Cuando la autonomía municipal salvó a Mendoza

Mendoza tras aquel terremoto del 20 de marzo de 1861 quedó devastada. Paralizada. Sumergida en un caos. Y aunque los temblores habían castigado históricamente la provincia, aquella “ciudad de barro” que tenía 300 años desde la llegada del español (1561) quedó convertida en una montaña de adobes en solo unos segundos.

Después de dicho terremoto de 1861, Mendoza debió ser reconstruida en su totalidad. Había que empezar de nuevo. Para peor, la catástrofe encontró a la provincia envuelta en medio de la profunda crisis institucional que vivía el país. Eran los tiempos convulsionado de puja entre la Confederación y Buenos Aires, zanjados en la Batalla de Pavón durante setiembre de 1861 con el triunfo de Mitre. El país había sancionado una constitución en 1853, pero distintos intereses hicieron que no todos la aceptaran en ese momento. En tanto, paralelamente, Mendoza se había convertido en la primera provincia argentina en sancionar su propia constitución un año después (1854) de la Carta Magna nacional.

Pero volviendo a la catástrofe de 1861, recordemos que el terremoto destruyó la capital provincial causando la muerte de 4.247 personas y cerca de 1.000 heridos, entre una población capitalina estimada de 10.000 vecinos. Con estas cifras y daños, se consideró al terremoto mendocino como una de las calamidades más desastrosas de ese siglo en todo el mundo.

Un objetivo: las escuelas de pie

Había que establecer prioridades y optimizar los recursos. ¿Por dónde empezar? A los diferentes proyectos sobre dónde llevar adelante el trazado del nuevo centro urbano, se sumó el latente y lógico problema político y sanitario. La antigua ciudad enclavada históricamente desde tiempos hispánicos entre el canal Tajamar (por calle San Martín) y el Zanjón (canal cacique Guaymallén) quedó enterrada para siempre.

El sistema educativo provincial no funcionó durante dos años. Es decir, durante 1861 y 1862, no se dictó instrucción pública oficial en casi toda la provincia, aunque muchas escuelas municipales siguieron con su tarea habitual.

Las pocas escuelas que existían en el “Gran Mendoza” se cayeron prácticamente todas, y las escasas que se mantuvieron en pie fueron utilizadas como circunstanciales hospedajes u hospitales de campaña. Pero nada de eso hizo que después de la lógica zozobra del primer momento comenzaran las actividades de la mano de voluntarios maestros en lugares seguros. Desde setiembre de 1861 hay registro de actividades educativas en plazas, casas de familias, a la vera del río Mendoza o abajo de algún árbol.

La Constitución Provincial de 1854

La Constitución de Mendoza de 1854 fue la primera Carta Magna de la provincia. Se sancionó el 17 de noviembre de 1854 y fue promulgada el 14 de diciembre del mismo año. Contaba con 71 artículos distribuidos en 10 capítulos. Su creación respondió a la necesidad de organizar las instituciones provinciales y locales tras la sanción de la Constitución Nacional de 1853 y se basó, siguiendo el proyecto de Juan B. Alberdi, en las “Bases de Derecho Público Provincial”.

El derecho público provincial en Argentina regulará la organización, competencias y autonomía de las provincias dentro del sistema federal. Se basa históricamente en la Constitución Nacional (art. 5 y 121-125), garantizando la forma republicana, la división de poderes, el régimen municipal y la supremacía de la constitución local.

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Visión estratégica

Un hecho institucional y político ayudó en la dura circunstancia tras el terremoto, pues Mendoza ya había sancionado su constitución provincial, y dicha carta suprema estableció algo novedoso sobre las autonomías municipales. En el “Capítulo Séptimo: Sobre el Poder Municipal / Administración Departamental” sobre su Artículo 55, Inciso Nº 3 al Nº 6, se dispuso que las escuelas primarias de Mendoza estuvieran en dependencia directa de los municipios y estableció que la administración de los fondos de la instrucción pública correría por cuenta de cada municipalidad. La circunstancia hizo que muchas escuelas departamentales se mantuvieran abiertas al haber sido menos traumático el sismo en el interior provincial que en el centro capitalino y en función a la potestad constitucional que tenía el municipio de ejercer la tutoría sobre las escuelas locales.

Mientras tanto la administración central priorizó un plan de reordenamiento territorial provincial, para el cual, el desarrollo urbano contemplaba la aprobación de la creación de escuelas en la provincia y el direccionamiento de fondos recibidos prioritariamente a la educación.

En paralelo, y superando complejos momentos políticos y sociales, el nuevo gobernador Carlos González Pinto (1863 – 1865) recibió una partida de $11.500 de la Comisión Filantrópica de Buenos Aires que destinó totalmente a la construcción de 23 escuelas. También la provincia de Entre Ríos aportó $12.000, más otras ayudas recibidas de distintas provincias y de países como Chile y Perú. Hasta la propia Merceditas de San Martín desde Francia, organizó una colecta que recaudó 11.000 francos entre residentes europeos que fueron enviados directamente a Mendoza y distribuidos proporcionalmente entre las municipalidades.

