Salud mental en Mendoza: el "privilegio" de atenderse en lo privado y la tensión en lo público
Mientras las camas de salud mental del sistema público están al máximo de ocupación, acceder a una atención privada implica un gasto que no todos pueden afrontar.
Crecen las problemáticas de salud mental.
ShutterstockEn 2025, la tasa de suicidios en Argentina alcanzó su nivel más alto y se convirtió en la principal causa de muerte violenta entre jóvenes y adolescentes, por encima de los siniestros viales.
Según un informe del Observatorio de la Política Criminal (OPC), la tasa de suicidios subió un 57,7% entre 2017 (3.304 suicidios) y 2025 (5.209 suicidios). En el mismo período, la tasa nacional pasó de 8,2 a 11,8 casos cada 100 mil habitantes.
En Mendoza, la tasa es incluso más elevada que la media nacional. El año pasado alcanzó los 12,7 casos de suicidio cada 100 mil habitantes.
En esta línea, el ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, aseguró que una parte importante de las consultas en las guardias están relacionadas con la salud mental y señaló que las camas de internación por estas problemáticas están al máximo de ocupación Además, expresó que si bien la provincia ha ampliado su capacidad de atención, advirtió que todavía "falta más".
Crece la demanda en salud mental
Mendoza enfrenta una creciente demanda de atención en salud mental, atravesada por factores sociales, ambientales, económicos y psicológicos, propios de la persona y de su desarrollo en un contexto afectivo, educativo y familiar, además de los aspectos biológicos que puede presentar cada paciente.
Ansiedad, depresión, estrés, crisis socioeconómica y consumos problemáticos son algunas de las afecciones que atraviesan actualmente a la sociedad. En consonancia con este escenario, en los últimos años Mendoza ha reforzado las redes de atención y contención en salud mental, aunque la capacidad todavía resulta insuficiente.
En total, en la provincia hay cerca de 220 personas internadas por problemáticas de salud mental, confirmó Montero, quien también aseguró que las camas están al máximo de ocupación.
"Una gran parte de las consultas en las guardias son por problemáticas de salud mental. Hay hospitales alejados del Gran Mendoza que tienen más camas ocupadas en salud mental que con clínica médica", detalló el ministro en diálogo con el programa "MDZ Club" de MDZ Radio.
"Tenemos que ir ampliando la capacidad y la cantidad de camas de internación. La semana pasada, cuando inauguramos el centro de deshabituación de consumos problemáticos, que tiene 40 camas y donde todavía nos faltaba poner el aire acondicionado y alguna cosita más, al otro día teníamos la guardia del hospital llena pidiendo por internación. Entonces, si está lleno es porque falta más", agregó.
Recibir atención en salud mental a tiempo, un privilegio
La creciente demanda también pone presión sobre el sistema público. Mientras aumentan las consultas por problemas de salud mental, acceder a un tratamiento psicológico o psiquiátrico en el ámbito privado representa para muchas personas un gasto difícil de afrontar.
El valor mínimo ético sugerido por la Asociación de Psiquiatras de Mendoza (APSIM) para una consulta de adultos en días hábiles es de $75.798 y de $92.950 para una consulta infantojuvenil.
Por su parte, el Colegio Profesional de Psicólogas/os de Mendoza recomienda un honorario mínimo de $27.334 para julio y agosto, mientras que en septiembre habrá un ajuste.
De esta manera, si una persona requiere asistencia tanto psicológica como psiquiátrica, debería destinar como mínimo $130.466 mensuales para una consulta de psiquiatría y dos sesiones de psicoterapia. Este cálculo no contempla el eventual gasto en medicación.
En un país donde el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es de $376.600 mensuales en agosto, afrontar un tratamiento de salud mental de manera particular puede resultar inaccesible para muchas personas. Por eso, parte de la población recurre al sistema público, donde la atención, si no se trata de una urgencia, no siempre es inmediata.
"En un principio teníamos solo siete psiquiatras para todos los centros de salud del sistema público. Por eso promovimos a Psiquiatría como especialidad crítica en residencias. Pero los chicos se tienen que formar todavía, van a salir recién en uno o dos años. Entonces, llevamos formación a médicos de familia, médicos clínicos en problemáticas de salud mental para que puedan hacer un abordaje", detalló Montero.
"El 90% de las problemáticas no tienen que ver con factores biológicos. Hemos formado 150 médicos de familia y clínicos, que es una formación de un año, para ir ampliando la capacidad de respuesta en todos los centros de salud, pero todavía nos falta muchísimo", sumó.
Ley de Salud Mental y un pedido de cambio
Las senadoras de La Libertad Avanza Patricia Bullrich e Ivanna Arrascaeta avanzan con el tratamiento del proyecto de Ley de Salud Mental enviado por el Poder Ejecutivo. En este contexto, iniciaron conversaciones con autoridades sanitarias de distintas provincias para buscar consenso. Entre ellas estuvo Mendoza, representada por el ministro de Salud, Rodolfo Montero.
Si bien el funcionario coincide en que es necesario reformar la vigente Ley Nacional de Salud Mental 26.657, plantea modificaciones al proyecto.
La legislación actual establece que la internación puede ser indicada por dos profesionales, uno de los cuales debe ser obligatoriamente psicólogo o psiquiatra. En la reforma se pretende establecer la firma de un psiquiatra tanto para las internaciones voluntarias como para las involuntarias.
"Las provincias planteamos que ese artículo se tiene que cambiar. En Mendoza sí creemos que en las internaciones involuntarias tiene que intervenir un psiquiatra porque es una internación contra la voluntad de la persona, tiene que haber un criterio médico muy específico. Pero para el resto de las internaciones entendemos que puede hacerlo un médico de guardia junto con un psicólogo, un trabajador social, es decir, que el equipo interdisciplinario no tenga que hablar necesariamente con un psiquiatra porque esto limita la capacidad de acción", precisó Montero.
Cabe recordar que uno de los puntos centrales del proyecto es el criterio para determinar una internación involuntaria. La normativa actual permite este tipo de internación únicamente cuando existe un "riesgo cierto e inminente", es decir, cuando el peligro para la persona o terceros es concreto e inmediato.
La modificación propuesta ampliaría ese criterio para contemplar también situaciones en las que exista un riesgo potencial. De acuerdo con Montero, esto permitiría intervenir en casos de personas con patologías complejas o consumos problemáticos que pueden representar un peligro para sí mismas o para terceros, aunque ese riesgo no sea necesariamente inmediato.
