Fake News y Democracia: información veraz y regulación de inteligencia artificial contra la desinformación
Democracia en riesgo por la asimetría informativa, urge regular Inteligencia Artificial y redes, fortalecer la verificación y educar para frenar la manipulación electoral.
El elemento más eficaz y eficiente para defendernos de estos delitos, es la capacidad de desarmarlos rápidamente.
Archivo.El flujo simétrico de información verdadera es el mejor nutriente para la democracia y la república. Cuando la información real fluye de manera simétrica, se permite a todos los actores, individuales o sociales, tomar decisiones con la información correcta o por lo menos, esa posibilidad está latente y sólo depende de la capacidad intelectual, emocional y empática que tengan los ciudadanos para procesar esa información.
La concentración del manejo de la información de la era digital en pocos actores, como medios masivos de comunicación y redes sociales; el férreo monopolio de la líneas editoriales que privilegian los intereses de los propietarios de los medios sobre la libertad de expresión e información; la enorme dificultad para discernir la información verdadera de la falsa en redes sociales, fake news o delitos de la Inteligencia Artificial para los ciudadanos comunes, sin conocimientos especiales de informática; la velocidad de circulación de la información falsa sobre la verdadera por todos los medios donde fluye, plantean un escenario complejo. Todo ello conspira para destruir el cimiento de la democracia y la república, que reside en poder decidir, en base a información veraz y razonada, tanto el voto en las elecciones como sobre las políticas públicas que los candidatos presentan en sus plataformas.
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La democracia y la república son tecnologías políticas institucionales creadas desde hace siglos como formas de gobierno que tienden a garantizar que todos los ciudadanos puedan, con información veraz, elegir a los mejores dotados para los cargos públicos y que propongan la plataforma de gobierno que plantee el mejor proyecto para el desarrollo tecnológico, científico, económico, cultural, educativo y que mejore la salud y demás condiciones de vida de los votantes. Además, el pueblo decidirá en función de si los proyectos propuestos aseguran que el Estado, tanto los gobernantes como las elites poderosas, no puedan abusar de su poder para beneficiarse o perjudicar a los ciudadanos o a las minorías más débiles.
La solución pensada por los antiguos filósofos políticos se basaba en la libre y amplia circulación de la información veraz, presuponía que todos los ciudadanos tenían las facultades mentales y la educación para procesar la información de forma adecuada a los intereses colectivos, a lo que agregaban una división expresa en la toma de las decisiones y un sistema de control externo sobre las misma. Como vemos, esta tecnología de gobierno presupone que el actor más poderoso es el Estado, que puede garantizar la libre circulación de la información veraz, que los ciudadanos tienen las habilidades cognitivas y el conocimiento o instrucción para procesar la información, que los ciudadanos electos actuaran en beneficio de los intereses colectivos y no los suyos privados y, sobre todo, que ninguna entidad individual o jurídica tiene un poder superior al del Estado que pueda suprimir, eliminar o degradar cualquiera de estos tres cimientos de esta tecnología institucional.
Es decir que, se suponía que nadie más que el Estado podría interrumpir el flujo informativo veraz, o propagar mentiras con gran velocidad e impunidad, impedir que los ciudadanos desarrollen sus capacidades cerebrales o adquieran la instrucción necesaria para procesar la información, o que los ciudadanos electos en cargos públicos actúen en su beneficio personal y no para la comunidad, socavando las políticas públicas votadas o la división de poderes.
La era digital ha colapsado el Estado moderno
Ya no es la persona jurídica con la mayor capacidad de agencia o poder en las sociedades actuales. Ha perdido toda su eficacia y eficiencia para vigilar, controlar y sancionar. La elite tecnológica-económica, por su inmenso poder económico o la asimetría de la información que se genera por la concentración del conocimiento y la opacidad tecnológica, ha quedado fuera de su alcance.
Se puede afirmar que el Estado hoy es el “vigilado y controlado” por las tecnofeudales y los medios masivos de comunicación y que, mediante el manejo del flujo de la información, manipulan la opinión pública en su propio beneficio, ejercen poder de influencia sobre funcionarios públicos y poder judicial e impulsan información falsa, para que la opinión pública adopte políticas públicas perjudiciales para los intereses colectivos, pero beneficiosas para el lobby corporativo.Es muy interesante observar el caso de Tik Tok en EE. UU. en el cual no haber censurado la información sobre el genocidio perpetrado por Israel en Palestina y haber inclinado 15-1 la opinión pública de ese país a favor de Palestina tuvo una grave consecuencia.
En efecto, fue censurado y obligado a vender a capitales israelo-estadounidenses, mediante una ley del congreso. El poderoso EE: UU. no pudo con el algoritmo chino, tuvo que prohibirlo virtualmente para luego seudoexpropiarlo. Ello demuestra que, tecnológicamente, no podían pararlo y judicialmente, tampoco. Tuvieron que usar toda la omnipotencia del Estado para volver a controlar su flujo informativo.Otro caso muy interesante es el de Brasil contra la plataforma X, cuando ésta se negó a enviar la información de seis mil cuentas que desparramaron fake news y organizaron el golpe de Estado del 6/01/23 en Brasil, que terminó con la condena del ex Presidente Bolsonaro a 27 años de prisión.