Por ende, las escuelas se multiplicarán, llegando a la apertura de 34 nuevas escuelas oficiales y 6 particulares en todo Mendoza durante 1865, producto de la acción sinérgica entre nación, provincia, municipios y emprendedores benefactores. Habían pasado solo 4 años del fatídico terremoto.

Sistema educativo modelo

El profesor Benjamín Lenoir, cuñado de Domingo Faustino Sarmiento, fue nombrado por el gobernador González Pinto al frente de dicho emprendimiento como “Inspector de las Escuelas Fiscales”, llegando a contar el sistema educativo por ese año (1865) con 1.784 alumnos matriculados en las “oficiales” y 547 en las “particulares”.

La importancia del tema educativo posterior al trauma del terremoto se siguió manifestando: el gobernador Nicolás Villanueva (1867 – 1870), para ejercer un mejor control y supervisión sobre los establecimientos educativos creó en 1867 el “Departamento General de Escuela”; y en 1872, su primo Arístides Villanueva, también gobernador, impulsó la “Superintendencia General de Escuelas”, nombrando como primer secretario a Daniel Videla Correas.

Se constituyeron las “Comisiones Escolares de Distrito”, conformados por dos miembros titulares y un suplente en cada departamento, amparado en la posibilidad que brindaba el soporte constitucional desde 1854, donde había un monitoreo provincial en los temas pedagógicos y la certificación de la calidad de los “preceptores” (maestros) que debían ser matriculados para estar al frente de las aulas, pero con un directo protagonismo municipal al disponer estos la creación de establecimientos nuevos proyectando desde la esfera municipal: ubicación, edificación y presupuesto.

Inversión educativa y valor agregado

Momento histórico vivía la provincia, donde una clara política de estado municipal era invertir en educación, pues el inmediato crecimiento poblacional y productivo de Mendoza de esos tiempos, ofrecía una ventaja comparativa ante la ola migratoria que llegaba buscando un lugar de radicación productivo, y que además contará con escuelas.

Un ejemplo puntual será, según el primer Censo Nacional de 1869, que Mendoza tenía 65.413 habitantes y tras el tercer CN de 1914: 227.515 habitantes, lo que demuestra que la población se multiplicó por cerca de cuatro veces. Mientras las bodegas en Mendoza pasaron de ser 20 establecimientos vitícolas en 1880, a 400 bodegas en 1895, y 1.500 bodegas en 1910. En tanto, la superficie de viñedos plantados pasó de 3.175 hectáreas en 1880 a 12.000 ha. plantadas en 1895, llegando a 40.000 ha. plantadas en 1910. Pero ni lo favorable en materia demográfica, ni en el crecimiento del terreno productivo se compara con el tema educativo: las escuelas aumentaron de 60 en 1850 a más de 350 colegios según el Censo 1914. Y de aquellos 2.331 alumnos escolarizados de 1865, pasamos a 22.839 estudiantes en el sector oficial y 2.109 en el privado. Total: 30.008 alumnos escolarizado en Mendoza según el III Censo Nacional de 1914, lo que muestra un aumentó de 13 veces en la matrícula escolar mendocina.

Además, la constitución provincial en su Capitulo X “Apéndice – Derecho Público Local” – Artículo Nº 68, sostenía que todos los extranjeros gozarán de todos los derechos civiles vigentes (conservar su nacionalidad, libertad de culto, derecho a la educación y a poder generar cualquier tipo de emprendimiento comercial – empresarial). Si le agregamos a eso, la llegada del ferrocarril a la Ciudad de Mendoza en 1885, se podrá entender las circunstancias y causas del geométrico crecimiento demográfico y productivo, como la multiplicación equilibrada de escuelas en toda la provincia, demostrando que la inversión municipal en educación, rindió favorablemente sus frutos, beneficiando a los municipios que desembolsaron fondos para construir escuelas y contratar maestros, pues fueron los que contaron con mayor capacidad de captar colectividades de inmigrantes y nuevos vecinos.

La Ley Orgánica de Enseñanza Primaria

En consonancia con esa visión estratégica de estado se dictó la Ley Orgánica de Enseñanza Primaria, ya contemplada y requerida por la Constitución de 1854, que estableció la obligatoriedad para los varones entre 7 y 12 años y para las niñas entre 6 y 13 años, antes aún, que la vanguardista Ley de Educación N° 1420. Pero lo realmente novedoso y revolucionario, fue la liberación del servicio militar para quienes desearán proseguir estudios superiores y el pedido expreso a que las familias se involucrarán con la ayuda al sistema educativo local, teniendo el deber obligatorio de mandar sus hijos a la escuela (Capitulo VII – Art. 55 – Inciso 6).

