Denuncian paralización de la causa de la mendocina muerta en una celda de San Luis

La sospechosa muerte de Florencia Morales, quien fue encontrada sin vida el 5 de abril en la comisaría de Santa Rosa de Conlara, en San Luis, sigue siendo un misterio que su entorno familiar quiere develar sin demora. La mujer de 39 años había sido demorada por los efectivos policiales por violar la cuarentena por el coronavirus.  

Por eso el abogado de la familia, Santiago Calderón Salomón, cuestionó hoy que la investigación está paralizada desde hace dos meses. Desde entonces, asegura que espera la respuesta al pedido de recusación planteado contra el juez de la causa y una apelación a la decisión de que para realizar una nueva autopsia la familia sea quien deba pagar gastos de exhumación y traslado.

El hecho generó que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, le solicitara un informe detallado al ministro de Seguridad, Gobierno y Culto de San Luis, Fabián Baigorria.

Según el letrado, el expediente a cargo del magistrado puntano Jorge Pinto ”no avanza judicialmente".

Cuando Morales fue encontrada muerta en una celda de la seccional 25, se presumió que se había ahorcado. Inicialmente e caso se investigó como un supuesto suicidio, pero esto fue rechazado de plano por la familia de la fallecida, que denunció públicamente que "a Florencia la mató la policía”.

Para Calderón Salomón, hay muchas dudas sobre las causas de muerte de Morales y en todo lo que sucedió desde el momento de su detención hasta el que fue hallada sin vida en la celda. 

“Hay una versión que dice que fue detenida en la vía pública y otra que fue detenida en dependencias de la comisaría a la que había ido a buscar a un oficial que conocía. Para esclarecer este punto pedimos las cámaras de seguridad, aunque a dos meses esa prueba no ha sido provista”, explicó el abogado.

También cuestionó que tampoco se tomó declaración testimonial a dos personas que estaban detenidas en la misma sede policial que Morales, quienes habían inicialmente afirmado que “escucharon gritar a Florencia, pedir auxilio y luego advirtieron la asistencia de un médico”, tras lo cual fueron trasladadas a otra sede policial.

El letrado dijo que queda pendiente una nueva autopsia al cuerpo de la mujer solicitada por la familia, ya que sus allegados afirmaron que cuando la vieron presentaba un golpe en el pómulo, a pesar de que al momento de ser detenida la médica que de rigor la revisó dijo que "no tenía signos de maltrato".

En base a los dichos de Calderón Salomón, la Justicia hizo lugar a ese pedido, informó al municipio que estaba autorizada la exhumación, sin embargo dispuso que fuera la familia Morales la que pague los gastos de esa diligencia. Esto fue apelado.

Calderón Salomón denunció además “la falta de rigurosidad del informe de la primera autopsia, en la que faltan hisopados y otras pericias”.

Tampoco queda claro qué cantidad de efectivos estaban en ese momento en la dependencia, ya que si bien se pasaron a disponibilidad los cinco oficiales, un miembro de criminalística que llegó al lugar dijo que se encontró con unos diez.
 

“Nadie vio el cuerpo colgado, todos los testimonios hablan de que estaba en el piso, por lo que se supone que fue manipulado”, especuló el abogado.