Causa YPF: Sebastián Amerio pidió suspender las investigaciones hasta que se resuelva la apelación

La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) presentó ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York una moción de emergencia para detener el proceso de discovery solicitado por los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF. El pedido fue realizado a través del estudio jurídico estadounidense que representa al Estado argentino.

Se trata de la primera acción impulsada por Sebastián Amerio desde que asumió como Procurador del Tesoro la semana pasada. El organismo interviene en el mayor litigio internacional que enfrenta la Argentina, vinculado con la nacionalización de la petrolera ocurrida en 2012.

La causa se tramita desde hace más de diez años en el tribunal de Nueva York que encabeza la jueza Loretta Preska. En 2023, la magistrada dictó un fallo de primera instancia adverso para el país, que lo condenó a pagar unos USD 16.000 millones por la forma en que se llevó adelante la expropiación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con intereses acumulados, el monto reclamado ya supera los USD 18.000 millones.

Ese veredicto fue apelado por la Argentina y actualmente está bajo análisis de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Mientras se aguarda esa resolución, los demandantes —encabezados por el fondo Burford Capital— iniciaron distintas maniobras judiciales para acelerar el cobro.

Primera decisión de Sebastián Amerio

Entre esas iniciativas se incluyeron pedidos para obligar al Estado a entregar acciones de la petrolera, solicitudes para declararlo en desacato y argumentos destinados a demostrar que el Estado argentino y YPF funcionarían como una misma entidad jurídica.

Frente a ese escenario, la Procuración pidió detener de inmediato el “discovery” posterior a la sentencia, es decir, la etapa de intercambio y exhibición de documentación vinculada con la ejecución del fallo, hasta que la Cámara se pronuncie sobre la apelación principal.

Según explicó el organismo, el planteo busca suspender la producción de pruebas, los pedidos de sanciones y también la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril de 2026.

La presentación además recuerda que el Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó la posición argentina mediante un escrito presentado el 26 de febrero, donde advirtió que el proceso de discovery podría resultar excesivamente intrusivo, afectar principios de reciprocidad internacional y generar preocupaciones en materia de política exterior. Ese organismo también solicitó participar de manera oral en la audiencia prevista para el 16 de abril, vinculada con la apelación sobre la eventual entrega del 51% de las acciones de YPF.

En su escrito, el Estado argentino sostiene que existen fundamentos sólidos para revertir el fallo de primera instancia. Entre otros argumentos, menciona la supuesta incorrecta aplicación del derecho argentino y la doctrina del forum non conveniens, que cuestiona la jurisdicción del tribunal estadounidense para tratar el caso.

Perjuicio irreparable

La Procuración advirtió además que continuar con el proceso de discovery podría generar un perjuicio irreparable para la soberanía nacional y afectar la previsibilidad necesaria para las relaciones financieras internacionales del país. También señaló que avanzar con esa etapa podría derivar en ineficiencias procesales si la decisión de fondo deja sin efecto las discusiones vinculadas con la ejecución de la sentencia.

El organismo detalló que, hasta ahora, Argentina cumplió ampliamente con las órdenes judiciales emitidas en el proceso. Según precisó, ya entregó más de 115.000 páginas de documentación y permitió cerca de 37 horas de testimonios brindados por siete funcionarios de alto rango.

Además, en relación con dispositivos personales, se aportaron más de 800 páginas adicionales de material y 86 notas de voz. A pesar de ello, los demandantes solicitaron que el país sea declarado en desacato y reclamaron sanciones que el Gobierno considera desproporcionadas e improcedentes.

En el documento presentado ante la Cámara, la defensa argentina sostiene que suspender el discovery es la decisión correcta en esta etapa del litigio. Argumenta que el país tiene posibilidades de imponerse en la apelación, que la continuidad de las investigaciones podría causar daños irreparables y que los demandantes no sufrirían perjuicio alguno si se concede la pausa solicitada.

La presentación también afirma que, mientras se espera la resolución de la Cámara, los demandantes han transformado la producción de pruebas “en un circo”, al multiplicar pedidos y maniobras vinculadas con la ejecución del fallo.

Cambios en la Procuración del Tesoro

La solicitud judicial se produjo apenas horas después de que el Gobierno oficializara cambios en la conducción de la Procuración del Tesoro.

El viernes se confirmó el nombramiento de Sebastián Amerio como nuevo titular del organismo. A su vez, Santiago María Castro Videla, quien estaba al frente de la institución, pasó a ocupar el cargo de subprocurador.

De esta manera, se suma a los otros dos subprocuradores ya existentes: Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija.