El Gobierno de Cornejo envió una ley para penalizar a los padres de los chicos que cometen bullying

El Gobierno de Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone modificar el Código de Contravenciones para que los padres, madres y tutores sean también responsables por los actos de bullying cometidos por sus hijos. Es decir, de acoso escolar.

La iniciativa consiste en que los adultos responsables podrán ser sancionados con trabajo comunitario o multas económicas si no acompañan a sus hijos en la corrección de conductas violentas. También prevé instancias de mediación y talleres de parentalidad como herramientas para prevenir la reincidencia.

El texto, para que lo discutan los legisladores, fue presentado en mesa de entrada de la Legislatura este lunes por la mañana por el ministro de Educación, Cultura e Infancias y director General de Escuelas, Tadeo García Zalazar junto al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Peti Lombardi y la vicegobernadora y presidenta del Senado, Hebe Casado.

El bullying, según lo entiende la DGE

El responsable de la Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, explicó que: "El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Por eso damos este paso: para que la escuela no esté sola en este desafío: necesitamos familias presentes y corresponsables”.

La medida se acompaña de un nuevo Protocolo de Actuación para las escuelas, que establece con claridad cómo deben intervenir directivos, docentes y equipos técnicos ante casos de acoso. El objetivo es doble: proteger a las víctimas de manera inmediata y, al mismo tiempo, prevenir que las situaciones se repitan, informó la Dirección General de Escuelas.

Las penas sobre los padres

Madres, padres o tutores tendrán sanciones si este proyecto, como se espera- el Gobierno tiene los números- es aprobado. Deberán realizar trabajo comunitario o tendrán multas económicas si no acompañan a sus hijos cuando han comentido acoso escolar.

La normativa se complementa con un nuevo protocolo de actuación actualizado, que ofrece a las instituciones educativas un paso a paso para intervenir ante sospechas o hechos de bullying: desde la identificación del caso, el registro y la comunicación con las familias, hasta el plan de acción inmediato, el seguimiento y el cierre del proceso.

El documento también incluye criterios de gravedad y circuitos de derivación a equipos técnicos, organismos de protección de derechos y la Justicia, según corresponda. "De esta manera, Mendoza contará con una herramienta integral que brinda seguridad a docentes y familias sobre cómo actuar", dijeron desde el Gobierno.

La corresponsabilidad,un concepto que incluye a los padres pero genera polémica

La corresponsabilidad es una noción que fue incluida en la ley de niñez actual, que fue pionera a nivel nacional. La corresponsabilidad en Mendoza, bajo la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Provincial 9139, implica la responsabilidad compartida y equitativa del Estado (en sus distintos niveles), la sociedad y la familia en la garantía y el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se traduce en la creación de políticas públicas, la coordinación de acciones entre instituciones y el fomento de la participación de la comunidad y la familia para asegurar el desarrollo y bienestar integral de los menores.

Bajo ese paragüas legal, se busca penar a los padres de los chicos y chicas que comenten acoso escolar. De todas maneras, es un concepto polémico, para un sector de la Justicia que considera que no todos los padres y madres pueden responder de la misma manera, depende muchas veces de su situación.