Cómo sigue la causa contra la mujer que recibió 510 millones de pesos por error
Un grave error en el sistema de pagos gubernamental de San Luis provocó un escándalo sin precedentes en Villa Mercedes. La protagonista del caso aguardaba recibir ocho mil pesos en concepto de cuota alimentaria cuando descubrió que su cuenta bancaria registraba un saldo de más de 510 millones de pesos. El monto específico transferido por equivocación desde las arcas provinciales ascendía a $510.236.811, una cifra que cambió completamente el destino de la mujer.
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La reacción fue inmediata y contundente. En pocas horas, la beneficiaria accidental realizó 66 operaciones diferentes. Su lista de compras incluyó un automóvil, electrodomésticos varios como heladera, televisores, microondas y freidora, además de cerámicos para su vivienda que carecía de pisos adecuados. También distribuyó importantes sumas entre familiares, enviando quinientos mil pesos por cada transferencia realizada, lo que explica la elevada cantidad de movimientos registrados por el sistema.
Mirá el testimonio de la mujer:
El tesorero municipal detectó rápidamente la irregularidad y activó el protocolo correspondiente. La denuncia judicial se presentó de inmediato, mientras que las autoridades lograron congelar las cuentas involucradas. Los operativos de allanamiento y secuestro de bienes se ejecutaron posteriormente para recuperar tanto el dinero como los productos adquiridos con los fondos públicos mal transferidos.
La fiscal Daniela Torres imputó a la mujer por apropiarse indebidamente de dinero estatal. Su investigación derivó en la imputación de seis personas: la destinataria original y cinco allegados identificados como Nicolás Gil, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil y Milagros Gil. Los cargos incluyen defraudación al Estado y retención indebida, aprovechando que las operaciones electrónicas permitieron rastrear efectivamente el destino de los fondos.
La jueza Antonela Panero, del Juzgado de Garantías Nº 3, estableció una caución de treinta millones de pesos para cada imputado. El plazo para cumplir con esta medida es de tres días hábiles, caso contrario enfrentarán prisión preventiva. Las autoridades recuperaron más del noventa por ciento del dinero, entre devoluciones voluntarias y bloqueos en plataformas digitales, aunque calculan que aproximadamente 44 millones fueron efectivamente gastados en las primeras horas tras el error.
La defensa, liderada por Hernán Echevarría, califica la caución como desproporcionada para personas de escasos recursos y sin antecedentes. El abogado argumenta que sus defendidos no conforman una organización criminal, sino que se vieron beneficiados por una falla estatal. La protagonista del caso admitió haber realizado las compras por necesidad, sosteniendo que inicialmente desconocía el origen del dinero y creía que se trataba de quinientos mil pesos. La Justicia deberá determinar si actuaron con pleno conocimiento de la irregularidad.