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La despidieron porque no tenía el título legalizado y la Justicia falló a su favor

Una enfermera fue despedida en 2020 por no presentar su título legalizado. Demandó a la clínica de Lomas de Zamora y la Justicia falló a su favor.


Una mujer que trabajaba como enfermera en una clínica de Lomas de Zamora fue despedida en 2020 después de que la empresa le exigiera presentar su título habilitante. La trabajadora tenía un diploma obtenido en el extranjero, pero todavía estaba realizando el trámite para convalidarlo en Argentina. La Justicia consideró que el despido no había sido justificado.

La despidieron porque no tenía el título legalizado

El conflicto comenzó en junio de ese año. La clínica le dio un plazo de 72 horas para presentar la documentación y le advirtió que, si no lo hacía, sería desvinculada. La mujer respondió que su título estaba en proceso de convalidación. Sin embargo, el trámite había quedado frenado por las restricciones y la cuarentena de ese momento.

La trabajadora también sostuvo que la legalización del diploma nunca había sido una condición planteada por la empresa cuando fue contratada. Según su presentación judicial, la clínica conocía que el título estaba en trámite y aun así permitió que trabajara durante más de un año. Finalmente, los directivos decidieron despedirla con causa por no cumplir con el pedido de presentar la documentación.

Después del despido, la mujer llevó el caso a la Justicia. Allí también planteó que cobraba $46.874 mensuales y que el pago se realizaba de manera irregular. Además, afirmó que la empresa no efectuaba los aportes jubilatorios correspondientes. El expediente fue analizado por el Tribunal del Trabajo N.º 1 de Lomas de Zamora.

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Los jueces Sergio Saccardo, Lelia Rinaldi y Gustavo Budnik resolvieron de manera unánime que el despido había sido injustificado. Consideraron que exigir en apenas 72 horas un trámite que estaba paralizado por la pandemia había sido una decisión “apresurada e irrazonable”. También señalaron que la empresa había aceptado durante más de un año que la mujer trabajara mientras regularizaba su título.

El tribunal entendió que la clínica podría haber tomado otras medidas antes de despedirla. Entre ellas, mencionó una suspensión provisoria o una reubicación. Además, recordó que cuando un empleador invoca una justa causa debe demostrar que la falta cometida es lo suficientemente grave como para impedir la continuidad de la relación laboral. Para los magistrados, la empresa no pudo acreditar una urgencia que justificara el despido en ese momento.

Como resultado, la clínica fue condenada a pagar las indemnizaciones correspondientes por despido injustificado, además de una multa por no entregar a tiempo los certificados de trabajo. El capital original de la deuda era de unos $498.000, pero por el paso del tiempo y los intereses aplicados desde 2020, la suma final de la condena llegó a $16.707.924,76.