Jornadas infinitas y derechos invisibles, la realidad de algunos vigiladores
El pasado 27 de diciembre, un vigilador privado falleció mientras cumplía su turno y su familia denunció que haber trabajado más de 70 horas consecutivas. Este hecho puso sobre la mesa una problemática que muchas veces pasa desapercibida: las condiciones laborales de quienes, paradójicamente, tienen la responsabilidad de velar por nuestra seguridad.
En Mendoza, según Ariel Egdechman, titular de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra), existen aproximadamente 11.000 vigiladores habilitados. Sin embargo, esta cifra no refleja el número total de trabajadores, ya que una proporción significativa se desempeña en la informalidad, sin registro ni derechos garantizados. Esto genera una marcada diferencia entre quienes trabajan bajo el marco legal y aquellos que lo hacen en negro y que muchas veces sufren de explotación laboral.
Los vigiladores registrados cuentan con salarios regulados por acuerdos entre Upsra y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi). Este convenio establece aumentos salariales progresivos, adicionales por presentismo y viáticos. Por ejemplo, desde octubre de 2024, el salario básico se complementa con incentivos económicos que buscan garantizar una remuneración digna.
En contraste, quienes trabajan en negro enfrentan jornadas laborales extenuantes, sin viáticos, adicionales ni aportes jubilatorios. Además, muchas empresas no respetan las condiciones mínimas establecidas, exponiendo a los trabajadores a riesgos físicos y psicológicos graves.
La sobrecarga laboral es una de las principales problemáticas. La reciente tragedia ocurrida con el vigilador Alberto Carlos Garro es un caso extremo, pero no aislado. Ariel Egdechman alerta sobre las horas extraordinarias no remuneradas y la falta de descansos adecuados.
La informalidad también repercute en la calidad del servicio de seguridad ya que esta situación no solo afecta a los trabajadores, sino también a las empresas y a la sociedad en general, que confía en su profesionalismo para resguardar bienes y personas.
En septiembre de 2024, UPSRA y CAESI firmaron un acuerdo para combatir las prácticas desleales en el sector. Este incluye aumentos salariales y medidas contra la competencia desleal, como denunciar a empresas que ofrezcan precios bajos en licitaciones a expensas de las condiciones laborales. Sin embargo, el cumplimiento de estos compromisos sigue siendo un desafío.
La situación de los vigiladores privados en Mendoza refleja una problemática estructural. Es necesario un mayor control estatal para garantizar que las empresas cumplan con las normativas laborales y combatir la informalidad.