YPF: el antecedente del apoyo de Estados Unidos en el "Juicio del Siglo"

Estados Unidos confirmó que se presentará como “Amicus Curiae” de la Argentina ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, reclamando por dos principios: una revisión del monto total de la deuda del país con los demandantes ganadores, y que llega a los U$S 16.000 millones; y que el 51% de las acciones de YPF se separen de la causa. Y que, en todo caso, se abra una instancia negociadora entre el país y los fondos Burford Capital e Eton Park, vencedores en la primera instancia judicial en el tribunal Loretta Preska.

La decisión de ejecutar esta presentación no apunta al caso de fondo de septiembre de 2023, cuando la jueza determinó que Argentina era culpable del caso por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012; decisión que el país apeló y que ahora se encuentra en instancia de la Corte de Apelaciones. La presentación del gobierno norteamericano sólo apunta a las acciones de YPF, indirectamente al monto de la deuda y al llamado a discutir un acuerdo con los demandantes

Si bien el apoyo de los Estados Unidos es importante, hay que entender, en realidad, que esta posición no determina ningún resultado favorable para Argentina, ya que es una tradición que en ese país el sistema judicial funcione como un real poder independiente. Y que las opiniones del Poder Ejecutivo sólo sean un aporte para la causa.

El antecedente del apoyo de Estados Unidos a YPF

Argentina tiene un antecedente de apoyo del gobierno norteamericano en una causa algo similar: la de los fondos buitre que vencieron en el “Juicio del Siglo” luego de la renegociación de la deuda de 2006.

Fue cuando a través del Departamento de Estado, el gobierno de Barak Obama se presentó ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, también como "amicus curiae" de la Argentina, para apoyar al país en su disputa con los fondos especulativos que buscaban el pago total de la deuda reestructurada. Fue en dos oportunidades. La primera en abril yla segunda en noviembre, siempre del 2012, y ante el tribunal de apelaciones; por entender que el tratamiento igualitario de los bonos en default con los reestructurados dispuesto por los tribunales puede afectar de forma adversa reestructuraciones de deuda soberana futuras.

El amicus curiae, presentado en ese año por el Departamento de Justicia de EE. UU., argumentó en contra de la posición de los fondos buitre, quienes buscaban embargar activos argentinos para asegurar el pago de la deuda. El gobierno de Barak Obama, en ese momento, manifestó su apoyo a la postura argentina, reconociendo la importancia de proteger las reservas nacionales y evitar un precedente que pudiera afectar la reestructuración de deudas soberanas.

Ese amicus curiae (un documento presentado por una persona o entidad que no es parte en un caso, pero que tiene un interés en el resultado y ofrece información o argumentos a la corte), tuvo además el valor agregado de haber sido enviado por el Departamento de Estado en tiempos en donde la relación entre los gobiernos de los dos países no era la mejor. Más concretamente, aquel 2012 era uno de los años donde menos contactos había entre Cristina Fernández de Kirchner y Obama, con lo que el presidente de los Estados Unidos quiso simplemente enviar un mensaje a la Justicia para que se entienda la posición de su gobierno y la alerta sobre futuras colocaciones de deuda. No es igual a esta época, donde la buena sintonía entre Javier Milei y Donald Trump es manifiesta.

Qué decía el escrito de los Estados Unidos

En aquel escrito de Obama, el gobierno de Estados Unidos realizó una presentación ante la Corte Suprema de ese país donde respalda la posición argentina en una disputa con los fondos buitre. El amicus curiae del Departamento de Justicia argumentaba en contra de la autorización otorgada a esos inversores especulativos para que busquen información sobre activos y cuentas argentinas en el exterior con el fin de embargarlos. El escrito del fiscal general del Estado, Donald Verrilli, quien firmó el documento, advertía sobre las consecuencias diplomáticas y económicas para Estados Unidos de sostener el instrumento que habilitó a uno de los fondos demandantes en aquel juicio, el NML Capital, a recabar esos datos. El texto del gobierno norteamericano iba directamente a cuestionar la decisión del entonces juez Thomas Griesa y la Cámara de Apelaciones de Nueva York en diferentes instancias del proceso judicial.

El respaldo de Estados Unidos a la posición del gobierno argentino correspondía a una causa satélite en la disputa con estos fondos especulativos, que reclaman 1330 millones de dólares por sus tenencias en títulos defolteados. A comienzos de 2014, la Corte Suprema estadounidense aceptó el pedido de la Argentina para revisar el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que autorizó a los buitres a buscar activos embargables del Estado nacional en el exterior. Las inconsistencias que existían entre el fallo de la Cámara del Segundo Distrito respecto de una sentencia previa del Séptimo Distrito (Cámara Federal de Nueva York) fueron relevantes para que los supremos trataran el caso. Pero el apoyo brindado por el gobierno de Estados Unidos también jugó un rol determinante para que la Corte Suprema convalidara el pedido argentino.

El amicus curiae presentado por Verrilli enfatizaba el “interés sustancial” de Estados Unidos “en la correcta interpretación y aplicación de las provisiones de la ley de inmunidad soberana y en el tratamiento a los Estados extranjeros en las Cortes de Estados Unidos”. En esa línea, sostenía que “permitir más examinación de los bienes de un país extranjero por parte de los tribunales de Estados Unidos podría minar los propósitos de la ley de inmunidad soberana y tener un número de consecuencias adversas”. Desde la visión del fiscal general de Estado, convalidar la visión buitre “invadiría sustancialmente la soberanía de un Estado extranjero en un área especialmente sensible”. Además, advierte que permitir el acceso a información de bienes de Estados soberanos “podría llevar a un tratamiento recíproco adverso para los Estados Unidos en tribunales extranjeros”, así como “amenazaría con hacer daño a las relaciones exteriores en forma más general”.

La última decisión favorable para la Argentina

Mientras tanto el gobierno de Javier Milei continuaba ayer con su satisfacción por la decisión del martes de la Cámara de Apelaciones de suspender la ejecución del avance sobre el 51% de las acciones de YPF, y respaldó la estrategia del estudio Sullivan & Cromwell (S&C) que se había adelantado la semana pasada a pedir esta acción de la Camara, para frenar la embestida de la magistrada. Esto antes de conocer la decisión final de Preska del lunes pasado, de dejar firme su resolución sobre las acciones y amenazar con declarar al país en desacato por no entregar esos papeles. La Camara determinó que por tiempo indefinido no habrá resolución sobre esta situación; y que, lo más importante, el país no tendrá que desprenderse de los papeles de la petrolera.

La orden fue firmada por el juez Steven J. Menashi que dirige la causa en la Camara, durante una audiencia realizada en el Palacio de Justicia Thurgood Marshall, en la ciudad de Nueva York, una reunión pedida por el estudio que representa al país y reclamada ante la decisión de Preska de avanzar sobre las acciones. El tribunal de apelaciones tomó como consideración la imposibilidad de avanzar sobre los papeles de YPF en poder del Estado, ante la utopía que determinaría la aprobación de una ley para cumplir con el fallo. En este sentido, la decisión de la Camara de Apelaciones es también una sanción virtual hacia Preska.