Piden absolver a Marcelo Corazza en el juicio por abuso y trata de menores
La fiscalía cerró su alegato en el debate donde además están acusadas otras 4 personas de integrar una red dedicada a la captación y explotación sexual de jóvenes, para quienes reclamó penas de hasta 22 años de prisión y reparación económica para todas las víctimas.
El fiscal federal Patricio García Elorrio reclamó penas de entre 10 y 22 años de prisión para cuatro de los cinco acusados de integrar una organización dedicada a reclutar jóvenes, la mayoría menores de edad, para abusarlos y explotarlos sexualmente. La sorpresa del cierre del alegato fiscal llegó con la modificación parcial de la acusación del exparticipante y luego productor de Gran Hermano, Marcelo Corazza, de quien el fiscal pidió la absolución completa.
El pedido más duro recayó sobre Rolando Angelotti, señalado como el líder de la banda, de quien se exigió 22 años de cárcel. Para Leandro Aguiar, García Elorrio reclamó 11 años, mientras que para Ignacio Mermet y Fernando Charpenet pidió 10 años de prisión a cada uno, por considerarlos partícipes necesarios de los delitos de trata y abuso sexual.
El planteo se dio en el marco de la etapa final del juicio iniciado en agosto de 2025, que se lleva adelante a puertas cerradas en la sala B del edificio de Comodoro Py 2002. El debate es moderado por el Tribunal Oral Federal n.º 3 y tiene a Angelotti, Mermet, Charpenet, Aguiar y Corazza como los principales señalados por haber conformado, desde 1999, una estructura destinada a captar varones en situación de vulnerabilidad para someterlos a abusos y prostituirlos, algunos casos a cambio de dinero y otros para satisfacción de los propios acusados o de terceros.
A lo largo de dos jornadas, la fiscalía expuso ante los jueces Andrés Basso, Javier Feliciano Ríos y Fernando Machado Peloni su teoría del delito, así como también la valoración de la prueba producida durante casi 11 meses de debate, entre ellas los testimonios de las víctimas.
El caso contra Marcelo Corazza
La causa reúne el testimonio de al menos una decena de víctimas que relataron abusos y sometimientos sexuales cometidos por los imputados. Sin embargo, la investigación realizada a lo largo de la instrucción identificó a una cantidad mayor de jóvenes a lo largo de más de dos décadas, entre quienes se cuentan aquellos casos más antiguos, correspondientes a los primeros años de funcionamiento de la organización, cuyos delitos la propia fiscalía consideró alcanzados por la prescripción.
Justamente por esa prescripción, García Elorrio pidió que los cinco acusados sean absueltos respecto de las primeras víctimas del caso. También reclamó la absolución de todos ellos por el delito de asociación ilícita, la figura con la que originalmente se había caracterizado a la organización como una banda estructurada y jerárquica e investigado como un delito federal.
El pedido de absolución y la situación judicial de Marcelo Corazza
En el caso puntual de Corazza, el pedido de absolución fue total: el fiscal solicitó que se lo desvincule tanto de los hechos relacionados con dos víctimas, estos últimos por prescripción, como del delito de asociación ilícita que se le había atribuido.
Pese al pedido de absolución para Corazza y para los cinco acusados en el tramo prescripto, la acusación no dejó de lado la dimensión económica del daño causado. La fiscalía solicitó que se fije una reparación pecuniaria en favor de todas las víctimas de la causa, incluidas aquellas cuyos delitos fueron alcanzados por la prescripción, un resarcimiento que deberá ser afrontado de manera solidaria por cada uno de los condenados.
El expediente fue elevado a juicio oral en marzo de 2024, luego de que el fiscal Carlos Rívolo y la cotitular de Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano, sostuvieran que existía prueba contundente sobre el funcionamiento de una organización dedicada a captar jóvenes varones, mayormente menores de edad y en situación de extrema vulnerabilidad, con el objetivo de abusarlos, corromperlos y explotarlos sexualmente.
La causa se inició en octubre de 2022, a partir de la denuncia de una de las víctimas ante la Protex, y derivó en el allanamiento de los domicilios de los imputados y la detención de cuatro de ellos en marzo de 2023. Angelotti, Mermet, Charpenet y Aguiar llegaron al debate con prisión preventiva, mientras que Corazza enfrenta el proceso en libertad, atendiendo de manera presencial a todas las audiencias.
El debate se reanudará la próxima semana con los alegatos de la defensa de Francisco Angelotti, sobre quien pesa el mayor pedido de condena. Sus abogados buscarán revertir la caracterización que la fiscalía hizo de él como líder de la organización. Desde el inicio de la investigación fue descrito como quien captaba a los jóvenes, se ganaba su confianza y después los sometía a abusos y a la explotación sexual.
Angelotti, oriundo de la localidad misionera de Oberá, se dedicaba al rubro gastronómico y ya había sido imputado en 2005 por un hecho similar de abuso sexual y corrupción de menores en esa provincia, causa que en ese momento terminó archivada.
