Tras una -por momentos- tensa reunión en el cuarto piso del Poder Judicial con el jefe de los fiscales, Rodolfo González, el ministro de Gobierno volvió a despegar al Ejecutivo del escándalo vinculado a la productora Off Side, criticó al fiscal Eduardo Martearena por hacer declaraciones bíblicas y aseguró que la primera víctima del Caso Cadillacs fue el propio Gobierno.

"El mayor perjudicado público y político por el accionar de la doctora Rumbo fue el Gobierno", manifestó Adaro en la tarde de este viernes, para luego descartar que la fiscal subrogante -Virginia Rumbo- y el de Delitos Complejos -Martearena- sean "víctimas".

En ese tenor discursivo, negó también que Beatriz Barbera, con su renuncia, se convierta en la primera víctima del caso Cadillacs. En todo caso, para Adaro, "la primera víctima del caso Cadillacs es el Gobierno, con el gobernador en la conducción".

Que Martearena baje el tonito

El ministro político de Celso Jaque salió a refutar lo que él consideró como versiones periodísticas pero que, en rigor, fue proclamado a los cuatro vientos por el mismo fiscal Martearena: que el allanamiento a sus oficinas era "una cama que me están haciendo" por su investigación de oficio en el escándalo por el subsidio de 350 mil pesos a una productora por parte del Gobierno.

"A González le manifesté la preocupación por los últimos hechos ocurridos, porque entendemos que el accionar de la fiscal Rumbo generó un perjuicio para el Gobierno provincial, por el contexto en el que se dio", indicó Adaro, buscando despejar las principales dudas que se concentraron en torno al Ejecutivo.

Sin embargo, la estrategia del Ejecutivo no sólo fue solicitarle una investigación a la Justicia -a través del Procurador General de la Corte, González-, sino también salir a criticar la forma en que Martearena se expuso como "víctima" ante la medida judicial de la que fue objeto de investigación.

"También nos preocupa las manifestaciones públicas de Martearena, porque tergiversan el rol que debe tener, le quitan seriedad a la investigación", apuntó el funcionario, aludiendo a una frase del propio fiscal: "Fundamentalmente cuando sostuvo que lo que se abría eran las puertas del infierno y lo que él tiene que procurar es que se abran las puertas de la justicia. Salvo que él considere que en el infierno está la verdad".

Esto derivó en un pedido para que González llame la atención del fiscal de Delitos Complejos y que lo acote a "la seriedad de sus declaraciones y que esté a la altura del cargo que ejerce".

La estrategia del Gobierno, entonces, es colocar la presión en el campo de juego de la Justicia, al solicitarle a González que investigue si hubo presión o no por parte de un miembro del Ejecutivo, pero deslindando cualquier investigación dentro del propio gobierno.

Y que se refuerza en un llamado del gobernador Celso Jaque al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, para que -en palabras de Adaro- "no se desvirtúe este camino institucional por el accionar de algunos miembros de la Justicia", en clara alusión a lo incómodo que resulta Martearena para el Gobierno.

Todos los caminos conducen a...

Adaro negó asimismo cualquier vinculación política entre Pablo Cazabán, hermano del secretario general de Gobierno -Alejandro- y el Ejecutivo: "La única relación que existe es que es hermano de un funcionario", indicó, relativizando así la participación política del socio de Guillermo Gorelik, el asesor legal que pidió a la fiscal Virginia Rumbo "allanar" las oficinas de Delitos Complejos.

"Ese es el único rol que existe. Cazabán no puede ser cuestionado por sus lazos familiares", definió el ministro político en defensa del asesor de Jaque.

Voces elevadas en el Palacio Judicial

Las voces alcanzaron, en varios momentos, tonos elevados en la soledad del largo corredor del cuarto piso de Tribunales. Habían pasado minutos después de las 18 y el ministro político de Jaque estaba reunido con el jefe de los fiscales para plantearle las quejas respectivas por sentirse perjudicados políticamente.

Al salir, no sólo Adaro se sorprendió de la presencia de unos pocos periodistas que pudieron escuchar los duros reclamos que se cruzaron ambos funcionarios.

Al respecto, González explicó que iniciará una investigación a través del ministerio público para determinar si la fiscal Rumbo obró correctamente al intervenir en las oficinas de Delitos Complejos. Los resultados de esta investigación los tendrá en una semana, ni bien la fiscal le explique quién le ofreció la prueba, qué prueba pidió ella y qué fue lo que le autorizó el juez.