El geriátrico que el Gobierno clausuró, luego le derivó pacientes y aún funciona buscando la habilitación
El Ministerio de Salud rechazó un recurso para que cancelen la clausura que había dictado en 2021 por irregularidades. En el medio, derivó pacientes del programa provincial de Discapacidad a otra sede del mismo geriátrico. El consenso con la administración, críticas a las inspecciones y un nuevo trámite para la habilitación.
El Gobierno clausuró un geriátrico, pero al mismo tiempo premió a sus propietarios.
El Gobierno de la provincia dictó la clausura de una residencia para adultos mayores que se encuentra en Gutiérrez, Maipú, y que aún sigue operando al día de hoy, con al menos 10 personas alojadas. Lo hizo luego de que una serie de inspectores detectaran irregularidades graves en sus instalaciones, pero en el medio de un proceso complejo de habilitaciones a otras sucursales del mismo geriátrico, derivación de pacientes por parte de los programas provinciales y hasta una especie de consenso administrativo en pos de la clausura, con el propio administrador.
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El geriátrico y los dueños
El establecimiento en mención es una de las cuatro sucursales que tiene el geriátrico denominado "La nona de los Caramelos". Hay tres en Maipú y un cuarto en proceso en Guaymallén, todos de propiedad de una mujer de 78 años, pero administrados por un familiar.
El hogar clausurado está ubicado en calle Padre Vázquez al 1890, a escasas cuadras del primer centro que opera en este departamento, en la intersección de Agustín Álvarez y Adolfo Calle, frente a la plaza distrital. Hay un tercero en calle Maza Norte, casi frente a calle José Scardo, el único que consiguió la habilitación por parte del Ministerio de Salud, según consta en los registros oficiales.
Un dato llamativo es que este último establecimiento fue objeto de un convenio con el Ministerio de Salud para la derivación de pacientes con discapacidad en 2024, justo dos años después de que la propia cartera clausurara la sucursal de Padre Vázquez, que opera con el mismo personal, propiedad de la misma persona. No es el único acuerdo con el Gobierno que tiene el geriátrico.
El lunes pasado se publicó en Boletín Oficial el Decreto que sentenció la clausura definitiva del otro establecimiento, al rechazar el Gobierno el recurso jerárquico que había presentado la propietaria. Es la última instancia administrativa antes de que el procedimiento se judicialice, aunque las autoridades del geriátrico señalaron a MDZ que no apelarán a la Justicia, ya que de hecho la clausura fue una especie de consenso con la Dirección de Infraestructura de la cartera de Salud.
Lo decidieron así para "darle un cierre" a ese acto administrativo e iniciar otro para conseguir finalmente la habilitación, a la que no lograron acceder desde su fundación en 2016, a pesar de estar habilitados por la Municipalidad de Maipú y contar con el Certificado de Medidas de Protección Aptas para Incendios (Cemepasi) entregado por Bomberos. Un trámite que estuvo condicionado por informes de inspección desfavorables, cuyo contenido fue desmentido desde la administración.
Cronología de la clausura y denuncia por graves irregularidades
Todo comenzó en el año 2016 cuando el 7 de diciembre se llevó a cabo la primera inspección. En esa oportunidad, se constató que el establecimiento geriátrico ya funcionaba sin la habilitación ministerial. Le otorgaron un plazo para regularizar esa situación, aunque son procesos que suelen demorar. El 14 de febrero de 2019 se realizó otra inspección, en la cual observaron irregularidades. Como otorgaron un plazo anteriormente decidieron en esta oportunidad multar al geriátrico con 6 mil Unidades Tributarias.
La inhabilitación no se revirtió y una nueva inspección el 6 de septiembre de 2021 sería la más elocuente en cuanto al estado en el que se encontraba el lugar, según los agentes. Ese día, el informe de las autoridades asegura haber encontrado sobrepoblación de pacientes por habitación, residuos patológicos en la despensa de los alimentos y en la lavandería, baños incompletos, ausencia de un plan nutricional para los pacientes, falta de personal capacitado, historias clínicas incompletas, mal estado de mantenimiento y de la higiene general del establecimiento y de la ropa de cama de los pacientes, falta de alimento en relación a la población que reside en el mismo (por la misma sobrepoblación) y falta de control en la planilla de administración de alimentos.
Debido a esta situación, mediante decreto en octubre de 2021 se ordenó la clausura total y permanente del establecimiento. En noviembre de ese año la propietaria pidió la revocatoria de la medida, la cual le fue rechazada en diciembre de ese año. En febrero de 2022, la dueña interpuso el mencionado recurso jerárquico para insistir en la revocación de la medida, pero este lunes terminó rechazándose nuevamente, con la particularidad de llegar mucho tiempo después (mas de tras años) del límite de 15 días que tiene el Ejecutivo para decidir en esta clase de cuestiones.
