Con casi una hora y media de demora, comenzó esta mañana la sesión especial para tratar el proyecto oficial de Ley de Medios.
  
La convocatoria se concretó luego de que ayer el oficialismo, con apoyo de otros bloques, logró que se emitiera un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de Comunicaciones, Presupuesto y Hacienda y Libertad de Expresión. Pero hay un gran escándalo, porque la oposición aduce que no les dejaron ver las modificaciones del proyecto, y que la sesión es nula porque se violaron varios reglamentos. Al respecto, varios diputados plantearon cuestiones de privilegio.
  
La iniciativa contiene más de doscientas modificaciones con respecto al proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso.

Uno de los primeros oradores fue el diputado oficialista Manuel Baladrón que ratificó la "legitimidad" del Congreso para tratar el proyecto de la Ley de Medios y rechazó que haya "premura" para aprobar la iniciativa.
  
"Vamos a seguir legislando como lo hicimos desde el primer día con el mismo compromiso y responsabilidad", enfatizó Baladrón, al rechazar que el proyecto deba analizarse después del 10 de diciembre próximo.

El legislador sostuvo que "la Argentina ha esperado con ansiedad desde el año 1983" la aprobación de una norma que regule los medios audiovisuales.
  
"No es cierto, no hay premura sino que estamos cumpliendo con nuestra obligación", subrayó.
  
El legislador pampeano subrayó además que "acá hay una pulseada de poder" y que se dirime "ver quiénes son los que hacen las próximas transformaciones en la Argentina, si la hacen las corporaciones o se hacen desde la política".

La principal modificación a la norma impulsada por el oficialismo y anunciada el lunes pasado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es la eliminación de la participación de las empresas de telefonía nacional en la explotación de señales televisivas, con la salvedad de las cooperativas telefónicas del interior del país.

Sobre el tema, la empresa Telefónica sentó ayer su posición en un comunicado en el que señaló que "la decisión de excluir a las empresas de telecomunicaciones de brindar servicios convergentes va a contramano de lo que sucede en países como Estados Unidos, Alemania, Brasil, Chile, entre otros" y agregó que "sin duda se abre una brecha entre la Argentina y su futuro".

Otro de los cambios al proyecto original está vinculado con la conformación de la Autoridad de Aplicación que pasará de 5 (como establecía la primera redacción) a 7 miembros: 2 por el Poder Ejecutivo, 3 propuestos por la comisión bicameral de seguimiento de la comunicación audiovisual (uno por la primera minoría, otro por la segunda y el último por la tercera minoría) y 2 por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

Asimismo, la Autoridad de Aplicación, cuyos miembros tendrán una duración en el cargo de 4 años -que deberán ser renovados dos años antes de la finalización del mandato presidencial- será un organismo autárquico y descentralizado, en el ámbito del Poder Ejecutivo y no en el de la Secretaría de Medios de la jefatura de Gabinete de Ministros.

La remoción de los miembros de la autoridad de Aplicación, asimismo, deberá ser aprobada por los dos tercios del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

Por otro lado, se acordó que, en lugar del 20 por ciento la producción local independiente sea del 30 por ciento, cuando se trate de estaciones localizadas en ciudades con más de un millón quinientos mil habitantes.

En tanto, cuando se encuentren en poblaciones de más de 600 mil habitantes deberán emitir un mínimo del 15 por ciento de producción local independientes y un mínimo de 10 por ciento en otras localizaciones.

A través del proyecto se crea además, una comisión bicameral de control de la autoridad de aplicación, un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y la figura del Defensor Público de consumidores de servicios audiovisuales.

Los primeros discursos

En los primeros discursos, varios diputados de la oposición plantearon la nulidad de la sesión, porque comenzó a funcionar después de la espera reglamentaria, porque los diputados no pudieron acceder al texto completo, y porque no tuvieron tiempo físico de tratarlo en las comisiones.

Todos estos planteos pasaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales, y podrían después dar lugar a planteos de ilegalidad de la ley.

Hasta ahora hablaron el mendocino Jorge "Pampa" Alvaro (acusó a Daniel Vila de extorsionar a los legisladores), Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Silvana Giudici, entre otros.

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