El arbolado público es patrimonio de todos los mendocinos

Mendoza no se entiende sin su arbolado, que junto a las acequias, la forestación urbana en general y el sistema de oasis constituyen una infraestructura ambiental estratégica que hace habitable una provincia ubicada en una región árida. Cada árbol cumple una función ecológica, social y cultural, siendo mucho más que sombra ya que nos aportan regulación térmica, captación de carbono, retención hídrica, identidad urbana y patrimonio colectivo.

Un árbol maduro y con buena salud puede producir aproximadamente 120 kilogramos de oxígeno al año en promedio dependiendo de la especie. Por ello la reciente modificación a la ley de arbolado público aprobada en el Senado y ahora en tratamiento en la Cámara de Diputados, abre un debate profundo sobre cómo queremos gestionar ese patrimonio.

Desde la matrícula de Ingeniería Agronómica del Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza (CoPIG) presentamos oportunamente observaciones técnicas en la Cámara de Senadores, porque entendemos que lo que está en juego no es una discusión administrativa entre jurisdicciones, sino el modelo de gobernanza del arbolado en toda la provincia.

este calles árboles tormenta

La ley vigente puede ser mejorada pero no por ello es ineficaz. Se ha instalado la idea de que impide actuar con rapidez ante situaciones de riesgo pero eso no es correcto. La normativa vigente ya contempla mecanismos para la intervención inmediata cuando existe peligro para la vida humana o bienes materiales; por lo que ante un árbol seco, enfermo o con riesgo inminente de caída, el municipio puede actuar sin dilaciones. Esta herramienta existe y está reglamentada.

El problema central no ha sido la falta de facultades, sino la falta de presupuesto sostenido y planificación integral. Hoy observamos en distintos departamentos árboles en mal estado vegetativo, restos de troncos que nunca fueron reemplazados y acequias impermeabilizadas que deterioran progresivamente el sistema radicular. Estos problemas no derivan de una limitación normativa, sino de una insuficiente asignación de recursos y de debilidades en la gestión técnica. Por lo que modificar la ley sin resolver la cuestión presupuestaria no solucionará el problema estructural.

Autonomía municipal y control: una tensión no resuelta

La modificación aprobada en el Senado redefine competencias, otorgando jurisdicción exclusiva a los municipios para la implementación del régimen de arbolado en sus territorios, mientras que la provincia asumiría un rol de lineamientos y supervisión general. Ante esto, desde el CoPIG queremos señalar una tensión conceptual relevante.

Si el municipio concentra en sí mismo la facultad de autorizar, ejecutar y eventualmente sancionar intervenciones sobre el arbolado, se configura un esquema de autotutela administrativa: el mismo organismo decide y se controla a sí mismo. Cuando se trata de un patrimonio declarado de interés provincial, esta estructura puede generar zonas grises en materia de control efectivo.

árboles caídos en Guaymallén (2)

El arbolado público no pertenece exclusivamente a una jurisdicción administrativa, es patrimonio natural y cultural de toda la provincia. Por ende, las decisiones sobre su erradicación (especialmente cuando están asociadas a desarrollos urbanos u obras privadas) deben poder ser revisadas bajo criterios técnicos y con instancias claras de supervisión.

La experiencia demuestra que existen fuertes asimetrías entre municipios en cuanto a recursos técnicos y presupuestarios. Avanzar hacia 18 regímenes con criterios potencialmente disímiles puede fragmentar la política ambiental provincial y generar conflictos en zonas limítrofes o en proyectos de escala metropolitana. No se trata de negar la autonomía municipal, sino de garantizar que esa autonomía conviva con mecanismos de coordinación y control que resguarden el interés general.

La verdadera discusión: financiamiento y planificación

El arbolado necesita inversión sostenida y por ello la ley vigente requiere fortalecimiento presupuestario. Cualquier nuevo esquema también lo requerirá porque sin financiamiento específico, ningún diseño institucional funcionará adecuadamente.

La propia Ley 7874 ya creó un fondo específico para el manejo del arbolado público en su artículo 40. Ese fondo debería nutrirse, entre otras cosas, de las multas vinculadas al sistema. Sin embargo, en la práctica esos recursos no tienen afectación directa y terminan diluyéndose en rentas generales. El resultado hasta acá ha sido evidente ya que el arbolado compite presupuestariamente con todo lo demás y siempre pierde.

Entonces la pregunta incómoda pero necesaria es ¿por qué estamos discutiendo cambiar la estructura de la ley si ni siquiera se ha puesto en funcionamiento el instrumento financiero que la propia norma prevé desde 2008? Antes de redistribuir competencias o ampliar márgenes de autonomía, lo responsable sería activar el fondo existente y garantizar financiamiento estable y transparente. Sin recursos afectados específicamente al arbolado, cualquier reforma será un cambio formal que no resolverá el problema de fondo.

Desde el CoPIG no estamos en contra de la modernización normativa sino a favor de una gestión técnica, coordinada y con financiamiento real. Por eso hicimos llegar nuestras observaciones y nos ponemos a disposición de los legisladores en esta nueva instancia de tratamiento. Consideramos que la ley vigente no necesita ser modificada en su estructura de competencias, sino fortalecida mediante la incorporación de un esquema presupuestario específico y sostenible que garantice su cumplimiento efectivo.

Cuidar el arbolado no es obstaculizar el desarrollo urbano sino garantizar que el crecimiento de Mendoza no comprometa nuestra infraestructura ambiental más valiosa. Porque cada árbol que se pierde sin justificación técnica no afecta solo a una cuadra, afecta a toda la comunidad.

Por: Eduardo Martin Betancud y Yoana Grisel Aliotta

Ingenieros Agrónomos y Consejeros del CoPIG