Colegios privados: polémica ley desató una guerra judicial por los aportes
El gobierno bonaerense busca retener aportes de 55.000 empleados de colegios privadas y Capital Humano recurrió a la Corte Suprema.
La ley impulsada por el Gobierno provincial desató una guerra judicial por los aportes previsionales de los empleados de colegios privados.
Una polémica reforma previsional incluida en la Ley de Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires desató una guerra total entre el gobierno de Axel Kicillof, los colegios privados bonaerenses y el Gobierno nacional. El conflicto escaló hasta los tribunales por el intento del Ejecutivo provincial de absorber para el IPS los aportes jubilatorios de miles de trabajadores privados.
La ley de Kicillof busca absorber aportes previsionales de la ANSES
La disputa se originó a partir del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026. Esta normativa dispone que los docentes extraprogramáticos —quienes dictan talleres o materias fuera de la currícula obligatoria— y todo el personal no docente de los colegios privados dejen de aportar a la ANSES y pasen obligatoriamente al Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense.
La medida, según estimaciones del sector de la educación de gestión privada de la provincia de Buenos Aires, impacta de lleno en un universo de entre 50.000 y 55.000 trabajadores auxiliares, administrativos y docentes especiales.
La decisión del gobierno bonaerense encendió las alarmas de los propietarios de los establecimientos educativos, quienes denuncian que el cambio se impuso de manera unilateral, "sin una instancia previa suficiente de diálogo y sin brindar un marco normativo, administrativo y operativo claro".
Una jugada que golpea los bolsillos y aumenta el costo laboral
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) salió rápidamente al cruce de la normativa y acudió a la Justicia para frenar el traspaso. La entidad que nuclea a las escuelas de gestión privada advierte sobre un impacto económico directo en dos frentes sensibles: el costo laboral de los establecimientos educativos y el salario neto de los propios empleados.
Por un lado, el cambio previsional podría anular el régimen nacional diferencial de contribuciones patronales del que gozan los colegios privados adscritos a la enseñanza oficial, lo que encarecería las planillas de los establecimientos. Por el otro, "el aporte personal al régimen provincial resulta superior al previsto en el sistema nacional", lo que se traduciría en una reducción inmediata del dinero que el trabajador se lleva al bolsillo a fin de mes.
El peligro del "limbo" jubilatorio para miles de empleados
Más allá del impacto financiero inmediato, la mayor preocupación radica en la desprotección previsional a largo plazo. Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, advirtió sobre las graves inconsistencias de la medida: “El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones".
"Las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que las libere expresamente de aportar al régimen administrado por ANSES”, explicó Zurita.
Muchos de los 55.000 afectados tienen extensas trayectorias laborales bajo la órbita nacional. Si pasan a aportar al IPS, corren el riesgo de no reunir los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación provincial. El absurdo sistema provocaría que terminen jubilándose por la ANSES, mientras que el gobierno bonaerense se quedó con sus fondos durante años. Además, los colegios temen quedar atrapados en un fuego cruzado de deudas si la ANSES o la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) les reclaman los fondos no ingresados.
Capital Humano interviene y la Corte Suprema define la disputa
El conflicto local tomó dimensiones de crisis federal cuando el Gobierno nacional decidió intervenir de forma directa. A través del Ministerio de Capital Humano, la administración central promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la Provincia de Buenos Aires (expediente CSJ 001481/2026-00), solicitando una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de la ley bonaerense.
Para los colegios privados, esta demanda del Estado nacional representa un respaldo fundamental. Confirma que la discusión no se agota en un trámite administrativo platense, sino que vulnera la supremacía de las leyes federales. Paralelamente, AIEPA recurrió a la Suprema Corte bonaerense exigiendo frenar el traspaso y solicitó a la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) que no se les exija la carga de este personal hasta que no haya un panorama claro.
“La aplicación inmediata del régimen provincial puede colocar a las instituciones educativas en una situación de grave incertidumbre jurídica, con riesgo de superposición de obligaciones, mayores costos laborales, eventuales reclamos de organismos nacionales y perjuicios para el personal alcanzado”, alertaron desde el sector privado. La pulseada por los recursos previsionales ya está en manos del máximo tribunal, mientras las escuelas exigen reglas claras para no quedar atrapadas en la voracidad fiscal de la provincia.