Las buenas cepas mendocinas

Tengamos en cuenta además que esa “generación” de pibes que nacieron en la crisis del terremoto, a los años fueron los dirigentes que pusieron a Mendoza no solo de pie, la llevaron a un pedestal. La “obligación” ante la tempestad fue ir a la escuela. Por ese 1861, el año de la catástrofe: Emilio Civit tenía 5 años, José Néstor Lencinas tenía 2 años, Olaya Pescara Maure 5, Rufino Ortega (h) 11, Manuel Bermejo 10, los mellizos Jacinto y Agustín Álvarez tenían 4, Julián Barraquero 5, Julio Leónidas Aguirre solo 2, Abel Biritos 11, Conrado Céspedes 2, Francisco Álvarez tenía 7, María Mercedes Day tenía 2 años (será la mamá de Frank Romero Day), Isaac Godoy 10, Adolfo Calle tenía 7, Pedro Julián Ortiz 5. Quien fuera un distinguido médico: Adolfo Puebla tenía 9, Silvano Rodríguez (futuro gran intendente de la Capital) había nacido hacía unos meses, Francisco Borja Ozamis tenía 6, Juan Eugenio Serú 11, Rosa González (la futura esposa de Roque Sáenz Peña) tenía 10, Guillermo Villanueva 11, Francisco Julio Moyano nació a días del terremoto y José Vicente Zapata recién cumplía 10 años en ese marzo de 1861.

La generación puente

Esa generación de los niños del terremoto renació desde los escombros. Se repusieron ante el empuje de los familiares que habían quedado vivos, quienes confiaron en la educación para poder construir (culturalmente) una Mendoza nueva.

Esos niños de 1861 serán los artífices de la nueva provincia a finales del XIX. Los futuros gobernadores, intendentes, legisladores, jueces, artistas, intelectuales, docentes y científicos que construyeron la Mendoza pujante de finales del siglo XIX y principios del XX.

El tiempo adulto de los antes nombrados, los encontrará “sumando” juntos a los recién llegados: los franceses Apatye, Giraud Billoud, Gei, Lacoste, Laur, Clement, Bombal y Sillon. Al vasco Goyenechea llegado a Mendoza en 1868; al noruego Pedro Christophersen en 1871; a los italianos Tuzzi, Scatolon, Costarelli, Pedratti, Pravatta, Coletto. Desde 1880: al peruano Luis Lagomaggiore; Gargantini y Arizu arribados a Mendoza en 1883; Toso, Rutini y Vicchi en 1884; Escorihuela, Izuel y Tomba en 1885; López Rivas en 1886; Giol y Aarón Pavlovsky en 1887, Filippini y Gabrielli en 1888, Gargiulo, César Cipolleti y Flichman en 1889; López de Gomara y la maestra norteamericana Mary Morse en 1890; Tirasso en 1891; Guiñazú en 1892; Furlotti y Calise en 1893; Norton y Carlos Thays en 1895; Carlos Fader, Mario Casale y Teodoro Schestakow en 1896; Titarelli en 1899; Catena en 1901; Roig Matons en 1907, solo por nombrar algunos, más cientos de sirios, libaneses, polacos y ucranianos que llegarán después.

Voluntad política y autonomía

Fue la convicción de aquellos “niños del terremoto”, que se conjugó con los llegados inmigrantes, más las tradicionales familias criollas e indias de Mendoza (con siglos de arraigo en la provincia) las que compusieron el buen ejemplo de superación. La voluntad política de aquellos 25 convencionales constituyentes de 1854 que representaron a los departamentos de aquel momento: Capital, San Miguel (Las Heras), San Vicente (Godoy Cruz), San Martín (gran parte de todo el este provincial), La Paz y San Carlos (todo el sur), presididos por Agustín Delgado y bajo la gobernación provincial de Pedro Pascual Segura, más la estratégica y visionaria inversión municipal en educación, fue sustancial para posicionar Mendoza en el contexto nacional e internacional (por ejemplo: tren trasandino en 1910; hoteles de alta montaña visitado por la aristocracia europea; bodegas mendocinas ganando premios vitivinícolas en Burdeos desde 1895; Mendoza como polo aeronáutico internacional; músicos y pintores de Mendoza requeridos por los grandes escenarios del mundo; etc. ).

En gran medida, el fruto de esa autonomía brindada por la Constitución del ‘54, les dio a los departamentos resultados altamente positivos, otorgando un valor agregado comparativo relevante, determinando beneficios visibles que invitaban a los miles de recién llegados y emprendedores, junto a los mendocinos de histórica cuna, a radicarse en esas zonas que ofrecían más y mejores servicios (escuelas, por ejemplo), favoreciendo el futuro para sus hijos y sus empresas, siendo las escuelas el eje central y autónomo del desarrollo productivo y cultural del distrito departamental (clubes, iglesias, bibliotecas, comercios, barrios, centros sanitarios, estaciones de combustible, estafetas de correos, paradas de transporte, etc.).