El caso Kim Gómez: un grito desgarrador que clama justicia, pero también respuestas

El reciente caso de Kim Gómez ha sacudido nuestras conciencias, exponiendo una vez más la urgente necesidad de abordar la problemática de la delincuencia juvenil en Argentina. La brutalidad del hecho, que involucra a un menor de edad, ha generado indignación y un comprensible clamor por justicia. Sin embargo, reducir este caso a una mera cuestión punitiva sería un error que nos alejaría de una solución real y duradera.

Kim Gómez se suma a una triste lista de nombres y tragedias que nos interpelan como sociedad. Recordamos con dolor el caso de Morena Dominguez de 11 años, que muere camino al hospital luego del robo de su celular, camino a la escuela en Lanus en 2023. O el de Brian Aguinaco, asesinado por motochorros menores de edad, o el de tantos otros jóvenes víctimas y victimarios de un sistema que parece incapaz de contener y reinsertar a quienes delinquen. Estos casos, lejos de ser aislados, son la punta del iceberg de una realidad compleja que exige una respuesta integral y urgente.

Es innegable que la impunidad no es una opción

La sociedad exige justicia para las víctimas y espera que quienes cometen delitos respondan por sus actos. En este sentido, la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad y la implementación de un Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil (RRPJ) es impostergable. No podemos seguir permitiendo que menores que comprenden la criminalidad de sus actos queden exentos de consecuencias. Sin embargo, la solución no pasa únicamente por endurecer las penas y bajar la edad de imputabilidad. Es fundamental entender que la mayoría de los jóvenes que delinquen provienen de contextos de vulnerabilidad social, familiar y educativa. Son jóvenes que han crecido en la marginalidad, la violencia y la falta de oportunidades. Castigar sin ofrecer alternativas de reinserción es condenarlos a un futuro de delincuencia y exclusión.

Por lo tanto, el RRPJ que necesitamos debe ser un sistema que combine la justicia con la educación y la contención social. Debe contemplar:

• La baja de la edad de imputabilidad: estableciendo una edad razonable en la que los menores puedan ser responsabilizados por sus actos, teniendo en cuenta su madurez y capacidad de comprender las consecuencias de sus acciones.
• Sanciones proporcionales al delito cometido: garantizando que las penas sean justas y acordes a la gravedad del hecho, pero también que su aplicación pueda tener un carácter educativo y resocializador.
• Un sistema judicial especializado: con jueces, fiscales y defensores capacitados en el tratamiento de menores infractores. Un sistema que contemple programas de apoyo psicológico, capacitación laboral y acceso a la educación, para que estos jóvenes puedan romper el círculo de la delincuencia y convertirse en ciudadanos productivos construyendo un futuro lejos del delito.

No podemos seguir ignorando esta realidad

El futuro de nuestra sociedad depende de cómo abordemos este problema. Evidentemente el actual sistema Tutelar ha sido un fracaso y ha impedido avanzar hacia un Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil adecuado. Hace mas de 20 años que desde la Coalición Cívica impulsamos su creación, en el proyecto que volveremos a debatir  estas semanas  integramos la mirada punitiva pero también la socializadora; con escalas penales conforme la gravedad de los delitos y penas alternativas de prisión para los delitos menores.

El caso de Kim Gómez debe interpelarnos a los legisladores, no podemos seguir enredándonos en discusiones que no avanzan. Hay una niña y una familia que exigen Justicia, pero también Respuestas legales que permitan comenzar un camino distinto al que se transitó hasta ahora con los menores que infringen la ley. El caso de Kim Gomez debe ser un catalizador para un cambio profundo en nuestro sistema de justicia. Y que ese cambio nos permita construir una sociedad más justa, más segura y más solidaria. 

* Marcela Campagnoli. Diputada Nacional – Miembro de la Comisión de Legislación penal.