El drama de los argentinos varados en Italia de forma ilegal, tras la reforma al acceso a la ciudadanía

Este martes, la Cámara de Diputados de Italia aprobó el decreto-ley 36/2025 que reforma el procedimiento de reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia, afectando a miles de argentinos que viajaron para iniciar el trámite con el deseo de obtener la doble nacionalidad.

La polémica medida fue impulsada por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y fue adoptada durante la reunión del Consejo de ministros el pasado 27 de marzo. Desde su emisión, el decreto se encuentra en vigencia de forma previsional y pasó al tratamiento parlamentario, siendo aprobado por el Senado el jueves 15 y por la Cámara de Diputados este martes 20 de mayo.

La normativa, conocida como “Decreto Tajani”, introduce cambios sustanciales al sistema vigente. A partir del 29 de marzo, solo pueden iniciar el trámite aquellas personas que tengan al menos un padre o un abuelo nacidos en Italia. Esto representa una modificación directa al criterio anterior, que permitía a los descendientes de cualquier generación acceder al reconocimiento de ciudadanía italiana iure sanguinis, siempre que pudieran demostrar el vínculo mediante la documentación correspondiente.

Ahora bien, cientos de argentinos viajaron antes o durante el dictamen del nuevo decreto-ley, viéndose totalmente afectados por la reforma y esperando una clara respuesta del Estado para revisar su situación. Muchos vendieron todo lo que tenían en Argentina con el deseo de comenzar el trámite de reconocimiento de la ciudadanía italiana. Sin embargo, ahora, al no ser hijos o nietos de italianos nacidos en Italia, las comunas no quieren recibir las carpetas con la documentación que tenían preparadas.

En ese contexto, la traductora oficial Filomena Silvestri denunció la situación en diálogo con MDZ, con el deseo de visibilizar la situación de los cientos de argentinos que están varados en alguna comuna italiana y no saben qué hacer ante el vacío legal.

¿Qué pasó con los argentinos que viajaron a Italia y no pudieron iniciar el trámite antes del nuevo decreto-ley?

Silvestri, oriunda de la región italiana de Basilicata, trabaja en la traducción y acompañamiento de trámites de ciudadanía, y asegura que ayuda a los argentinos que emigran a Italia “para que puedan quedarse de forma legal”. “Ellos vinieron sabiendo que iban a poder legalizar los papeles, que iban a poder ser ciudadanos italianos. Y se encontraron acá desamparados y olvidados por el Estado”, denuncia la mujer que vivió en Argentina 8 años.

En ese contexto, Silvestri se encarga de mediar entre los afectados, las comunas y los abogados, con la intención de colaborar y darles una respuesta a aquellos que dejaron todo en su país para residir en Italia para conseguir el reconocimiento de la ciudadanía. “No soy una abogada, soy una traductora hablando con el común y con la questura para ver qué hacer con esta gente porque esta gente vino para quedarse de forma legal. No vino a delinquir, ni a pedir subsidio o a pedir un asilo político; vino a ejercer el derecho que tienen de nacimiento de ser reconocidos como italianos”, ratificó.

“Ahora estamos en un vacío legal porque el decreto establece que, en este momento, pueden acceder al reconocimiento de la ciudadanía italiana solo aquellos que son hijos de un nacido en Italia o nietos de un nacido en Italia. Pero, en este momento hay gente acá que es bisnieta o tataranieta y no sabe qué hacer porque la comuna no acepta la práctica”, alertó Silvestri a este medio.

Enseguida, la mujer mencionó el caso de sus clientes que viajaron con el fin de “hacer la primera instancia, que es la de tener una residencia” (permesso di soggiorno), y, sin embargo, actualmente no les están aceptando la documentación para pedir el reconocimiento de la ciudadanía italiana. Como si fuera poco, depende de cada comuna el motivo por el que no se aceptan los papeles.

“Tengo otros clientes a los que la comuna les ha ido pateando el turno, que no son ni siquiera residentes. Y acordémonos que un argentino, como la mayoría de los sudamericanos, tienen 90 días de visa de turista. O sea que en 90 días deben legalizar su propia situación, fijar la residencia, pedir a través del procedimiento administrativo el reconocimiento de la ciudadanía italiana, pedir una cita en la questura (comisaría) para un visado que se llama Permesso di Soggiorno en espera de la ciudadanía”, manifestó la traductora.

“Las comunas nos están empujando a hacer cosas mal hechas e ilegales”, aseguró Silvestri y mencionó otro caso alarmante: “Yo estoy con una familia varada que no pudo ni fijar residencia ni nada, desde el 12 de febrero, y la comuna lo único que me supo decir es que debía pedir la cita a la questura”. Tras esa respuesta, la mujer pidió la cita requerida, recibiendo un turno para, recién, el mes de septiembre. “Me dieron un turno para septiembre, y yo no sé en septiembre qué documento tengo que llevar a la questura para que a esta familia con tres niños que yo ya he escolarizado en la escuela le den una visa para estar acá. Tendremos que ver ahora lo que pasa”, señaló con preocupación.

Como si fuera poco, en algunas comunas se acostumbra a dar un turno “de palabra”, es decir, sin ningún comprobante o papel que constate la cita acordada en una charla. Esto le sucedió a Silvestri al solicitar un turno para que una familia comenzara el trámite. “Yo tengo un turno que me dieron para la familia varada el 26 de marzo. Me dijeron: ‘Venite el 29 de abril’. Yo fui el 29 de abril y no me aceptaron ni la residencia ni el reconocimiento de ciudadanía. Ahora, ¿cómo le demuestro al Estado que yo tenía un turno si fue un turno verbal? No tengo ninguna prueba escrita. Acá hay un vacío legal que tienen que solucionar”, agregó.

Asimismo, la profesional enfatizó que faltan establecerse algunos puntos para darles una respuesta a los afectados por la repentina normativa. “Hay gente que llegó el 1 de abril, cuando el decreto ya había sido emitido, pero tenían el pasaje comprado, quizás, hace 6 meses. Hay cosas que se tienen que establecer por toda la gente que está en el territorio y está al borde de quedarse ilegal o ya se quedó ilegal porque los 90 días de turismo se les acabaron”, sostuvo.