Una sentencia que expone las fallas del aborto legal
Una sentencia en Mendoza reabre el debate sobre el aborto legal, la responsabilidad del Estado y las consecuencias que siguen pagando las mujeres.
María del Valle González
Archivo.El 17 de diciembre del corriente año, la justicia de Mendoza dictó una sentencia(autos N° 279.261 caratulados “Fiore Lidia c/Provincia de Mendoza y Hospital Alfredo Ítalo Perrupato p/daños y perjuicios”) que deja en evidencia las contradicciones del relato oficial.
Mientras organizaciones se preparan para celebrar cínicamente cinco años de la legalización de la mal llamada “ley de interrupción voluntaria del embarazo”, un fallo judicial deja en evidencia el fracaso de su aplicación y la continuación de prácticas que lejos están de garantizar cuidado y seguridad. Una sentencia que vuelve a recordar la lamentable pérdida de María del Valle González, una de las primeras muertes en el contexto del aborto legal con reconocimiento judicial. María del Valle, una joven de 23 años, tenía proyectos, propósitos y una vida por delante. Buscó ayuda en un momento de profunda angustia, al someterse a un aborto farmacológico con misoprostol en el que sufrió complicaciones que no fueron detectadas ni atendidas a tiempo, confiando en un sistema de salud que le prometía acompañamiento y seguridad, pero que terminó fallando en un momento clave para su bienestar y su vida.
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Hoy, esta sentencia judicial vuelve a recordar su nombre y confirma lo que muchas mujeres sabemos: su muerte, como la de tantas otras, tuvo lugar por un sistema que no estuvo a la altura. ¿Cuál fue la conclusión? “Actividad irregular del Estado por apartarse de los estándares mínimos exigidos y responsabilidad institucional del sistema público de salud”. El tribunal acreditó el incumplimiento grave del protocolo IVE, deficiencias en el procedimiento y su seguimiento por un profesional médico competente, omisión en la detección oportuna de señales de alarma y demora injustificada en la atención hospitalaria. La sentencia deja en claro que no se trató de un hecho inevitable o aislado, sino de una cadena de omisiones que expuso a María a un riesgo que el propio Estado estaba obligado a prevenir y que tuvo relación directa con el desenlace fatal.
Por otro lado, se solicitaron medidas de no repetición, como la publicación de la sentencia, pedidos de disculpas públicas, la designación de un espacio con el nombre de María y la formación obligatoria del personal de salud, bajo el entendimiento de que una reparación integral no puede agotarse en un resarcimiento económico, sino que debe incluir medidas que eviten que hechos similares vuelvan a ocurrir. Sin embargo, la jueza rechazó ese pedido al considerar que el proceso civil de daños y perjuicios no es la vía adecuada, y que las garantías de reparación y no repetición, propias del sistema interamericano de derechos humanos, son remedios excepcionales, previstos para violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. De ese modo, el fallo deja expuesto un límite preocupante y es que este resarcimiento económico no asegura que el sistema cambie ni que otras mujeres no vuelvan a quedar expuestas a las mismas negligencias que derivaron en la muerte de María del Valle.
Además, surgen preguntas inevitables: si hablamos de aborto ¿no estamos acaso ante una práctica que implica la eliminación sistemática de personas por nacer en el vientre materno? ¿Y qué lugar ocupan las consecuencias profundas y, a veces, silenciadas que sufren las mujeres en la vulneración de derechos humanos? Este 30 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de la legalización del aborto en Argentina. Y frente a esta fecha, es necesario detenernos un momento, concientizar sobre el dolor que mujeres argentinas viven en silencio. No podemos ignorar que aquello que se aprobó de espaldas a la ciudadanía no está funcionando. Nos dicen que se trata de una muerte frente a miles de prácticas realizadas. Pero ¿desde cuándo la dignidad humana se mide en términos cuantitativos? ¿Desde cuándo una vida se relativiza en nombre de una estadística? Hay que animarse a hablar de las consecuencias reales que trae esta práctica nefasta y no callar frente a la violencia y las mentiras a la que exponen a tantas mujeres.
Hoy escribo como directora de Derechos Humanos de la Asociación Civil Frente Joven, pero también como mujer y como madre joven. Busco ser sincera. Jamás diré que la maternidad es algo fácil ni hablaré del tema con liviandad. Pero defender la dignidad de toda persona exige decir la verdad sin medias tintas, hablando desde el corazón, no desde el privilegio. Cuando se atraviesa un embarazo inesperado surgen dudas, miedos e incertidumbre. En repetidas instancias es necesario tomar decisiones que implican reorganizar los planes y postergar sueños. Existen momentos de cansancio, de soledad y de preguntas sin respuesta. Esa realidad no puede ni debe negarse. Y justamente por eso puedo decirlo con honestidad: una mujer no aborta porque esté empoderada, aborta porque está sola. Porque le hicieron creer que no habrá una red de contención, que nunca más tendrá tiempo para ella y que no tiene otra opción que la de terminar con la vida de su bebé. Porque el mensaje que recibe es que su embarazo es un problema a resolver rápido, no una vida que le traerá plenitud para siempre.
A las mujeres que hoy están atravesando un embarazo inesperado, a las que dudan, a las que tienen miedo y cansancio, quiero decirles que no están solas. Desde Frente Joven, como tantas organizaciones provida del país, elegimos acompañar, contener y estar presentes cuando más lo necesiten porque creemos que ninguna mujer ni sus hijos merecen enfrentar en soledad cualquier situación difícil.
Recordar a María del Valle es asumir responsabilidad para no volver a fallar cuando una mujer pide ayuda. Es comprometernos para que ninguna otra quede sola frente a una decisión que puede marcar su vida para siempre. Es volver a poner la vida en el centro y afirmar, de manera real, humana y presente, que toda vida, incluso cuando llega en el momento menos pensado, siempre merece ser elegida.
* María José López Lemos, Directora de Derechos Humanos de la Asociación Civil Frente Joven.

