Tecnofeudalismo: cuando el control de la información redefine el poder y amenaza a la democracia

La información de calidad es la clave para construir poder y rentabilidad. El poder consiste en lograr que otros actúen, o se abstengan de hacerlo, por convicción o por fuerza. Con la información adecuada se persuade mejor, se aplica la fuerza con mayor precisión y se alcanzan objetivos con menos costo. Cuando el poder recurre de manera excesiva a la fuerza, pierde legitimidad y termina debilitándose.

En la economía sucede algo similar

La rentabilidad depende de identificar qué quiere el consumidor y cuánto está dispuesto a pagar. Con esa información, más el capital necesario, se genera valor. Por eso, la información de calidad está en el centro de la política y de la economía, los dos grandes ejes que organizan nuestra sociedad. En Occidente, el juego político y económico se desarrolla dentro del modelo de democracia republicana. En el fondo, este sistema supone una forma de circulación informativa donde se prioriza la libre circulación de la información por sobre el orden. De allí surgen la libertad de expresión, la libertad de prensa, la publicidad de los actos de gobierno y la posibilidad de que el Poder Judicial, el Congreso y los medios controlen y cuestionen a quienes gobiernan. Esa dinámica permite corregir errores y mejorar las políticas públicas. Pero también tiene un costo. La intensidad del debate público y la presión de intereses sectoriales muchas veces demoran decisiones o las desvían hacia objetivos corporativos antes que sociales.

Con la información adecuada se persuade mejor

En Oriente, en cambio, predominan modelos donde el orden pesa más que la libre circulación de la información. El rol de la prensa, del Poder Judicial y de la libertad de expresión suele estar más restringido. Eso puede volver más persistentes los errores. Pero también permite, cuando las decisiones son acertadas, una ejecución más rápida y eficaz. Durante años se discutieron las virtudes de uno y otro modelo. Sin embargo, el problema principal no está ahí, sino en la capacidad, la formación y la ética de quienes los conducen. Ningún sistema funciona de manera eficiente si sus dirigentes no tienen preparación intelectual, criterio y valores orientados al bien común. Y aun cuando sean capaces, si carecen de ética, terminan reemplazando el interés público por fines personales, lo que conduce a la corrupción y al deterioro institucional.

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Hasta hace poco, quienes controlaban el flujo de información eran principalmente los Estados. Pero eso cambió con la llegada del tecnofeudalismo: la privatización de internet y de las infraestructuras digitales convirtió la información en un recurso controlado por grandes corporaciones. Estas plataformas ya no operan solo como empresas, sino como verdaderos feudos tecnológicos que concentran poder económico, social y político. Ese modelo se sostiene mediante la extracción de rentas y el aprovechamiento del trabajo no remunerado de los usuarios, que generan datos y valor sin participar de sus beneficios. Así, la creación de valor deja de orientarse al bien común y pasa a responder casi exclusivamente a la rentabilidad privada. El resultado es una concentración creciente del poder informativo en manos de pocas compañías.

Estas plataformas ya no operan solo como empresas

Al mismo tiempo, la política se vuelve cada vez más espectacular. La visibilidad, la apelación emocional y los discursos simplificados desplazan a la idoneidad y la ética como criterios de liderazgo. En ese marco prosperan figuras populistas y polarizantes. Donald Trump y Javier Milei aparecen como expresiones visibles de esta etapa. Frente a este fenómeno, Oriente y Occidente reaccionaron de manera distinta. China entendió que las grandes tecnológicas estaban apropiándose de una porción excesiva del excedente de los consumidores en áreas como comercio, finanzas, salud y educación. Consideró que ese proceso afectaba incluso decisiones familiares y ponía en riesgo la estabilidad social. Por eso intervino sobre gigantes como Alibaba y reguló sectores sensibles para bajar precios y limitar abusos. El mercado castigó esas medidas, pero China actuó desde una lógica de preservación del consumo y del equilibrio interno.

En Occidente, en cambio, Estados Unidos impulsó litigios antimonopolio contra empresas como Microsoft, Meta y Amazon, además de disputas vinculadas a inteligencia artificial y propiedad intelectual. Sin embargo, esas acciones no han modificado de manera sustancial la concentración del poder digital ni produjeron, hasta ahora, beneficios concretos para los consumidores. Más preocupante aún es que el proceso parece haber entrado en una nueva etapa. Ya no se trata solo de privatizar el flujo de información, sino de delegar decisiones de gobierno en corporaciones tecnológicas. El crecimiento de empresas como Palantir en áreas de seguridad, vigilancia, defensa y procesamiento de datos abre un escenario de gobernanza algorítmica con escaso control judicial, administrativo y democrático.

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El problema no es solo tecnológico, es ético y político

Cuando la lógica dominante pasa a ser la eficiencia pura, desligada de criterios morales y jurídicos, el riesgo es enorme. Esa eficiencia puede ofrecer ventajas tácticas momentáneas, pero en el largo plazo destruye legitimidad, agrava conflictos y genera consecuencias estratégicamente desastrosas. Privilegiar la eficiencia por sobre la ética puede parecer rentable o eficaz al principio, pero termina erosionando el sistema que pretende fortalecer. Por eso, la ética individual, aunque indispensable, no alcanza. Hace falta una transformación estructural. Entre las reformas necesarias aparecen varias: gravar globalmente a las grandes tecnológicas para financiar bienes públicos digitales; reconocer los datos personales como un bien común y no como simple propiedad privada; imponer interoperabilidad y portabilidad de datos para limitar el poder monopólico; crear agencias públicas de auditoría algorítmica con poder real; promover infraestructuras abiertas y de código libre; y garantizar que los Estados puedan regular sin quedar atados por tratados que privilegian a los inversores por sobre las sociedades.

Pero estos cambios no surgirán solos. Tampoco dependen únicamente de la buena voluntad de las élites. Requieren ciudadanía organizada, presión social y decisión política sostenida. La regulación de mercados digitales en Europa, las luchas de trabajadores de plataformas, los movimientos por el software libre y las resistencias contra tecnologías invasivas muestran que el poder de las corporaciones tecnológicas puede ser disputado. Confiar solo en soluciones técnicas o en la ética de algunos líderes no alcanza. Sin organización social, las reformas se diluyen frente a la capacidad de adaptación de los monopolios digitales. Privatizar el control del flujo informativo y subordinarlo exclusivamente a la rentabilidad corporativa puede empujar a las sociedades a una crisis económica y política profunda. Cuando el sistema deja sin recursos a las clases medias y bajas, crecen las tentaciones autoritarias: vigilancia masiva, automatización de decisiones sensibles y formas de represión cada vez menos controladas.

Sin embargo, ese modelo también muestra grietas

Su tendencia a poner siempre la eficiencia por encima de la ética acelera su desgaste y genera rechazo. Ahí aparece una oportunidad. La salida exige recuperar el control democrático de la información, subordinar la tecnología al bien común y reconstruir la política sobre bases éticas firmes. Porque privilegiar la eficiencia sobre la ética nunca es una buena decisión, ni en la vida personal ni en la organización de una sociedad.

* Dr. Román Alberto Uez, Abogado, Magíster en Derecho Administrativo, Magíster en Tecnología, Políticas y Culturas, y Diplomado Experto en Derecho de la Inteligencia Artificial (Universidad Católica de Murcia e INEAF)