Juicio por planes de ahorro: la Justicia cambió y falló a favor de las concesionarias

La Cámara Segunda de Apelaciones de Mendoza dio un giro importante en el conflicto por los planes de ahorro para autos. El tribunal revocó el fallo de primera instancia que había ordenado recalcular las cuotas según la inflación, una medida que había generado expectativa entre miles de ahorristas.

Con esta decisión, la Justicia dejó sin efecto esa actualización y sostuvo que las condiciones originales del contrato deben mantenerse. En otras palabras, las cuotas seguirán atadas al valor del vehículo y no a un índice como el IPC.

El caso se originó a partir de una demanda colectiva impulsada por usuarios que denunciaban aumentos desmedidos en las cuotas desde 2018. En aquel momento, el primer fallo les había dado la razón y obligaba a recalcular los montos pagados.

Qué argumentos usó la Justicia

Uno de los puntos centrales del fallo es que la inflación no fue considerada un hecho imprevisible en Argentina. Según el tribunal, este contexto económico ya forma parte de la realidad del país, por lo que no justifica modificar contratos firmados previamente.

Además, las juezas sostuvieron que el precio del vehículo, lo que se conoce como “valor móvil”, no puede ser revisado por la Justicia. Entendieron que ese valor es parte esencial del acuerdo entre las partes y que no corresponde intervenir.

También analizaron el reclamo por falta de información hacia los usuarios. En este punto, señalaron que al tratarse de una demanda colectiva no se pudo probar que todos los ahorristas hayan sido engañados o mal informados al momento de contratar.

Qué pasará con los ahorristas

A pesar de rechazar la demanda, la Cámara tomó algunas medidas para evitar un impacto inmediato en los usuarios. Por un lado, se mantuvo la suspensión de ejecuciones y secuestros de vehículos.

Por otro, se fijó un plazo hasta el 15 de junio de 2026 para que las partes negocien un plan de pago para las deudas acumuladas. Ese período será clave para definir cómo sigue la situación de quienes están atrasados.

El fallo también dispuso que cada parte pague sus propios costos legales, al considerar que el reclamo de los ahorristas tenía fundamentos razonables. Esto marca que, aunque la demanda no prosperó, el conflicto sigue abierto.