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La DGE rechazó el proyecto para restringir el uso de celulares en las escuelas de Mendoza

La iniciativa de Griselda Petri propone limitar el uso de dispositivos móviles en todos los niveles educativos. Desde la Dirección General de Escuelas sostuvieron que una medida similar ya fracasó y defendieron el uso pedagógico de los celulares en las aulas.


Días atrás, la diputada provincial Griselda Petri presentó un proyecto de ley para regular el uso de celulares en las escuelas de Mendoza. La iniciativa propone restringir la utilización de los dispositivos móviles en los niveles inicial y primario, y exigir que permanezcan apagados y fuera del alcance de los estudiantes del nivel secundario y para los docentes durante el horario de clases.

Sin embargo, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) rechazaron la propuesta: argumentaron que ya se aplicó una medida similar en Mendoza y no funcionó, y remarcaron que, en la actualidad, muchas escuelas usan los celular como una herramienta pedagógica dentro del aula.

La postura de la DGE

Ante la consulta de MDZ, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, fijó la postura de la cartera respecto al proyecto impulsado por la diputada provincial Griselda Petri.

En primer lugar, recordó que Mendoza ya tuvo una normativa similar. Se trata de la Ley 7.861, aprobada en 2008, que prohibía el uso de teléfonos celulares durante las clases tanto para docentes como para alumnos. La iniciativa había sido presentada por el entonces diputado provincial Luis Petri, hermano de la legisladora.

Tadeo García Zalazar planteó que no se debe prohibir el uso de celulares en las aulas, ya que actualmente se utiliza con fines pedagógicos.

"En Mendoza ya hubo una ley de prohibición y no funcionó porque terminaban usando los celulares todos, docentes y estudiantes. Por eso nosotros apoyamos el uso pedagógico del celular y dejamos a criterio de cada escuela y de los docentes la forma de reglamentarlo dentro del código de convivencia de cada institución", explicó.

En la misma línea, remarcó: "La herramienta no se prohíbe, la herramienta se permite para el uso pedagógico".

Los celulares como herramienta educativa

García Zalazar sostuvo que actualmente muchas escuelas utilizan plataformas digitales e inteligencia artificial como parte de sus propuestas pedagógicas, por lo que consideró fundamental contar con los celulares como recurso dentro del aula, especialmente en aquellos establecimientos que aún no disponen de equipamiento tecnológico suficiente.

"Hemos equipado el 30% de las aulas con conectividad y con aulas digitales móviles. Nos falta el 70% restante, pero ya está aprobado el financiamiento para que el año que viene el 100% de las aulas cuenten con ese equipamiento. Hasta que eso ocurra, muchos docentes utilizan los celulares para realizar actividades pedagógicas. Es una realidad de las aulas: mientras no estén esos dispositivos, el celular sigue siendo una herramienta que iguala", señaló.

La DGE está equipando las escuelas con tecnología, pero por el momento solo el 30% de las aulas están provistas.

Además, indicó que cada institución tiene autonomía para establecer sus propias reglas mediante los acuerdos de convivencia. "Hay escuelas que implementan distintas estrategias", comentó.

No obstante, el funcionario puso el foco en el rol de las familias y apeló a la responsabilidad de los padres en el uso que hacen los menores de la tecnología fuera del ámbito escolar.

"Nosotros recomendamos que antes de los 13 años no se les entregue un celular a los chicos y que antes de los 16 años no tengan redes sociales. Son recomendaciones que enviamos a las familias a través del GEI, pero la decisión final es de los padres", afirmó.

Y concluyó: "La escuela previene, informa y advierte sobre los riesgos. Además, los equipos psicopedagógicos saben cuándo y dónde derivar para un tratamiento. Pero no pueden reemplazar el rol de los padres. Por eso apelamos a la responsabilidad parental".

Qué dice el proyecto

La normativa propuesta alcanza a todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de Mendoza, incluidos los niveles inicial, primario y secundario en todas sus modalidades.

Para los niveles inicial y primario, el proyecto establece la restricción del uso de celulares y otros dispositivos tecnológicos móviles por parte de los alumnos durante toda la jornada escolar. La medida comprende tanto las actividades dentro y fuera del aula como los recreos, horas libres, comedor y los momentos de ingreso y egreso de la institución, salvo autorización excepcional de las autoridades escolares.

No obstante, prevé excepciones que deberán ser reguladas por cada establecimiento. Entre ellas se contemplan actividades con fines pedagógicos, situaciones de emergencia y casos de estudiantes con discapacidad o necesidades de apoyo debidamente acreditadas.

El proyecto busca restringir la utilización de dispositivos digitales en los niveles inicial y primario y que estén apagados y fuera de alcance en el nivel secundario y para los docentes durante el horario de clases.

En el nivel secundario, la iniciativa dispone que los dispositivos electrónicos permanezcan apagados, fuera de la vista y del alcance inmediato de los estudiantes durante el horario de clases, en los espacios que cada institución determine.

Sin embargo, podrán utilizarse cuando el docente a cargo lo autorice con fines pedagógicos y exista una planificación didáctica que justifique su uso.

Respecto al personal docente, el proyecto establece que, durante el dictado de clases, tanto dentro como fuera del aula, los educadores de los niveles inicial, primario y secundario deberán mantener apagados sus teléfonos celulares hasta la finalización del período correspondiente. La propuesta también contempla excepciones para situaciones de emergencia o cuando los dispositivos sean utilizados con fines pedagógicos.

Por último, la iniciativa dispone que el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas realice evaluaciones cada dos años para medir la efectividad de la ley y su impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la convivencia escolar y el bienestar de la comunidad educativa.