Según la administración del geriátrico, el informe adverso surge de la "saña y falsedad" de los inspectores, y negaron rotundamente que el establecimiento haya funcionado bajo esas condiciones. Reconocieron además que sigue operando a pesar de esa clausura, lo cual puede ser fácilmente comprobable al circular frente al edificio de dos plantas que alberga a los 11 adultos mayores. "Se sigue trabajando con normalidad. Tenemos los papeles en orden. Tenemos médicos, enfermeros, nutricionistas, etc. Es muy triste que hay cosas que te boicotean y te tiran para atrás, como los inspectores", señalaron.
Por otro lado, aseguraron haber estado a disposición del Ministerio en todo el proceso para revertir esta situación. De hecho, informaron que mantuvieron una reunión con un responsable del área de Infraestructura del Ministerio de Salud (la que debe entregar la habilitación) de la cual surgió la necesidad de avanzar en el trámite administrativo. Allí se produjo la recomendación de avanzar con la clausura y darle lugar a un nuevo expediente de habilitación, la cual el administrador aceptó, "asumiendo el costo que generó a la imagen del geriátrico", advirtió.
Ese expediente es real y está publicado en el sistema público bajo la denominación de estado "en proceso".
Como dijimos, el geriátrico cuenta con la habilitación municipal y el certificado de Bomberos, lo cual es un atajo en los tiempos para conseguir la habilitación definitiva, algo que consiguen muy pocos establecimientos entre los que figuran registrados en el sistema oficial. "Demora muchos años, hay mucha gente que se da por vencida. Es un punto que cuesta sortear", señalan.
Es un obstáculo que sí sorteó el otro centro de la misma propietaria. "La clausura podría haber caído en cualquiera de los centros. El otro lo tenemos habilitado gracias al inspector, que tiene criterio. Estuvimos 10 años perdiendo tiempo, él nos dijo en qué nos tendríamos que centrar y en tres meses salió la habilitación".
De hecho, la particularidad de que el mismo lunes pasado, mientras se publicaba la clausura, llegó otra inspección al lugar ya en el marco del nuevo expediente. "Fue menos grave que otras veces", reconocieron, nuevamente en desacuerdo con el accionar de los inspectores. "Te ponen deficiencias edilicias pero no te dicen cuáles. En el otro lugar nos dijeron que teníamos que poner luces de emergencia en los baños y lo hicimos", señalaron.
Un acuerdo llamativo en medio de las clausuras
En medio de la cronología mencionada, llama la atención que a pesar de la clausura dictada en 2021 por el Ministerio de Salud durante la gestión de Suarez, el actual Ministerio de Salud liderado por Rodolfo Montero aprobó un convenio millonario para la derivación de pacientes de la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad. Fueron alojadas en la sede de calle Maza.
El convenio fue publicado en Boletín Oficial y tiene la firma del ministro Montero y el gobernador Cornejo. En él, se compromete a la residencia "La Nona de los Caramelos" de calle Maza a recibir pacientes que son atendidos por el Departamento Prestacional para Rehabilitación, Adaptación y Vida Independiente, que depende de la mencionada Dirección. El establecimiento debía evaluar a las personas para su admisión, remitir un informe, brindarle alimentación, calzado y vestimenta, además de los controles y atenciones terapéuticas, con un tope máximo de tres pacientes. El plazo de vigencia fue de agosto de 2024 a diciembre de 2024.
Como contraprestación, el Gobierno abonaría $600 mil por persona durante agosto, septiembre y octubre; de $625 mil en noviembre y de $651.700 en diciembre. O los proporcionales en caso de que no se brinde el servicio durante todo el mes. De esta manera, el geriátrico se aseguraba, en caso de que el ministerio ofrezca los pacientes y el establecimiento los admita, la suma de $9.230.100 como monto máximo.
De hecho, no solo el Ministerio de Salud trabajó con el geriátrico. Otro dato llamativo surge de la difusión por lo canales oficiales del Gobierno de Mendoza, de una gestión exitosa por parte del Programa de Identidad Biológica del Ministerio del Gobierno, quien en mayo pasado logró reencontrar a dos hermanas que fueron separadas en un hogar. La hermana mayor fue adoptada y a sus 28 años comenzó a buscar a su hermana menor no vidente, quien fue localizada albergada precisamente en esta dependencia de calle Maza. Las autoridades convocaron a los administradores del geriátrico a Casa de Gobierno a participar del acto, cuatro meses antes de la clausura.
Aseguran haber recibido pacientes de OSEP y de otros programas del Gobierno. "Los mismos que te mandan pacientes después te persiguen", advierten.
Mientras tanto, el establecimiento sigue operando y continuará haciéndolo. Tampoco derivaron los pacientes que estaban alojados allí a otra sede del mismo geriátrico al momento de la clausura porque "nadie nos lo exigió". Siguen tramitando la habilitación y desconfían de las inspecciones.
