Declaran la quiebra de Márquez & Asociados y avanza la causa por estafas

El Juzgado Civil y Comercial de 52° Nominación de Córdoba decretó este viernes la quiebra de la constructora Márquez & Asociados, firma que se encuentra bajo investigación penal por múltiples denuncias de estafas inmobiliarias.

La decisión fue tomada por el juez Sergio Ruiz, quien calificó el proceso como una “quiebra pedida compleja” y adoptó varias medidas cautelares.

Entre las disposiciones, se ordenó la inhibición general de bienes, la apertura del proceso de verificación de créditos y la intimación a terceros que posean bienes de la empresa para que los entreguen a la sindicatura. También se prohibió expresamente realizar pagos directamente a la firma: todo movimiento deberá canalizarse mediante una cuenta judicial del Banco de Córdoba.

La resolución judicial llega a un mes de la detención de los hermanos Juan Pablo, Ariel y Matías Márquez, junto al contador Ramiro Nieva. Los cuatro están imputados por asociación ilícita y estafas reiteradas, en una causa que ya acumula más de un centenar de denuncias por presunta comercialización fraudulenta de viviendas que nunca se entregaron.

El pedido de quiebra fue impulsado por un profesional que reclamaba honorarios impagos y créditos vencidos. A partir de ahora, los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación de manera digital hasta el 11 de noviembre de 2025, conforme al protocolo judicial vigente para concursos y quiebras. El próximo martes 13 se sorteará la sindicatura, y en los días siguientes se darán a conocer los datos del síndico designado.

Durante la jornada, un grupo de damnificados de Márquez & Asociados se manifestó frente a Tribunales 2 con carteles y pancartas exigiendo justicia y respuestas. La escena, cada vez más frecuente en el contexto de esta megacausa, refleja la magnitud del daño económico y emocional que denuncian haber sufrido decenas de familias.

Con la quiebra declarada, el camino judicial se bifurca: por un lado, el fuero civil buscará ordenar el reparto de lo que quede del patrimonio de la firma; por otro, el fuero penal avanza con la investigación sobre los responsables de un esquema que, según la fiscalía, operó bajo una lógica sistemática de estafas.