Empresas de seguridad privada: el Gobierno endurece los requisitos y las exigencias
Luego de que un vigilador falleciera en 2024 tras jornadas extensas de trabajo, Mendoza ajustó la reglamentación para las empresas de seguridad privada.
Desde el Gobierno comenzarán a exigir condiciones laborales más justas en el sector de seguridad privada.
Prensa Gobierno de MendozaLa provincia de Mendoza intensificó los controles sobre las empresas de seguridad privada, a partir de la reciente reglamentación de la Ley 9578, que reemplaza una norma vigente desde 1997. La medida apunta a reforzar las condiciones laborales, incorporar tecnologías y frenar el avance de firmas no habilitadas que operan fuera del marco legal.
El Ministerio de Seguridad y Justicia advirtió a vecinos y consorcios que quienes contraten servicios no habilitados también serán responsables ante irregularidades. Esta advertencia llega en un contexto delicado, luego de que, a fines del año pasado, un vigilador falleciera en Maipú tras jornadas extenuantes de trabajo.
Te Podría Interesar
La muerte que expuso el vacío legal
Sobreexplotación laboral. Ese fue el eje de la denuncia de la Unión Personal de Seguridad (Upsra) tras el fallecimiento de Alberto Garro en diciembre de 2024. Según el gremio, el hombre habría trabajado al menos 78 horas seguidas, sin descanso adecuado y sin estar registrado correctamente.
El caso encendió las alarmas sobre las condiciones en las que operan algunos servicios. Aunque la empresa para la que trabajaba Garro figura en el registro oficial, las denuncias apuntan a que lo tenían "en negro", sin uniforme, sin cobertura, y con sueldos muy por debajo de lo estipulado por convenio.
Los cambios en busca de un mayor control
Desde el Gobierno aseguran que las nuevas exigencias buscan profesionalizar el sector. La Ley 9578 incluye la obligación de contar con seguro, personal con estudios secundarios, uniformes homologados y planes de seguridad aprobados. También abarca eventos deportivos y boliches, sectores donde muchas veces se contrata personal informal.
Pese a estas medidas, desde el gremio denuncian que aún hay empresas que esquivan la ley o la incumplen con trabajadores precarizados. "Esas firmas cotizan barato y ofrecen sueldos irrisorios, por eso los vecinos los eligen sin verificar su legalidad", alertó Ariel Egdechman, titular de Upsra, en MDZ Radio a principios de 2025.
Ariel Egdechman sobre el caso de Garro
Monitoreo público: la Dirección de Seguridad Privada planea incorporar sistemas electrónicos y trabajar en conjunto con la Policía. También se proyecta un acuerdo con la Cámara de Empresas de Monitoreo para integrar cámaras en zonas de acceso público, un paso que podría mejorar la coordinación en barrios y espacios abiertos.
El riesgo de mirar para otro lado
Contrataciones irregulares: más allá de la normativa, en muchos casos los propios consorcios contratan sin verificar habilitaciones ni condiciones de trabajo. Esta práctica no solo pone en peligro al vigilador, sino también a los propios vecinos ante eventuales incidentes sin cobertura.
Tras el caso de Maipú, la Dirección confirmó que siguen apareciendo empresas ilegales o con personal no registrado en barrios privados y eventos. El pedido oficial es claro: asesorarse antes de contratar y denunciar cualquier irregularidad.
Además, para adaptarse a la nueva ley, se habilitaron aulas satélite que permiten a los trabajadores completar el secundario, un requisito obligatorio. Según el Gobierno, esto apunta a mejorar la calidad del servicio y el perfil profesional del personal.