Aquí, ante el desacato de la red social, el Estado tuvo que usar todo su poder cortando su difusión en todo el país e imponiendo sanciones a otras actividades comerciales del empresario Elon Musk, como suspender el servicio de internet que provee mediante la empresa Starlink para todo Brasil. En este caso, también el Estado tuvo que usar toda su omnipotencia para lograr el cumplimiento de la orden emanada de su Corte Suprema de Justicia. Diría que, a mi criterio, tuvo que abusar de su poder y afectar a otra actividad comercial para que la tecnofeudal la cumpla.
¿En qué situación se encuentra nuestro país respecto de la regulación de la IA en materia electoral? Argentina carece de una legislación especial que regule la IA en las campañas electorales, la ley no menciona internet o las redes sociales, se utilizan unas normas generales que pueden aplicarse por analogía, en casos de desinformación o manipulación durante las campañas electorales. En efecto, el Código Electoral Nacional tipifica como delito la inducción al engaño al voto en el articulo 140, con penas de 2 meses a 2 años a quien con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o abstenerse.
En la práctica, este tipo penal abarca la difusión de información manifiestamente falsa para engañar a votantes y constituye un delito electoral. Sobre esta base legal se han generado procesos, en casos de videos apócrifos, creados con herramientas digitales. Debemos mencionar también el artículo 64ter, que prohíbe la publicidad proselitista fuera del período de campaña electoral (35 días previos a la fecha fijada para el comicio) e incluye las redes sociales e internet.Es importante tener presente, que la Cámara Nacional Electoral ha tomado medidas administrativas para fomentar la transparencia en el ámbito digital, mediante la acordada extraordinaria N° 66/2018, que creó un registro de cuentas de redes sociales y sitios web oficiales de candidatos, partidos, y principales dirigentes, con el objetivo de combatir los perfiles falsos y las noticias engañosas en redes promoviendo el voto informado.
También, se han realizado campañas de educación pública, para concientizar sobre la circulación de noticias falsas, enfatizando que cualquier regulación debe cuidar de no menoscabar el derecho de libertad de expresión.Dentro del ámbito de su competencia es muy encomiable la labor de la Cámara Nacional Electoral, ella debe juzgar y eventualmente dictar las medidas administrativas que le permita su competencia pero no puede ni debe dictar regulación legislativa. De todas formas, lo existente en el plano legislativo, es el equivalente a una gota de agua en un incendio forestal. Existen varios proyectos de ley presentados por los diputados, Silvia Lospennato, Silvana Guidici; Juan Brugge; Oscar Agost Carreño.
Las propuestas legislativas regulan la creación de tipos penales específicos, con penas más gravosas, de un mínimo de 4 a 8 años, para que el delito no sea excarcelable, para quien utilice la IA para generar o alterar videos, audios o imágenes simulando ser reales con intención de engañar. También, se criminaliza la manipulación de identidad, con la creación de un nuevo tipo penal que la sanciona y de un Consejo Nacional de Verificadores de Datos y Hechos, que funcione de manera autónoma y se encargue de acreditar y promover sistemas de verificación de noticias en medios y plataformas, con la idea de fomentar el fact-checking sistemático, para detectar y contrarrestar noticias falsas antes que se propaguen, incentivando la honestidad del debate público.
Los proyectos presentados, opino, van por el buen camino de aumentar las penas para estos delitos de manera considerable y se crean organismos que verifiquen la información, para conservar la transparencia de las propuestas políticas y sus proyectos. Solo agregaría la obligación, respecto de toda publicación política, de indicar si fue generada por IA y en lo posible, que todas las publicaciones en redes de actores políticos cuenten con código que indique su trazabilidad para ayudar al público a identificar las publicaciones falsas. Creo que, a todo ello, debe sumarse una amplia campaña educativa a nivel nacional y en todos los segmentos, para concientizar sobre la importancia de verificar la información consumida, enseñando cómo y dónde se deben verificar los datos, según el emisor de la información.
El elemento más eficaz y eficiente para defendernos de estos delitos, es la capacidad de desarmarlos rápidamente y saber cómo hacerlo. La única forma de lograr un gran acuerdo político nacional, para poder desarrollarnos económica, tecnológica, científica, educativa y culturalmente, es tener un debate honesto, que nos permita acordar criterios o acuerdos sobre la verdad. Para ello, es imprescindible la regulación y el control a través de medios tecnológicos adecuados, de la información falsa circulante. Si no lo logramos, la democracia, la república y nuestras libertades peligran.
* Dr. Román Alberto Uez, Abogado, Magíster en Derecho Administrativo, Magíster en Tecnología, Políticas y Culturas, y Diplomado Experto en Derecho de la Inteligencia Artificial (Universidad Católica de Murcia e INEAF)