responde a intereses gubernamentales, lo que cierra cualquier posibilidad de revisión imparcial.

Esta falta de supervisión real permite que se sigan aprobando aumentos sin que exista una evaluación técnica sobre su necesidad. Mientras no haya una auditoría externa que revise los números de AySAM y establezca criterios objetivos para definir las tarifas, los usuarios seguirán pagando aumentos que no se reflejan en mejoras del servicio.

La necesidad de un cambio de gestión

El agua es un recurso esencial que no puede quedar en manos de una administración politizada y sin control externo. Para evitar que la crisis del agua en Mendoza siga profundizándose, es necesario transformar AySAM en una verdadera sociedad anónima con una gestión profesional y transparente.

El presidente y el directorio deben ser designados mediante concurso público de antecedentes y experiencia en la gestión de servicios públicos y empresas privadas, eliminando la injerencia política en sus nombramientos. Además, se debe implementar un sistema de auditoría externa internacional para garantizar transparencia y control sobre el uso de los fondos.

Asimismo, la participación de los usuarios en el gobierno de la empresa debe estar asegurada mediante instancias de consulta y control ciudadano, permitiendo que la comunidad tenga voz en la planificación y administración del recurso.

Los mendocinos no pueden seguir sosteniendo con su bolsillo una administración ineficiente que prioriza la recaudación sobre el servicio. Es momento de no aumentar sino de que el Gobierno vaya a un modelo de gestión profesional, con transparencia, auditoría independiente y participación ciudadana, garantizando un acceso digno y sostenible al agua.