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Cárceles o escuelas: ¿qué futuro estamos financiando?

Mientras se discute castigos y cárceles, la inclusión queda fuera de agenda. ¿Por qué el Estado llega primero para condenar y no para contener?


Mientras el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad acapara titulares, la inclusión real de los niños pobres sigue siendo la gran ausente de la agenda política. ¿Son las cárceles la única respuesta del Estado ante el abandono?

  • ¿Cuánto vale la infancia de un chico que nace en la exclusión absoluta?
  • ¿Por qué el Estado llega siempre rápido para juzgar y condenar, pero sistemáticamente tarde para educar y contener?
  • ¿Somos una sociedad que busca justicia, o simplemente una que intenta "limpiar" las calles de los resultados de su propia indiferencia?

Estas preguntas incómodas son necesarias para desarmar el actual debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. La discusión pública parece obsesionada con el castigo, ignorando deliberadamente el abordaje social integral. Se habla mucho —y es correcto que así sea— de la inclusión de alumnos con discapacidad. Pero, ¿qué pasa con la inclusión de los alumnos en situación de pobreza extrema?

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¿Cuánto vale la infancia de un chico que nace en la exclusión absoluta?

Existe un silencio cómplice. Tanto funcionarios del Poder Ejecutivo como legisladores, a nivel nacional y provincial, repiten como una excusa administrativa para justificar una tragedia humana: "No hay presupuesto". La ecuación es brutal: pobre y discapacitado, es doblemente pobre. Pobre y marginado por la droga, es doblemente condenado.

La cronología del desamparo

Para entender que la baja de la imputabilidad es un parche y no una solución, basta con escuchar a quienes llenan los penales. Recuerdo la historia de una joven de 20 años, presa por robo en poblada, con quien conversé hace un tiempo. Su relato no empezaba con el delito, sino mucho antes. Había vivido siempre en la calle. Sus casas fueron vagones de trenes y autos abandonados. Pasó por hogares estatales que no la contuvieron, terminó detenida, fue llevada ilegalmente a Europa, prostituida y deportada. Hoy cumple una larga condena. Pero la pregunta que nos debe interpelar es: ¿Quién se preguntó por los derechos de esa niña cuando dormía a la intemperie? ¿Dónde estaban los defensores de la ley cuando era víctima de trata?

Al recorrer centros de menores, la historia se repite en bucle: abandono, abuso, maltrato y explotación. El sistema penal parece haberse convertido en el depósito de los indigentes y desprotegidos; aquellos que no tienen buenos abogados que, mediante artilugios técnicos, consiguen la libertad. La cárcel, en Argentina, está llena de pobres, no solo de culpables.

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El sistema penal parece haberse convertido en el depósito de los indigentes y desprotegidos.

Las tres "C": una respuesta superadora

La inclusión de niñas, niños y adolescentes en riesgo social no es hoy prioridad de ninguna política estatal de fondo. La única respuesta rápida que ofrece la política es bajar la edad para meterlos presos antes. Es la admisión del fracaso del sistema educativo y social. Si realmente queremos seguridad, tenemos que pensar en redes de contención que doten de sentido la vida de estos jóvenes, Desde chicos en las escuelas. No hay que inventar nada nuevo, hay que mirar lo que funciona. El modelo de las tres “C” de la pastoral de las Villas —Colegio, Club y Capilla— aborda al ser humano en su totalidad: lo educativo, lo físico-social y lo espiritual.

¿Son las cárceles la única respuesta del Estado ante el abandono?

Estas redes salvan vidas. Alejan a los chicos de la esquina, los preservan de las adicciones y evitan el delito que estas conllevan. ¿Queremos menos delincuencia? Entonces necesitamos más inversión en estas redes y menos demagogia punitiva. La pregunta final no es a qué edad se puede juzgar a un niño, sino hasta cuándo vamos a permitir que la única institución pública que les abra las puertas sea la cárcel. Hagamos una ley de educación inclusiva para la pobreza, donde a los más desfavorecidos se los dote de todo lo necesario para prevenir las adicciones y el delito, y se los eduquen para el futuro compensando las desigualdades de origen.

En Argentina no hubo ni hay un solo proyecto de ley en esta línea.

* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.