Estados Unidos respaldó a la Argentina ante la jueza Preska en el juicio por YPF

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se presentó ante la Corte de la jueza Loretta Preska en respaldo de la República Argentina frente al pedido de sanciones y desacato promovido por los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF.

En un documento de 29 páginas, el gobierno estadounidense advirtió que los litigios contra Estados soberanos en tribunales de ese país pueden tener implicancias en materia de política exterior y afectar el trato recíproco que reciba Washington ante la justicia de otras naciones.

Rechazo a las sanciones impulsadas por Burford

El escrito sostiene que la moción presentada por los demandantes no se ajusta a los principios de cortesía internacional ni a la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA). Por eso, pidió que se rechacen las sanciones de preclusión, inferencias adversas y multas por desacato contra la Argentina.

Además, la presentación remarcó que el país cumplió “de buena fe” con el proceso de discovery durante más de dos años, entregando más de 115.000 páginas de documentación. Según el texto, pese al acceso a esa información, los demandantes no lograron pruebas que respalden sus acusaciones.

El conflicto por el intercambio de pruebas

La disputa se centra en la etapa de discovery, donde los beneficiarios del fallo —liderados por el fondo Burford Capital— sostienen que la Argentina incumplió órdenes judiciales de entrega de información.

Los demandantes solicitaron que se declare al país en desacato y que se le aplique una multa coercitiva de un millón de dólares diarios hasta que entregue comunicaciones privadas de funcionarios y detalles sobre activos soberanos.

Qué reclama el fondo demandante

Burford Capital formalizó el pedido de sanciones a principios de año, denunciando una supuesta conducta de “mala fe” por parte de la defensa argentina. El fondo sostiene que no se entregó información “off-channel”, como mensajes de WhatsApp y correos personales de funcionarios actuales y exfuncionarios.

Entre los nombres mencionados figuran el ministro de Economía, Luis Caputo, y el exministro Sergio Massa. Según los demandantes, el país utilizó tácticas dilatorias para evitar que se identifiquen activos embargables para cobrar la sentencia.

Riesgos económicos y presión judicial

Además de la multa diaria, Burford pidió que el tribunal considere que entidades como el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF funcionan como un “alter ego” del Estado, lo que facilitaría el embargo de activos.

En la visión de los fondos, una sanción de un millón de dólares por día —que sumada a los intereses del fallo elevaría el costo diario a unos 4 millones— sería la única herramienta para forzar el cumplimiento de las órdenes judiciales.