La UBA demandó al Poder Ejecutivo por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario
La UBA presentó acciones judiciales para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso Nacional.
Rectorado de la UBA.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió por unanimidad iniciar acciones legales contra el Poder Ejecutivo Nacional, reclamando la plena ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial. La decisión busca garantizar los derechos constitucionales vinculados a la educación pública y el respeto a la división de poderes.
La resolución del Consejo Superior de la UBA fue adoptada luego de que el Poder Ejecutivo promulgara, pero suspendiera la aplicación de la norma, a la espera de que el Congreso determine las fuentes de financiamiento necesarias. Según la Universidad, esta medida constituye una vulneración de derechos y un desconocimiento de la voluntad legislativa.
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La UBA fundamentó su decisión en la necesidad de que se cumplan las obligaciones constitucionales y legales que garantizan el sostenimiento del sistema universitario nacional. En su comunicado oficial, la institución calificó el decreto que suspende la aplicación de la ley como una “alteración del sistema republicano de frenos y contrapesos” y una “quiebra de la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
Crisis presupuestaria y reclamo por salarios
El conflicto se enmarca en una situación crítica del sistema universitario público. Las prórrogas del Presupuesto 2023 quedaron desactualizadas frente a la inflación, y durante 2024 los salarios de docentes y no-docentes perdieron más del 40% de su poder adquisitivo. En 2025, la recomposición salarial fue aún menor que la inflación oficial medida por el INDEC, profundizando la crisis.
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por insistencia de ambas cámaras del Congreso, tiene como objetivo asegurar la protección y sostenimiento de las Universidades Nacionales, además de la recomposición salarial del personal académico y administrativo. Su suspensión, según la UBA, agrava la falta de recursos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y programas académicos.
Defensa de la universidad pública
El Consejo Superior advirtió que la no ejecución de la ley constituye “un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”. La institución remarcó que el cumplimiento efectivo de la norma es indispensable para preservar la calidad educativa y la estabilidad de la comunidad universitaria.
La UBA subrayó que su decisión judicial busca garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho y el respeto al principio de autonomía universitaria. La medida judicial, según trascendió, se presentará en los próximos días ante la Justicia Federal, acompañada de un pedido de cumplimiento urgente de la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición del salario.