A partir de ahora, la suerte del fiscal de Luján-Maipú Fernando Giunta dependerá de sus contactos políticos para poder zafar del proceso de jury de enjuiciamiento para su destitución. En lo que respecta a la causa penal que hay en su contra, la fiscal de Delitos Complejos Claudia Ríos firmará en las próximas horas el decreto en el que dejará asentado que hay motivos suficientes para que Giunta sea acusado por fraguar una causa, inventar testigos y tomar esos datos como ciertos para mandar a una persona a la cárcel e imputarla por homicidio.

Giunta quedó en la mira judicial luego de que un testigo arrepentido confirmara que fue obligado a declarar en la causa iniciada por la muerte de Marcos Cardoso. Denunció que fue instigado a decir que había visto cómo y quién había asesinado al chico el 19 de agosto del año pasado. Ese plan habría sido preparado por el magistrado, efectivos de la Comisaría 11 y miembros de la Dirección de Inteligencia Criminal que respondían directamente a Carlos Ciurca, quien por esos días se desempeñaba como ministro de Seguridad.

El “caso Cardoso” no fue uno más ni para Giunta ni para Ciurca. El supuesto esclarecimiento hizo trascender al fiscal públicamente y “coronó” la salida de Ciurca de Seguridad. Y de ese modo, se acallaron las voces que habían comenzado a cuestionar el rebrote delictivo en la provincia.

El testigo en cuestión era Ricardo Ferreyra, un ex presidiario que había sido imputado por Giunta en un robo, después liberado y posteriormente convertido por el mismo fiscal en testigo clave de algo que nunca vio.

La denuncia contra Giunta y contra los policías fue instruida por la fiscal Claudia Ríos. Una de sus primeras medidas fue hacer una inspección en el lugar donde, según la declaración del testigo falso, habían lanzado a Cardoso a un cauce de agua. De ahí en más, la causa siguió el único camino posible.

Las pericias determinaron que el testigo mintió; que desde la posición en la que dijo estar había sido imposible ver algo y que todo era parte de una misma historia inventada. Unos días más tarde, la imputación contra tres policías de la Comisaría 11 confirmó los presagios.

Una vez con los policías fuera de juego, Ríos solicitó directivas al fiscal de Cámara Felipe Seisdedos. Las pruebas eran concretas y había más de un motivo para dudar del accionar de Fernando Giunta como máximo responsable de la investigación por la muerte de Cardoso.

La bajada de línea de Seisdedos despejó todas las dudas. Dio instrucciones a Ríos para avocarse contra su colega y que cumpliera con los requisitos formales para una acusación semejante y el pedido de desafuero. Ahora, la última palabra, estará entre los integrantes del jury.