La pierna equivocada y el polémico registro que sigue cajoneado

Los impactantes casos de mala praxis que se conocieron en la última semana enfrenta el discurso médico que argumenta que son hechos aislados y a los familiares a los que ninguna respuesta satisface. En Mendoza un proyecto del oficialismo proponía crear un Registro de Antecedentes Médicos. Para la corporación, sólo servirá para escrachar a los profesionales de la salud. Para el autor de la iniciativa, el ciudadano tiene derecho a saber en manos de quién cae. 

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Rubén Valle

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Los sonados y trágicos casos de mala praxis que tomaron estado público en los últimos días impactan de tal forma que no sólo la Justicia, sino también las entidades de profesionales de la medicina, están hoy en la mira de los temerosos y desconfiados pacientes.

Dos mujeres fueron noticia en la última semana por la alarmante falta de profesionalismo de quienes las intervinieron en un sanatorio porteño. A una de ellas le amputaron la pierna equivocada y a otra le extirparon innecesariamente la vesícula y falleció. De película, pero en la vida real.

El “manual” indica que existe mala praxis cuando un profesional de la salud por imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia, ocasiona un daño total o parcial en un paciente.

Según estadísticas que manejan las obras sociales, entre el 70 y el 80% de los médicos y demás profesionales de la salud del país en algún momento de sus carreras enfrentan una demanda civil o penal por mala praxis. Con sentencias a favor o en contra, sólo habrán de prosperar un 20 o 25%.

Las especialidades con mayor cantidad de denuncias (no necesariamente de condenas ni sanciones) son neonatología, obstetricia y emergencias médicas. Le siguen traumatología, cirugía plástica y anestesiología.

El proyecto, también en el cajón

En 2018, el diputado radical Emiliano Campos presentó en la legislatura provincial un proyecto que apunta a crear un Registro de Antecedentes Médicos. Como telón de fondo se imponían los resonantes casos de la niña Guadalupe Codes y el de Carlos Arzuza, médico cirujano imputado por el homicidio en 2016 de una paciente de 48 años, lesiones a otra y estafas a OSEP.

El autor de la iniciativa especifica que no propone confeccionar una nómina pública de los profesionales médicos involucrados en casos de mala praxis. Únicamente se incluirían aquellos casos con sentencia firme, no así los que tuvieran denuncias o proceso judicial en curso.

En ese registro, precisa el legislador, figurarán los datos del o la profesional, antecedentes académicos y los casos con sentencia firme de mala praxis. Esa nómina podrá consultarse en internet y en el celular a través de un QR. El ministerio de Salud será el organismo de aplicación.

Como era de esperar, la reacción del sector se hizo -y hace- sentir. Las distintas entidades médicas aseguran que no fueron consultadas, pero tampoco se muestran dispuestas a allanar el camino del polémico registro. Desde Ampros, su secretaria adjunta Claudia Iturbe, advirtió desde el vamos: "No es que estemos en contra de un registro, pero tendría que haber un registro con los antecedentes penales de todos los profesionales -también de los políticos- para que haya libertad de elección. Este registro es sólo para escrachar a un profesional que se puede haber equivocado, pero ya lo pagó”.

Campos es consciente del contraataque: “Sabemos que metemos el dedo en temas muy sensibles. Pero estamos tratando acerca de la vida de las personas. Y cuando pasa un caso de estos, siempre llegamos tarde. Esto no busca sancionar a los profesionales, sino a brindar mayor información al ciudadano”.

“El ciudadano común –agrega- muchas veces no sabe en manos de quién pone su salud. Hay casos donde existe el error humano, todos somos falibles, no es a lo que apunta este registro. Sí apuntamos a la negligencia, al descuido, y también, por qué no, al dolo, como ocurrió en el caso Arzuza”.

Un año después, el proyecto duerme en la comisión de Salud. El apoyo de los distintos bloques está, pero también el fuerte lobby del sector médico. Poniendo todo esto en el contexto de un año electoral, la iniciativa tiene todas las garantías de seguir en stand by por un largo tiempo más.

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