Se podrá saber si los profesionales de la salud tienen matrícula inhabilitada
A partir de un convenio firmado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia de la Nación, los argentinos podrán acceder a información actualizada sobre inhabilitaciones en la matrícula de profesionales de la salud en todo el país.
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La medida apunta a reforzar la transparencia y, sobre todo, a proteger a los pacientes frente a eventuales prácticas médicas indebidas. El acuerdo, rubricado por los ministros Mario Lugones (Salud) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), establece una articulación institucional que permite que las resoluciones judiciales vinculadas con la inhabilitación de matrículas profesionales lleguen en tiempo real al sistema sanitario, evitando así que médicos, psicólogos u otros profesionales ejerzan pese a estar legalmente inhabilitados.
“Estamos creando una herramienta que debió haber estado disponible desde siempre. Algo tan básico como que cualquier persona pueda consultar si un profesional tiene su matrícula habilitada para ejercer”, aseguró Lugones. El ministro subrayó que este avance “fortalece la seguridad del paciente y promueve una verdadera equidad en el acceso a la información”.
Por su parte, Cúneo Libarona destacó que “gracias a esta integración entre el Registro Nacional de Reincidencia y la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS), las inhabilitaciones judiciales dejarán de pasar desapercibidas en el ámbito sanitario”.
Hasta hoy, un profesional podía estar impedido de ejercer por orden de la justicia y aun así figurar como habilitado en los registros oficiales. “Esa desconexión ponía en riesgo a los ciudadanos. A partir de este convenio, eso se terminó”, sostuvo el titular de la cartera judicial.

El acuerdo también establece que el Registro Nacional de Reincidencia solo remitirá la información relacionada con sentencias judiciales que impliquen la inhabilitación del ejercicio profesional. No se compartirán antecedentes penales ajenos a este tipo de medidas.
Este nuevo protocolo de comunicación entre ambos organismos permitirá mantener actualizada la REFEPS, una base de datos que integra los registros de matrículas de todas las jurisdicciones del país. La herramienta estará disponible para su consulta pública y será clave para que pacientes, instituciones y organismos de control puedan acceder a información confiable sobre la habilitación profesional.
El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años y se renovará automáticamente, salvo que una de las partes decida cancelarlo con una notificación previa de 60 días.
En palabras de ambos ministros, esta iniciativa busca cerrar una brecha histórica entre el sistema judicial y el sanitario, acelerando la circulación de información vital para el cuidado de la salud de toda la población.
